Este jueves el Gobierno Nacional prohibió el ingreso de los periodistas acreditados a Casa Rosada por presunto espionaje ilegal y suspendió sus acreditaciones. Desde hoy, los periodistas no pueden entrar a la Casa Rosada, ya que el gobierno prohibió su acceso, por tiempo indeterminado.
Desde el oficialismo explican que, la medida se centra en sospechas por presunto espionaje ilegal, que habría salido a luz, tras una denuncia penal realizada contra dos periodistas de Todo Noticias, luego de que se conocieran filmaciones de los pasillos e interiores de la Casa Rosada. Además, el gobierno sostiene la necesidad de profundizar la investigación sobre la presunta infiltración rusa en medios de prensa, motivo por el cual, hace unas semanas suspendió una serie de acreditaciones vinculadas a un grupo específico de medios. De hecho, periodistas de siete medios tuvieron su ingreso restringido por más de dos semanas a la Casa Rosada.
En este escenario, el gobierno decidió suspender las acreditaciones y el acceso de los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno. De este modo, se quitaron las huellas dactilares de los mismos de manera preventiva hasta que no se aclare y esclarezca el presunto espionaje ilegal. De hecho, fuentes oficiales remarcaron que “hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”.
La denuncia penal contra los periodistas de Todo Noticias fue realizada el día de ayer, por el gobierno, a través de la Casa Militar, órgano mixto encargado de la custodia y seguridad de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos, residencia presidencial oficial. La Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, pero fuentes oficiales, según revela LA NACION, confirman que la decisión de presentar la denuncia fue de los responsables del área, bajo la conducción del General de Brigada, Sebastián Ibáñez.
La denuncia llegó luego de que se difundiera una filmación realizada dentro de la Casa de Gobierno, tras la emisión de un programa periodístico del pasado domingo (“Y mañana qué”) en TN, conducido por Luciana Geuna, donde se habrían mostrado áreas de uso común del Palacio de Gobierno argentino. Desde el oficialismo, consideran que, a partir de ello, se podrían haber configurado delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares, y cuestiones vinculadas a la seguridad nacional. La acusación es por presunto espionaje ilegal dentro de la Casa de Gobierno.
LA NACION revela parte de la denuncia, que esboza: “Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
A partir de ello, el gobierno tomó la decisión de restringir el ingreso para unos 60 periodistas de distintos medios, que a diario concurren a la Casa de Gobierno, para realizar su trabajo. La medida incluye a todos los medios que tienen periodistas acreditados trabajando diariamente en la Casa Rosada. Se estima que la misma se extenderá por tiempo indeterminado hasta tanto avance la causa judicial contra los periodistas de TN, que habrían realizado maniobras de espionaje ilegal según el gobierno.
Repercusiones en la esfera pública
Frente a esta decisión, varias figuras del espectro político se han referido al tema, cuestionando y criticando significativamente la suspensión de las acreditaciones hasta nuevo aviso, ya que se trata de una medida con escasos precedentes. De hecho, según aseguran diversos medios, la sala de periodistas de la Casa Rosada se ha mantenido abierta durante periódicos democráticos e incluso durante gobiernos de facto. Por lo que, la medida sienta un precedente histórico y ya es considerada por algunos como una acción de censura.
Entre las figuras que han salido a referirse sobre el tema, se encuentran, por ejemplo, el ex Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que incluyó a la Argentina entre los países en los que se restringe a la prensa, ubicándolo junto a Venezuela, Cuba, Irán y Corea del Norte. A su vez, en las últimas horas, la Diputada Nacional, Marcela Pagano (COHERENCIA), denunció penalmente al Presidente de la Nación, Javier Milei, por impedir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, calificándolo como “un hecho inédito desde el retorno de la democracia”. En esta línea, la ex legisladora oficialista señaló que “la prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha repudiado también la decisión del gobierno de impedir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, calificándola como una medida de “extrema gravedad institucional” que altera la cobertura periodística y la libertad de prensa en el principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, señala que “esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”.
En paralelo, el Presidente de la República, Javier Milei, salió al cruce, a través de sus redes sociales, donde expresó que “ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis”, avalando y ratificando la decisión de suspender las acreditaciones de los periodistas de la Casa Rsoada y prohibir su ingreso al Palacio de Gobierno hasta nuevo aviso. Esta decisión del gobierno abre un nuevo frente de cruce y tensión entre el Poder Ejecutivo y la prensa argentina, que a diario recibe críticas y cuestionamientos, por parte del oficialismo, de cara al tercer año de gobierno libertario y a tan solo un año de las elecciones en las que La Libertad Avanza busca la reelección.
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