La República Argentina formalizó su adhesión al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 ante la Organización Marítima Internacional (OMI), completando el requisito final para que el tratado mundial sobre seguridad de buques pesqueros entre en vigor en febrero de 2027. La presentación se realizó en Londres por parte de la embajadora argentina ante el Reino Unido, Mariana Plaza, ante el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un movimiento que tiene impacto directo sobre la regulación de la flota pesquera industrial.
El acuerdo establece estándares obligatorios de seguridad para embarcaciones de 24 metros de eslora o más, un segmento que concentra la pesca industrial de mayor porte y riesgo operativo. Con la adhesión argentina, el número de Estados Parte alcanzó los 28, superando además el umbral de 3.600 buques exigido para activar la cuenta regresiva de 12 meses hacia su entrada en vigor. En total, los países adheridos representan 3.754 embarcaciones calificadas.
El instrumento, adoptado en 2012 bajo el paraguas de la OMI, había permanecido sin vigencia efectiva durante casi quince años por no reunir las condiciones mínimas exigidas. La incorporación de los buques argentinos permitió cerrar ese proceso y fijar una fecha cierta para su implementación global.
El tratado impone exigencias técnicas vinculantes en materia de diseño, construcción, estabilidad, sistemas eléctricos, maquinaria, protección contra incendios, comunicaciones y dispositivos de salvamento. También refuerza el esquema de inspección tanto por parte del Estado de pabellón como del Estado rector del puerto, ampliando las herramientas de control sobre embarcaciones extranjeras que operen o recalen en jurisdicción nacional.
Impacto en la flota argentina y en el régimen internacional
Una vez vigente, Argentina deberá incorporar las disposiciones del acuerdo a su legislación interna y adecuar su régimen de fiscalización. Esto implicará obligaciones técnicas para los buques de bandera argentina alcanzados por el tratado, así como mayores capacidades de inspección sobre flotas extranjeras.
La OMI considera al Acuerdo de Ciudad del Cabo como el cuarto pilar del sistema internacional aplicable a la actividad pesquera, junto al Convenio STCW-F sobre formación y titulación de pescadores, el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca de la OIT y el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Según datos difundidos en el marco del propio tratado, el universo potencialmente alcanzado ronda los 45.000 buques pesqueros de 24 metros o más a nivel mundial. En ese segmento se concentra una parte sustantiva de la pesca de altura y de larga distancia, con mayores exigencias operativas y de seguridad laboral.
El secretario general de la OMI destacó que miles de pescadores pierden la vida cada año en accidentes vinculados a condiciones deficientes de seguridad, y subrayó que la entrada en vigor del acuerdo contribuirá a proteger tripulaciones y mejorar estándares técnicos globales.
Para Argentina, la decisión no solo implica una adecuación normativa. En un escenario de creciente presión internacional sobre trazabilidad, sostenibilidad y control de la pesca ilegal, la adhesión fortalece la posición del país dentro del régimen marítimo internacional y alinea a su flota industrial con estándares exigidos por mercados y aseguradoras.
El paso formal dado en Londres proyecta ahora efectos concretos sobre astilleros, armadores y autoridades de control. La cuenta regresiva hacia febrero de 2027 abre un período de adaptación normativa y técnica que pondrá a prueba la capacidad de implementación del Estado y del sector privado en un área estratégica para la economía argentina.
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