Durante cuarenta años, Argentina construyó, eslabón por eslabón, una de las cadenas nucleares más completas del mundo en desarrollo. La pregunta que este artículo no puede evitar es la siguiente: ¿alguien decidió cederla, o simplemente nadie decidió defenderla?
Un bloque de uranio empobrecido apareció entre cartones en una planta de reciclaje de Río Cuarto, Córdoba. La ARN —Autoridad Regulatoria Nuclear— tuvo que movilizar especialistas de la Central Nuclear Embalse para recuperarlo. El ciclo nuclear argentino no solo tiene eslabones rotos: tiene residuos sin custodio. Y mientras tanto, hay una mina en Mendoza que lleva treinta años en proceso de ‘remediación ambiental’: Sierra Pintada, el yacimiento más grande del país, con 10.000 toneladas de uranio en el subsuelo. Argentina lo importa de Canadá.
El combustible de una central nuclear no es simplemente “uranio”. Es el producto final de una cadena industrial de alta complejidad: extracción del mineral, conversión química, enriquecimiento isotópico —el proceso que concentra la variante fisionable del uranio, el U-235, que es la que efectivamente se fisiona y libera energía— y fabricación de los elementos combustibles que alimentan el reactor. Argentina es uno de los pocos países del mundo que desarrolló capacidades en todos esos eslabones. No como potencia militar: como nación con ciclo propio, construido con financiamiento público, trabajo científico nacional y décadas de acumulación tecnológica. La CNEA —Comisión Nacional de Energía Atómica— fue el eje institucional de esa acumulación durante más de setenta años.
Lo que sigue no es un paper de ingeniería ni un lamento ecologista. Es un análisis de soberanía: qué ocurre cuando un país construye una capacidad estratégica y luego la abandona sin decidir si la cede o la defiende.
El primer eslabón: el uranio que Argentina decide importar
Sierra Pintada operó desde los años sesenta hasta mediados de los noventa, cuando fue cerrada en el contexto del ajuste estructural de la época. Treinta años después, la remediación ambiental del yacimiento sigue inconclusa. En 2024, el gobierno aumentó la partida presupuestaria para reactivarla. En diciembre de 2025, los trabajadores del lugar denunciaron públicamente que los trabajos estaban parados por falta de fondos de la CNEA. El Estado anunció más fondos. La remediación no avanzó.
Y mientras tanto, la CNEA avanza en la concesión del yacimiento a empresas privadas, con participación de capital norteamericano bajo el marco bilateral de Minerales Críticos entre Argentina y Estados Unidos. La empresa Jaguar Mining avanzó durante 2026 en el proyecto Huemul, un distrito de 27.700 hectáreas en la misma zona. Las preguntas que nadie formula públicamente: ¿en qué condiciones se concede ese yacimiento? ¿Qué retiene el Estado en términos de aprovisionamiento preferencial para sus propias centrales? La respuesta documentada, a la fecha de este artículo, es que no existe ninguna directiva pública que lo establezca.
El segundo eslabón: el enriquecimiento que Argentina abandonó
Argentina fue el primer país de América Latina en enriquecer uranio. Lo hizo en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, en Río Negro, desde 1983. El enriquecimiento isotópico es una de las capacidades tecnológicas más sensibles del mundo nuclear: solo un puñado de países la domina plenamente. Argentina fue uno de ellos.
La evolución natural de esa capacidad fue el proyecto LASIE —Laboratorio de Separación Isotópica por Láser—, desarrollado desde 2015 con INVAP S.E. como motor tecnológico. INVAP es la empresa estatal de Río Negro capaz de exportar reactores de investigación a veinte países y de poner satélites en órbita. Lo que no pudo fue conseguir que el Estado nacional le financiara un laboratorio en su propio territorio. El enriquecimiento por láser es más eficiente que los métodos tradicionales y posiciona a quien lo domina en un nicho tecnológico perseguido por muy pocas naciones en el mundo.
En abril de 2026, el medio especializado Periferia Ciencia informó que INVAP se retiró del proyecto LASIE por falta de financiamiento de la CNEA. El presupuesto del sector nuclear cayó al mínimo de los últimos cincuenta y cinco años. Una capacidad tecnológica construida durante una década fue desactivada en meses. El primero en enriquecer uranio por láser en América Latina volvió a ser un importador pasivo.
El tercer eslabón: la fábrica que ya no es solo Argentina
El tercer eslabón es el combustible. Dioxitek S.A. —la empresa estatal radicada en Río Cuarto, Córdoba, que convierte el mineral de uranio en dióxido de uranio (UO2) y fabrica los elementos que alimentan Atucha I, Atucha II y Embalse— opera bajo un acuerdo de cooperación con NANO Nuclear Energy, una empresa privada de los Estados Unidos, en el marco del Acuerdo 123 —nombrado así por la Sección 123 del Atomic Energy Act norteamericano—, el convenio bilateral que regula la cooperación nuclear civil entre ambos países y que vence en 2027 en plena renegociación. Ningún documento público establece qué información estratégica queda protegida ni en qué condiciones puede transferirse el know-how del ciclo del combustible argentino.
Tres eslabones. Tres aperturas simultáneas al capital, la tecnología y la normativa extranjera, sin que mediara en ninguna de ellas una directiva pública que estableciera los términos. La cadena que Argentina construyó sola se cede, parte por parte, en acuerdos que a cada uno le parecen razonables, hasta que se los lee juntos.
Cuando llegamos al cuarto eslabón —el reactor, el CAREM-25—, el patrón se repite con una diferencia: ahí no se abrió la puerta. Se vendió la llave.
Esto no es un argumento contra la inversión extranjera ni contra la cooperación internacional. Es un argumento sobre el orden de las cosas. Primero se fijan las condiciones; después se negocia. Primero se decide qué es innegociable; después se abre la puerta. Lo que la evidencia disponible muestra es que ese orden fue invertido: primero se abrió, y las condiciones —si existen— no son públicas.
El vacío no está vacío: lo llenan otros. Cada vez que el Estado argentino no fija una condición, el actor externo que llega con su propio plan la define por defecto. No hace falta mala fe. Basta con que el dueño de casa no sepa qué quiere proteger.
Esa pregunta —qué es lo que no está en venta— no es competencia de la CNEA ni de un ministerio de energía. Es competencia del planeamiento estratégico de defensa. Y ahí también hay silencio.
Argentina tiene uranio en el subsuelo y lo importa de Canadá. Tenía tecnología de enriquecimiento y la desfinanció. Tiene fábrica de combustible y la conectó a un operador extranjero. Cada una de esas decisiones, tomada en soledad, puede tener una justificación. El problema es que no hay nadie que haya evaluado las tres juntas, como sistema, con perspectiva de largo plazo.
Un país que no planifica sus activos estratégicos no los pierde de golpe. Los cede, eslabón por eslabón, en acuerdos que cada uno parece razonable, hasta que el ciclo que alguna vez fue propio pertenece, en los hechos, a la agenda de otro.
Un país que no sabe lo que tiene no puede defender lo que cede. Y un país que no fija las condiciones antes de negociar, no negocia: acepta.
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