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El Gobierno comenzó a ceder en algunos de los puntos más discutidos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para intentar construir una mayoría en la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo aceptó introducir modificaciones en el capítulo vinculado con seguridad y abrió la posibilidad de crear una comisión bicameral del Congreso encargada de seguir la actuación del futuro Consejo de Seguridad Nacional, uno de los organismos centrales previstos por la iniciativa.
La negociación aparece después de tres reuniones de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde aliados y opositores plantearon objeciones sobre el alcance de las nuevas herramientas en materia de seguridad e inteligencia. El oficialismo mantiene, sin embargo, una condición: no quiere dividir el proyecto para votar por separado el capítulo referido a Malvinas del resto de las reformas.
La posición fue explicitada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, durante su exposición ante Diputados. La funcionaria confirmó que el Ejecutivo analiza incorporar al texto la creación de una Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional y sostuvo que las cuestiones vinculadas con seguridad nacional deben contemplar mecanismos de coordinación entre los distintos poderes del Estado.
El movimiento llega cuando el proyecto entra en una nueva instancia. Las tres comisiones fueron convocadas nuevamente para este 14 de octubre a las 15, esta vez para continuar formalmente el tratamiento del mensaje 275/2026 y del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. A diferencia de las reuniones anteriores, la convocatoria oficial no fue presentada como una nueva jornada informativa.
El Estratégico había informado que la firma del dictamen quedó pendiente después de que Diputados resolviera extender la etapa de consultas con especialistas. La discusión entra ahora en una fase distinta, con los bloques trabajando sobre modificaciones concretas antes de definir qué despachos llegarán al recinto.
Una Bicameral para controlar al Consejo de Seguridad Nacional
Uno de los puntos que concentró mayores cuestionamientos durante el debate fue la creación de una nueva arquitectura institucional para coordinar decisiones de seguridad nacional.
El proyecto enviado por Javier Milei propone establecer un Consejo de Seguridad Nacional e introducir cambios que exceden el régimen sancionatorio específicamente relacionado con Malvinas. La iniciativa incorpora disposiciones sobre inteligencia, amenazas externas, infraestructura crítica y articulación entre organismos estatales.
Cuando comenzó el debate, El Estratégico advirtió que el proyecto iba mucho más allá del capítulo referido a las islas y los recursos naturales. Precisamente esa amplitud terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de negociación parlamentaria.
La alternativa que ahora analiza el Ejecutivo consiste en sumar una comisión Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, de manera que diputados y senadores dispongan de una instancia específica de control sobre su funcionamiento.
El mecanismo todavía deberá traducirse en una redacción definitiva. La apertura del Gobierno no implica que exista hasta el momento un artículo cerrado ni acuerdo entre los bloques sobre las facultades que tendría la comisión, su integración o los mecanismos de acceso a información vinculada con seguridad e inteligencia.
Sí marca un cambio respecto del texto que ingresó originalmente al Congreso. El oficialismo está dispuesto a modificar la iniciativa para incorporar controles parlamentarios reclamados durante las reuniones de comisión, en momentos en que necesita sumar respaldos por fuera de La Libertad Avanza para avanzar hacia el recinto.
El Gobierno no quiere separar Malvinas del resto de la ley
La negociación encuentra un límite en la estructura general del proyecto. El Ejecutivo rechazó hasta ahora la posibilidad de dividir la iniciativa y aprobar de manera independiente el capítulo sobre Malvinas.
La propuesta había surgido durante las primeras reuniones ante la posibilidad de construir un consenso amplio alrededor de las sanciones contra la explotación no autorizada de recursos naturales, pero separar ese acuerdo de las modificaciones más controvertidas sobre seguridad e inteligencia.
El Gobierno sostiene que la Ley de Defensa de la Soberanía debe ser tratada como una herramienta integral. Por ese motivo, los diputados deberán pronunciarse sobre un texto que reúne bajo una misma iniciativa el régimen de sanciones relacionado con Malvinas, la protección de infraestructura crítica y la nueva estructura de seguridad nacional.
El proyecto propone, entre otras medidas, extender hacia la pesca y la minería el régimen de sanciones actualmente aplicado principalmente sobre actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Durante las exposiciones del Ejecutivo se señaló que las multas administrativas podrían alcanzar valores cercanos a los US$45 millones, además de contemplar inhabilitaciones y otras consecuencias para empresas y actores vinculados con esas operaciones.
Unión por la Patria mantiene objeciones a la votación conjunta de todos los capítulos y cuestiona especialmente la utilización de la cuestión Malvinas para impulsar las reformas sobre seguridad. Desde el oficialismo rechazan esa interpretación y sostienen que las distintas herramientas forman parte de una misma estrategia de protección de la soberanía.
Provincias Unidas tampoco acompañaría sin modificaciones el texto original. El interbloque anticipó que prepara un dictamen propio y algunos de sus integrantes plantearon reparos sobre las figuras penales y las facultades incorporadas en materia de seguridad.
Con ese escenario, La Libertad Avanza necesita negociar con los bloques dialoguistas no solamente para conseguir un dictamen, sino también para reunir posteriormente los votos necesarios en el recinto.
El proyecto llega a una instancia clave en Diputados
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingresó al Congreso el 17 de septiembre y comenzó a ser tratada formalmente a fin de ese mes. El Estratégico informó entonces que Diputados había puesto en marcha una hoja de ruta acelerada para intentar avanzar con la iniciativa, aunque el cronograma inicial terminó extendiéndose ante la cantidad de observaciones presentadas.
La primera reunión estuvo dedicada a funcionarios del Ejecutivo. Una segunda jornada reunió a especialistas y representantes de diferentes sectores, mientras que el 7 de octubre Ibarzabal Murphy volvió al Congreso para defender el proyecto y responder las objeciones de los diputados.
Durante esas exposiciones apareció precisamente la posibilidad de sumar controles parlamentarios. El Ejecutivo mantuvo el núcleo de la propuesta, pero dejó abierta la negociación sobre algunos de los mecanismos institucionales.
La reunión del 14 de octubre puede convertirse así en el primer punto de definición después de tres semanas de discusión. La convocatoria formal de Diputados ya no está identificada como informativa, aunque eso no garantiza por sí mismo que mañana se firme un dictamen: los bloques todavía negocian modificaciones y pueden presentarse despachos diferentes.
La estrategia oficial será intentar preservar el proyecto como una sola ley y, al mismo tiempo, introducir suficientes controles sobre las áreas más cuestionadas para sumar acompañamientos.
El resultado de esa negociación definirá si el Gobierno consigue avanzar con la iniciativa que presentó en septiembre como uno de los principales instrumentos de su nueva estrategia sobre Malvinas y seguridad nacional, o si la discusión continúa fragmentándose en distintos dictámenes antes de llegar al recinto.
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