Esta semana el Gobierno Nacional oficializó un nueva medida de reducción del gasto público con controles para los ministerios y las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional (APN), frente a la caída de la recaudación tributaria y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, en línea con las exigencias y condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del programa económico que mantiene con el país. En este contexto, resulta interesante preguntarse ¿cómo afecta la reducción del gasto público en la Seguridad Nacional?
En un reciente reporte en Infobae, Julián Alvez, informó en la última reunión de Gabinete que se realizó en la Casa Rosada, el Presidente de la Nación, Javier Milei, habría dado el visto bueno a una medida orientada a que todos los ministerios reduzcan su presupuesto en un 2%. Además, se habría determinado que los ministerios deberán reducir en un 20% sus gastos operativos, como flotas de traslado y choferes.
Como se señaló en una cobertura previa, según Alvez, las fuentes del gobierno atribuyen el impulso de esta medida al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien habría convocado a los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, para evaluar los nuevos objetivos de las jurisdicciones ministeriales, en línea con la reducción de su presupuesto.
Según el reporte de Infobae, se estaría especulando que los ministerios deban presentar un informe, a fin del mes de abril, sobre qué tipo de programas y áreas serían pasibles de ser recortadas y ajustadas. Por lo que, el recorte y la reducción del presupuesto comenzaría a regir en el mes de mayo, frente a ocho meses consecutivos de caída de la recaudación de ingresos reales y ante el objetivo del Poder Ejecutivo de mantener el equilibrio fiscal, ancla indiscutible en el marco del programa económico que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei.
La medida afecta e impacta en los diferentes ministerios y dependencias, que con fondos y recursos limitados, deben establecer prioridades de gestión. Frente al escenario macroeconómico del país, los recursos se limitan aún más y se deben redefinir prioridades, en un contexto de alta tensión social y política, donde las demandas y reclamos de los diferentes sectores son, cada vez más, crecientes. El panorama es peor para aquellas jurisdicciones que estaban buscando erogaciones y una reasignación de ingresos para cubrir sus necesidades operativas y cumplir las demandas sociales. Si bien la medida afecta a todas las jurisdicciones ministeriales, el impacto difiere dependiendo las necesidades y demandas que posee cada área.
El impacto en la Seguridad Nacional
La reducción del gasto público impacta de lleno en la Seguridad Nacional, que al igual que el resto de las jurisdicciones deberá reducir su presupuesto en un 2%, mientras que el narcotráfico y el crimen organizado continúan avanzando en la frontera norte. La reducción del presupuesto impacta de lleno en los planes, programas y operativos de seguridad, orientados a fortalecer el control fronterizo de la República Argentina frente a las amenazas trasnacionales, como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y el contrabando, entre otras.
A su vez, socava los recursos disponibles orientados a garantizar la seguridad e integridad ciudadana frente a la delincuencia local y transnacional que opera en el país; fortalecer la política migratoria, bajo coordinación y dirección del Ministerio de Seguridad Nacional desde el año pasado; y consolidar la seguridad marítima y naval, de suma relevancia frente a las maniobras de pesca ilegal en las costas argentinas y las aguas jurisdiccionales de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). De hecho, el día jueves, Hernán Favier informó, a través de su cuenta en X, que el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), detectó que la flota pesquera extranjera contabilizada dicho día en el Paralelo 46º (a la altura de Comodoro Rivadavia) era de 231 buques, mientras que en el área de Malvinas era de 135 buques.
Al impacto operativo y táctico, se suma el impacto técnico. El Ministerio de Seguridad Nacional ha impulsado un proceso de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Federales de Seguridad, en sintonía con el programa que lleva adelante el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, que con la reducción del presupuesto asignado podría verse afectado integralmente, paralizando la llegada de nuevo equipamiento destinado a los uniformados y limitando la inversión en las dependencias e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Federales de Seguridad: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
A ello se le suma, además, la situación salarial del personal de seguridad, que íntegramente disconforme con los haberes mensuales percibidos reclama y exige mejoras en los salarios y las condiciones de trabajo. Pese al otorgamiento de un bono no remunerativo y de sumas adicionales por grado, los uniformados manifiestan permanentemente su descontento y malestar con el gobierno por la situación salarial. De hecho, a principios del mes de abril, las cinco Fuerzas Federales de Seguridad se autoconvocaron frente al Edificio Centinela –sede de la Gendarmería Nacional– para reclamar mejoras en los salarios y las condiciones laborales.
Las necesidades y demandas dentro de la Seguridad Nacional son muchas. Con menos recursos y fondos, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, tiene por delante reorientar y reestablecer las prioridades y lineamientos estratégicos de la Seguridad Nacional para este 2026, de cara al actual escenario macroeconómico de ajuste fiscal y reducción del gasto público.
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