En febrero de 2026, Argentina firmó con Estados Unidos la coalición global de minerales críticos. Y en la misma semana, el gobierno aclaró públicamente que el acuerdo no excluye la inversión china en yacimientos estratégicos. No lo dijo en silencio. Lo dijo en un comunicado.
Hace seis años, este autor advirtió que Argentina estaba dilapidando una ventana estratégica sobre sus recursos de tierras raras. El diagnóstico fue incorporado al anuario del Centro William J. Perry en 2021. Dos años antes, había logrado incluirlo por primera vez en un documento oficial de política de defensa: la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2018. El Estado lo leyó, lo rubricó — y lo archivó. Lo que en 2020 era advertencia, hoy es evidencia.
Antes de seguir, una aclaración necesaria: ¿qué son exactamente las tierras raras y por qué importan? Son un grupo de 17 elementos químicos — entre ellos el neodimio, el disprosio y el terbio — que no son raros en términos geológicos, pero sí en términos de extracción y procesamiento concentrado. Son los materiales sin los cuales no funciona ningún sistema de armas moderno: los imanes permanentes de los misiles de precisión, los motores de los drones de ataque, los radares de estado sólido, los sistemas de comunicaciones cifradas, los submarinos de propulsión nuclear. Fuera del ámbito militar, tampoco funcionan sin ellos los autos eléctricos, los aerogeneradores ni los semiconductores de última generación. El mundo que viene — civil y militar — se construye con tierras raras. Y quien controla las tierras raras controla las palancas del siglo XXI.
El contexto global cambió de manera irreversible. China controla entre el 85 y el 90% del procesamiento mundial de tierras raras — los elementos sin los cuales no funcionan el F-35, los submarinos clase Virginia, los sistemas antimisilísticos Patriot, los imanes de los drones de ataque ni los servomotores de guía de misiles. Desde diciembre de 2024, Beijing convirtió ese dominio en arma: restricciones de exportación que se fueron ampliando hasta cerrar, en diciembre de 2025, con una exigencia de licencia china sobre cualquier producto fabricado con materiales o tecnología china en cualquier parte del mundo.
No es una política comercial. Es un torniquete.
La respuesta occidental fue masiva y concreta. El Departamento de Defensa de Estados Unidos tomó participación accionaria en MP Materials —operador de la mina Mountain Pass, la única activa en suelo estadounidense— por USD 400 millones. La DFC —Corporación de Financiamiento para el Desarrollo Internacional, el brazo financiero del gobierno estadounidense para inversiones estratégicas en el exterior— prestó USD 565 millones a Serra Verde, el único productor de tierras raras pesadas fuera de China, radicado en Brasil. El Pentágono firmó con Lynas Rare Earths, de Australia, un contrato de cuatro años por USD 96 millones.
Brasil adentro. Australia adentro. Argentina: afuera, mirando.
Cuando Washington lanzó el Proyecto Bóveda y la plataforma FORGE, Argentina fue invitada a sumarse. Y se sumó. Sin embargo, mientras sus socios en la coalición alineaban sus cadenas de suministro lejos de Beijing, el gobierno argentino no asumió ningún compromiso de exclusión de inversión china. El comunicado oficial de Cancillería del 4 de febrero de 2026 no menciona a China en ningún párrafo. Se limita a decir que el acuerdo “fortalece la cooperación en minerales críticos” y “profundiza la relación bilateral”. De restricciones a la inversión china, ni una palabra. Lo que no se dice tiene tanto peso como lo que se dice. Y lo que no se dijo es que Argentina eligió mantener todas las puertas abiertas: con Washington para los discursos, con Beijing para los negocios.
La posición puede ser comprensible en términos comerciales. Lo que no es comprensible es que se haya asumido sin una doctrina de recursos estratégicos que la respalde, la encuadre o la explique. Argentina no eligió entre Washington y Beijing con criterio estratégico: eligió sin criterio, porque no tiene ninguno. Firmó con uno y le confirmó la bienvenida al otro — por escrito, con membrete oficial, sin posición propia en ninguna dirección.
Eso no es neutralidad estratégica. Es ausencia de Estado.
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) estima recursos identificados de 190.395 toneladas de tierras raras en el país. Hay potencial en Sumampa, en Cachi, en Rodeo de los Molles. La plataforma continental tiene costras de ferro-manganeso prácticamente inexploradas. Y sin embargo: no hay un solo proyecto activo de exploración en marcha. Ni uno. En 2026, con la mayor demanda global de la historia de estos elementos, Argentina no tiene un taladro girando en ninguno de sus depósitos de tierras raras.
