Un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados volvió a poner bajo la lupa hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno argentino en su alineamiento con Estados Unidos e Israel en plena guerra en Medio Oriente. El proyecto exige al Poder Ejecutivo que detalle si hubo respaldo político, diplomático o estratégico a las acciones militares de Washington o Tel Aviv, si existieron consultas sobre cooperación militar, logística o de inteligencia, y si se evaluó incluso la posibilidad de desplegar unidades navales, aeronaves, personal o capacidades de vigilancia fuera del territorio nacional.
La iniciativa no aparece en el vacío. En sus fundamentos, los firmantes sostienen que en los últimos meses hubo manifestaciones públicas e informaciones periodísticas que abrieron interrogantes concretos sobre el alcance real del posicionamiento argentino. También remarcan que cualquier paso hacia una participación en operaciones militares internacionales debería ser examinado con rigor político, jurídico y estratégico, en especial porque la Argentina no se encuentra en estado de guerra y porque el Congreso conserva atribuciones centrales en materia de guerra, paz y despliegue de fuerzas en el exterior.
Escenario Mundial ya había anticipado ese proceso en distintas coberturas de las últimas semanas. El 2 de marzo, el medio informó que la Memoria 2025 del Gobierno consolidaba una alianza estratégica con Estados Unidos y explicitaba un compromiso con la lucha contra el terrorismo y con la agenda impulsada por Washington en Medio Oriente. Días después, Javier Milei endureció aún más su discurso, volvió a definir a Irán como “nuestro enemigo” y ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel, en una señal que dejó cada vez menos margen para la ambigüedad política frente al conflicto.
La escalada no quedó solo en el plano declarativo. A fines de febrero, Escenario Mundial informó que la Argentina elevó a alto el nivel de seguridad, reforzó la custodia sobre objetivos sensibles, infraestructura crítica y la comunidad judía, y activó un monitoreo permanente del Sistema de Inteligencia Nacional ante la guerra. Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, confirmó que las Fuerzas Armadas reforzaron los puntos de interés vital bajo su custodia y que seguían de cerca la evolución del conflicto, además de dejar abierta la posibilidad de colaborar con eventuales requerimientos que pudieran canalizarse por vía diplomática.
El Congreso busca precisiones sobre una secuencia que ya estaba en marcha
El punto más sensible apareció con la discusión sobre un eventual apoyo argentino en el estrecho de Ormuz. Escenario Mundial publicó el 17 de marzo que la Argentina comenzaba a ser observada como un caso atípico dentro del mapa de aliados de Washington por no descartar sumarse a una eventual coalición para proteger el tránsito marítimo, algo que no tenía confirmación oficial plena pero tampoco un desmentido categórico. Ese dato cobró todavía más peso el 19 de marzo, cuando el Gobierno no cerraba la puerta al apoyo militar a Estados Unidos contra Irán y que voceros oficiales hablaban de ofrecer “cualquier ayuda”, mientras desde el oficialismo evitaban negar de forma contundente la posibilidad de un envío de medios navales.
Visto en conjunto, el nuevo pedido de informes no abre una discusión nueva: le da forma institucional a una serie de antecedentes que ya estaban sobre la mesa. Lo que el Congreso busca ahora es una definición oficial sobre un proceso que, hasta el momento, avanzó entre declaraciones políticas, refuerzos de seguridad interna, señales de disponibilidad militar y una relación cada vez más estrecha con Washington. En ese marco, la iniciativa también exige saber si hubo análisis de riesgos geopolíticos, eventuales represalias contra intereses argentinos, amenazas a objetivos sensibles y medidas de protección para ciudadanos en la región.
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