El lunes pasado, el Gobierno Nacional anunció que sumará al temario de sesiones extraordinarias, que comienza el próximo 2 de febrero, el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Juvenil, que el oficialismo busca impulsar para bajar la edad de imputabilidad. Cabe recordar que, el año pasado, el gobierno envió un proyecto al Congreso Nacional para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad, que había avanzado considerablemente.
De hecho, hasta se había llegado a firmar un dictamen de mayoría en comisión. Sin embargo, la falta de consenso parlamentario y otras urgencias políticas hicieron que el proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil quede relegado de su tratamiento. Con el recambio legislativo que tuvo lugar en diciembre de 2025, como resultado de las elecciones de medio término, el dictamen perdió estado parlamentario. Por lo que, técnicamente la discusión para bajar la edad de imputabilidad y reformar el sistema penal juvenil deberá iniciar un nuevo trámite.
El proyecto del Ejecutivo
El proyecto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024, bajo la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad Nacional. El mismo fue discutido durante meses, alcanzado, recién, en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia, donde se acordó un despacho de mayoría firmado por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre.
La reforma del Régimen Penal Juvenil, presentada en ese entonces, proponía bajar la edad de imputabilidad y fijar la edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años, por debajo del umbral del sistema actual, que es de 16 años. Desde el gobierno, explicaban que esta modificación alinearía a la legislación argentina con la de la mayoría de los países de la región, donde la edad mínima de imputabilidad es de 14 años (Colombia, Chile, Perú) y/o 12 años (México, Brasil). Sin embargo, por presión parlamentaria, la edad mínima quedaría fijada en 14 años. Además, se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad para delitos graves, como homicidios, abusos sexuales o secuestros.
El proyecto le daba prioridad a las penas alternativas, como tareas comunitarias, medidas de reparación del daño causado, amonestación, monitoreo electrónico y otras. La privación de la libertad se aplicaría como último recurso. Sin embargo, la posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas estaba prevista para delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años o de hasta 10 años, siempre y cuando no haya habido muerte ni violencia grave, conforme a dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar el testimonio de la víctima, a quien se le refuerzan derechos.
El Régimen Penal Juvenil del gobierno de Javier Milei también proponía la creación de instituciones especiales para los menores condenados, donde estos tuvieran garantizado el derecho a la educación y la salud, recibiendo atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Un punto relevante del proyecto era la formación del personal que trabajara en los centros de detención y los institutos especiales, quienes se establecía que debían contar con formación especializada en infancias y adolescencia.
Como medidas complementarias, el proyecto incluía programas educativos, capacitación laboral, actividades deportivas y culturales, asistencia psicológica y médica, programas de formación ciudadana y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas complementarias debían ser controladas por un supervisor especializado, designado por cada juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones. Así también, el proyecto contemplaba intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, entornos familiares violentos y consumo problemático de sustancias y estupefacientes.
El objetivo del Gobierno Nacional
Según afirman algunos medios de comunicación, el crimen de Jeremías Monzón, en Santa Fe, habría incentivado a la Mesa Política a incluir el debate de este tema en el temario de sesiones extraordinarias de febrero, formalizado por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 24/2026. La decisión habría sido tomada el pasado lunes, tras el encuentro que tuvo lugar en la Casa Rosada, en medio de la conmoción por el crimen del joven santafesino, quien recibió más de 20 puñaladas.
De esta manera, el Régimen Penal Juvenil del gobierno de Javier Milei vuelve a ingresar al Congreso Nacional para su tratamiento. Laura Rodríguez Machado será quien estará al frente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados y se encargará de liderar las negociaciones en comisión. En principio, según fuentes cercanas a El Estratégico, desde el oficialismo, habrían asegurado que respetarán los cambios propuestos en el debate anterior, en acuerdo con otros espacios y bloques parlamentarios.
Sin embargo, en las últimas horas, en medio de las discusiones por la reforma, el Gobierno Nacional volvió a defender la baja de la edad de imputabilidad y planteó que la mínima debería ser inferior a la propuesta del proyecto original, que había obtenido dictamen de mayoría. La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostiene que la legislación vigente está desactualizada frente a la realidad de la delincuencia juvenil y afirmó que la tendencia internacional e incluso, regional, se orienta hacia edades más tempranas.
En diálogo con “Radio La Red”, la Ministra dijo: “La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años. Creo que incluso debería ser menos”. En esta línea, Monteoliva explicó que la discusión actual se ubica entre los 12 y los 13 años. La Ministra explica que el objetivo de la reforma del sistema penal juvenil es dotar al Estado Nacional de herramientas legales para intervenir, de manera más efectiva, frente a delitos graves cometidos por niños y/o adolescentes. La nueva Ley Penal Juvenil buscaría combinar sanciones adecuadas y proporcionales a los delitos cometidos, con instancias de reinserción social, educación y contención.
Sin embargo, la reforma, incluida en el temario de sesiones extraordinarias, ya incentivó fuertes cruces y tensiones con sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en infancia y niñez, quienes advierten sobre los riesgos y el impacto de reducir la edad de imputabilidad a 12 o 13 años, sin fortalecer las políticas de prevención y protección social. Pese a las críticas, desde el Gobierno Nacional sostienen que la reforma es necesaria para dar respuesta a una demanda social creciente frente a la inseguridad y la delincuencia juvenil. El debate parlamentario, que ya se aproxima, será central para definir el alcance final de esta iniciativa.
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