Ricardo López Murphy, Diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recientemente presentó un nuevo proyecto de ley, que regula actos de reparación moral para las personas que hayan sido víctimas de las organizaciones armadas terroristas, en el período entre 1960 a 1989. El proyecto de ley, en cuestión, busca que las víctimas del terrorismo armado, del que fue testigo la Argentina, sobre todo durante la década de los ‘60 y ‘70, obtengan un beneficio extraordinario, como así también actos de reparación moral.
De hecho, el artículo 1º del proyecto lo explica detalladamente. “Tendrán derecho a percibir, por única vez, un beneficio patrimonial extraordinario por sí o a través de sus herederos o derechohabientes, según el caso, todas las personas humanas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas o la privación de libertad por más de setenta y dos horas, en ocasión de atentados perpetrados por parte de grupos terroristas organizados y armados, entre el 1º de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1898, hayan o no iniciado un juicio por daños y perjuicios contra el Estado nacional”.
En este sentido, se aclara que el beneficio patrimonial extraordinario será equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 0, del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que ronda alrededor del millón de pesos. Para el caso de las personas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas o la privación de libertad por más de setenta y dos horas, dicha suma será reducida en un 30%, y para quienes hubiesen sufrido lesiones graves, se reducirá en un 40%.
El presente proyecto de ley tiene varias cuestiones que resultan relevantes comentar y analizar. Por un lado, el proyecto prevé que si existe algún tipo de acción judicial contra el Estado Nacional, fundada por los mismos hechos o por omisiones, al momento de solicitar el aparecimiento del beneficio, quienes lo pretendan deberán desistir de la acción judicial iniciada previamente y aún más, deberán renunciar a iniciar futuras acciones judiciales por la misma causa.
Por otro lado, se regula qué ocurriría en caso de que algún beneficiario, su heredero o derechohabiente hubiera percibido algún tipo de subsidio por parte del Estado, a raíz de los hechos mencionados. En ese caso, la ley prevé que el monto percibido previamente deberá ser reducido de lo que corresponda por el beneficio extraordinario. En caso de que el beneficiario, su heredero o su derechohabiente hubiere obtenido y percibido, por sentencia judicial, un beneficio inferior al que regula la presente ley, se tendrá el derecho a reclamar la diferencia a su favor. Sin embargo, si el monto reconocido judicialmente es superior al que surge de la aplicación de esta ley, el sujeto no podrá acceder al beneficio extraordinario en cuestión.
Las motivaciones del proyecto
El motivo del proyecto en sí es claro. Se busca condenar el accionar de los grupos terroristas organizados y armados, que operaron en el país durante el auge de la guerrilla latinoamericana, y en paralelo al terrorismo de Estado que sufrió la Argentina; organizaciones que perpetraron actos y atentados terroristas contra civiles y militares. La condena busca, de alguna manera, la reparación moral de las víctimas de estas organizaciones terroristas armadas o en su defecto, de sus familias y herederos.
De hecho, el texto del proyecto establece que “la presente iniciativa legislativa tiene como objetivo primordial brindar una reparación justa y necesaria a todas las víctimas de actos de violencia perpetrados por organizaciones terroristas en nuestro país, durante el período comprendido entre 1960 y 1989”. Para su impulsor, el Diputado López Murphy, esta es una deuda histórica por resolver, que anhela honrar la memoria y la dignidad de las víctimas y contribuir al esclarecimiento de la verdad, una verdad “dolorosa sobre un enfrentamiento fratricida que marcó profundamente a nuestra sociedad”.
López Murphy comprende que no se puede establecer una división moral entre las víctimas, y que ellas no deben ser categorizadas en función de quien las agredió o de las circunstancias en que ello ocurrió. Cada pérdida, a manos del terrorismo de Estado o del terrorismo organizado y armado guerrillero, debe ser reconocida y reparada sin excepciones. De hecho, según diversas fuentes se cuenta que la Argentina tiene una deuda con aproximadamente 17.380 víctimas de grupos terroristas armados, cuyos atentados y ataques acontecieron entre 1960 y 1989, incluyendo homicidios, heridas y secuestros. Esa cifra subraya la urgencia y la necesidad de dar reconocimiento y reparación a las víctimas de “esta sombría etapa de nuestra historia”.
En este sentido, el proyecto no sólo prevé el otorgamiento de un beneficio patrimonial extraordinario, sino que también estipula la realización de “actos de reparación moral”. Por ello, establece la realizacion de monumentos, memoriales conmemorativos y cualquier otra forma de reparación moral, sea fisica o virtual, que “asegure el recuerdo y reconocimiento de las víctimas del terrorismo”.
El proyecto prevé que el Ministerio de Justicia sea la autoridad de aplicación de la ley. Lo que supone que, la solicitud del beneficio deberá tramitarse ante el mismo, quien deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos solicitados para su otorgamiento. Todo ello, siempre y cuando la ley sea aprobada por ambas Cámaras y reglamentada y publicada por el Poder Ejecutivo, quien de acuerdo con sus lineamientos e ideología, podría ver con buenos ojos el presente proyecto de ley, aún aunque no fuese impulsado por su bloque parlamentario o por alguno de sus legisladores. Cabe recordar, la activa lucha del Poder Ejecutivo en función por el esclarecimiento de la verdad de lo acontecido durante la década de los ’60 y ’70 y las polémicas declaraciones al respecto, que ha abierto un nuevo debate sobre el capítulo más oscuro de la historia argentina.
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