El día de ayer, el proyecto del oficialismo, que busca modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad, comenzó a ganar terreno, tras haber obtenido dictamen en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Algunos de los espacios y bloques que firmaron el proyecto, en cuestión, fueron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre e Innovacion Federal. Sin embargo, Coalición Cívica y Democracia para Siempre lo firmaron pero en disidencia y expusieron sus argumentos en el debate.
El proyecto, que necesitaba como mínimo 73 firmas, logró obtener 77 firmas en total, en medio de un debate cargado de tensiones sociales y políticas. Los bloques que se manifestaron en contra fueron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. De hecho, el kirchnerismo presentó su propio proyecto de ley al respecto, que no prevé la baja de la edad de imputabilidad en la modificación del Régimen Penal Juvenil. Victoria Tolosa Paz, Diputada por Unión por la Patria opinó al respecto y dijo que “nadie elige ser delincuente. Un pibe que sale de chumbo a los ocho años no elige ser delincuente. No fuimos capaces desde la política de poder brindarle un escenario diferente. Necesitamos más Estado para los pibes y pibas de Argentina, no cárceles. Cárceles para el narcotráfico, para los evasores, para los que violan y matan a nuestros pibes y pibas y a sus familias”.
Con las 77 firmas, el oficialismo y sus aliados lograron avanzar con el dictamen, para tratar el proyecto de ley que busca bajar la imputabilidad de 16 a 14 años, en un creciente contexto de delincuencia juvenil en el territorio argentino. El proyecto ya está listo para ser tratado en el recinto legislativo por la Cámara Baja en las próximas semanas. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos ya se han manifestado en contra del proyecto argumentando que el mismo criminaliza a la juventud y no propone soluciones para las causas estructurales de la violencia. El debate, en cuestión, no será solo en el recinto legislativo, ya que parece que ya ha sido trasladado a las calles, con una fuerte influencia social.
El Gobierno celebró el avance de esta iniciativa. De hecho, el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, declaró que “hoy, después de 314 días de haber presentado el proyecto de Ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”. No obstante, cabe resaltar que el dictamen alcanzado el día de ayer consta con severas modificaciones, respecto del redactado y presentado por el Poder Ejecutivo. Por lo que, en el debate llevado a cabo, los bloques y espacios políticos que apoyaron el dictamen hicieron especial hincapié en esta cuestión, buscando diferenciarse del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Los detalles del proyecto – ¿Qué establece?
El proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil, impulsado por el Poder Ejecutivo, a través de los Ministros de Seguridad (Patricia Bullrich) y de Defensa (Luis Petri), establece bajar la edad de imputabilidad a los 14 años de edad, como así también una pena máxima de 15 años junto con la creación de institutos especializados. En cuanto a la edad de imputabilidad, el primer proyecto que Bullrich y Petri habían enviado al Congreso buscaba establecer un piso de 13 años.
Sin embargo, el oficialismo debió modificarlo a los 14 años, en función de alcanzar un consenso con otros espacios políticos y asegurarse las firmas que le permitirían alcanzar un dictamen de mayoría frente al resto de los proyectos que había en debate en el plenario de las comisiones. De hecho, el dictamen se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional, el Diputado Ramiro Gutiérrez, los del PRO de Cristian Ritondo y Diego Santilli, de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza, de Juan Manuel López de la Coalición Cívica, de Carla Carrizo de Democracia para Siempre, y de Nancy Picón Martínez, entre otros.
La pena de 15 años se contempla solo para delitos graves, como lo son el homicidio, el secuestro, el abuso sexual, la tratra de personas y el tráfico de estupefacientes. Además, según explicaron los impulsores del proyecto, las penas privativas de la libertad no podrán aplicarse en casos de condenas menores a 10 años. Ello siempre y cuando, el menor de edad no haya cometido un delito grave, como los enunciados anteriormente. El proyecto establece que las penas privativas de la libertad podrán ser en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en su defecto, en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Sin embargo, el proyecto busca darle prioridad a las penas alternativas a la prisión, como lo son las tareas y servicios comunitarios, la amonestación, las medidas de reparación integral del daño, el monitoreo electrónico, la prohibición de acercamiento a la/s víctima/s y la prohibición de conducir vehículos. También se contemplan medidas complementarias a estas penas alternativas a la prisión, donde se incluye el asesoramiento interdisciplinario, la inclusión en programas educativos, la capacitación laboral y el tratamiento psicológico.
La legislación presentada propone un sistema de penas progresivo y prohíbe la prisión perpetua. De hecho, el Diputado de Formosa, Fernando Carbajal, de Democracia Para Siempre, lo explico detalladamente “cuando un joven que sea condenado de 0 a 3 años no habrá prisión efectiva; cuando la pena sea de 3 a 10, el juez debe evaluar una combinación de prisión efectiva y domiciliaria; y la prisión efectiva será para sentencias de 10 años”.
Además, el proyecto propone la creación de institutos especiales, donde los menores de edad comprendidos en el Régimen Penal Juvenil puedan ser alojados. El sistema que se propone contempla que los menores deben tener garantizado el derecho a la educación, el derecho a recibir atención médica y también al tratamiento correspondiente, en caso de sufrir algún tipo de adicción o consumo problemático de sustancias. En este sentido, se entiende que el personal de estos nuevos centros de detención e institutos especiales deberán estar capacitados y tener una especialización en infancia y adolescencia. Además, la norma prohíbe cualquier tipo de convivencia entre los menores de edad y los mayores detenidos.
Respecto a esta cuestión, la Coalición Cívica como Democracia Para Siempre, quienes firmaron en disidencia, solicitaron que incluyan las cláusulas necesarias para que ningún fiscal pida penas restrictivas de la libertad, si la Provincia o jurisdicción donde ocurrió el delito no cuenta con las instalaciones necesarias para poder alojar a los adolescentes de 14 a 18 años, en condiciones dignas.
Te puede interesar: El Ministerio de Seguridad asume el control del Registro Nacional de Datos Genéticos para la gestión de perfiles en investigaciones criminales
