El Gobierno nacional designó al coronel mayor (R) Ariel Guzmán como administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en el marco de la reforma estructural del sistema de salud militar dispuesta por el decreto 88/2026. La entidad arrastra una deuda cercana a 200 mil millones de pesos y será disuelta en un plazo máximo de 365 días, con el traspaso de afiliados, bienes y obligaciones a dos nuevas obras sociales: OSFA y OSFFESEG.
La designación fue formalizada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien encomendó a Guzmán la conducción integral del proceso de liquidación. El administrador tendrá facultades para resolver la transferencia de activos, el saneamiento de deudas con prestadores, el traspaso de personal y la reorganización administrativa, con asesoramiento no vinculante de una comisión especial integrada por representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía. La Sindicatura General de la Nación supervisará y auditará la transición.
IOSFA fue creada en 2013 mediante la unificación de las estructuras de asistencia social del Ejército (IOSE), la Armada (DIBA) y la Fuerza Aérea (DIBFA), incorporando además al personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El decreto firmado por el presidente Javier Milei dispuso ahora su disolución y la división del sistema en dos entidades separadas, con el argumento de corregir desequilibrios financieros y mejorar la gobernanza.
División del sistema y saneamiento del pasivo
La nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa y cubrirá al personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y civiles vinculados a las fuerzas. En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional y atenderá a los afiliados de Gendarmería y Prefectura, con posibilidad de incorporar otras fuerzas federales.
El decreto establece que ambas entidades deberán destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud, con un tope del 8% para gastos administrativos. Los directorios tendrán autonomía para definir estructuras, presupuestos y políticas médicas, aunque bajo control estatal y con auditorías permanentes.
El pasivo acumulado por IOSFA será asumido por el Ministerio de Economía, que deberá instrumentar el proceso de cancelación de deudas con prestadores privados, clínicas y farmacias. La deuda generó en los últimos años cortes recurrentes de servicios en distintas provincias, demoras en la entrega de medicamentos y suspensión de prácticas médicas. En ciudades con alta concentración de personal militar, como Punta Alta, el impacto alcanzó a decenas de miles de afiliados.
Desde el Ejecutivo aseguran que durante la transición no se interrumpirán cirugías programadas, tratamientos oncológicos ni la provisión de medicación para enfermedades crónicas. El desafío inmediato será sostener las prestaciones mientras se ejecuta la transferencia administrativa y financiera hacia las nuevas obras sociales.
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