Mientras tanto, Salta y Catamarca firmaron convenios de cooperación técnica con una empresa norteamericana. Son acuerdos provinciales, sin derechos mineros, sin participación del Ministerio de Defensa (MINDEF), sin clasificación estratégica. El movimiento confirma el interés. También confirma la fragmentación: cada provincia negocia por su cuenta lo que debería ser política de Estado.
La fragmentación provincial no es el único problema. Hay una hemorragia silenciosa que ocurre todos los días en los puertos argentinos. Al no estar clasificadas ni contempladas en el régimen de regalías de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, las tierras raras salen hoy del país adheridas de forma invisible a los concentrados polimetálicos de cobre, oro y plata. Elementos cuyos valores en el mercado internacional rondan entre 10.000 y 300.000 dólares la tonelada salen sin registrar, sin procesar y sin pagar un solo centavo de regalía. No es un problema técnico de fiscalización: es la consecuencia directa de no haberlos nombrado. Lo que el Estado no clasifica, no controla. Lo que no controla, lo regala. Es riqueza que se va en silencio mientras el Estado mira para otro lado.
Desde 1980, la Ley 22.259 otorga al Ministerio de Defensa la potestad de declarar qué sustancias minerales son estratégicas para la República Argentina. La ley existe, está vigente, y cuatro décadas de gobiernos democráticos la convalidaron por omisión: ninguno la derogó, ninguno la reemplazó, ninguno la usó.
Hay quienes señalan una tensión con la Constitución Nacional: la reforma de 1994 incorporó el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio. La pregunta es legítima: ¿puede la Nación clasificar como estratégico un recurso que pertenece a las provincias?
La respuesta es sí — y no hay contradicción. Que una provincia sea dueña de su subsuelo no significa que pueda exportar lo que quiera, en las condiciones que quiera, a quien quiera. Las condiciones de exportación y la tributación son jurisdicción federal por definición constitucional. La clasificación estratégica opera exactamente ahí: no le quita el yacimiento a Salta ni a San Luis — les dice que ciertos elementos tienen un régimen especial de salida del país, del mismo modo en que una zona de seguridad de frontera no le quita la tierra al propietario, pero le pone condiciones sobre quién puede comprarla. La provincia sigue siendo dueña. La Nación decide qué puede salir y en qué condiciones. No hay conflicto constitucional; hay una coordinación que nadie ha querido ejercer.
En el Congreso duermen tres proyectos de ley sobre tierras raras, ninguno tratado en comisión. Es posible que sigan así — y, paradójicamente, que no sea malo que duerman. Por ahora. No porque el objetivo sea malo: la necesidad de una arquitectura institucional es real. Sino porque la experiencia argentina enseña que cualquier proceso de reforma legislativa sobre materias estratégicas puede terminar muy lejos de donde empezó. Un texto que entra al Congreso para proteger un recurso puede salir convertido en el instrumento que lo entrega. Legislar mal es peor que no legislar. Eso no significa abandonar la vía legislativa: significa entender la secuencia correcta. Primero la clasificación ministerial — que no requiere una sola nueva ley. Después, sobre esa base, la legislación que la ordene y la amplíe.
El tiempo no es neutral. Brasil ya está dentro de la cadena de suministro de defensa de Estados Unidos. Australia tiene contrato vigente. La ventana geopolítica que este autor describió en 2020 sigue abierta — pero se está cerrando, y ahora tiene un cronómetro visible.
La pregunta ya no es si Argentina tiene los recursos. Los tiene. La pregunta es si tiene la voluntad de tratarlos como lo que son: infraestructura crítica de defensa nacional, no materia prima de exportación.
Hay una sola medida que no requiere presupuesto, ni ley nueva, ni acuerdo con las provincias. Solo firma ministerial: que el Ministerio de Defensa ejerza la facultad que tiene desde 1980 y clasifique las tierras raras como sustancias estratégicas. Todo lo demás se desprende de ese acto.
La Ley 22.259 no necesita plata, ni ley nueva, ni acuerdo con las provincias. Necesita que quien decide le diga a su ministro de Defensa que firme la clasificación. Y necesita una ciudadanía que se lo exija. Cuarenta y seis años esperando una firma ministerial es mucho tiempo. Pero es exactamente lo que llevamos.
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