El Gobierno nacional formalizó, mediante el Decreto 22/2026, la aprobación de los modelos de Contrato de Garantía entre la República Argentina y FONPLATA, y de Contrato de Contragarantía entre Nación y la provincia de Salta, para respaldar un préstamo de hasta USD 100 millones destinado al “Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en Salta”. La medida fija un punto sensible de la arquitectura fiscal y federal: la Nación actúa como garante frente al organismo multilateral, pero se blinda internamente con un mecanismo de recupero sobre recursos provinciales.
El hecho central no es solo el financiamiento, sino el dispositivo institucional que habilita y condiciona su ejecución. El decreto establece que el préstamo lo toma Salta con FONPLATA, mientras que el Estado nacional suscribe un contrato de garantía para “afianzar” las obligaciones provinciales. A la vez, se aprueba la contragarantía por la cual Salta se obliga a reembolsar a la Nación cualquier pago que esta deba realizar como garante. Si la provincia no cancela los compromisos, autoriza a la Nación a realizar el débito automático de fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos (o del régimen que la reemplace) por hasta el total adeudado. Ese detalle convierte la operación en un caso clásico de “riesgo país” trasladado a “riesgo provincia”: el crédito se facilita por el paraguas nacional, pero la garantía se ejecuta sobre flujos provinciales.
En el papel, la lógica económica está explicitada en los considerandos: el Banco Central evaluó que el impacto en balanza de pagos es limitado y la Oficina Nacional de Crédito Público sostuvo que el costo del préstamo sería inferior al que podría obtener la Argentina en el mercado. Ese argumento cumple una función política doble. Por un lado, justifica el uso de la garantía nacional como herramienta para que una provincia acceda a financiamiento multilateral en condiciones mejores. Por otro, enmarca el decreto en la narrativa de disciplina financiera: si el mercado es caro o inaccesible, el multilateral y la garantía aparecen como el canal “racional”.
El programa que se busca financiar combina infraestructura y gestión de frontera. El objetivo general es promover desarrollo sostenible e integración territorial de Salta mediante inversiones en infraestructura vial y en sistemas de agua y saneamiento en áreas estratégicas del Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La estructura en tres componentes también marca prioridades: obras de infraestructura e integración regional; fortalecimiento institucional y gestión adaptativa en puestos de control; y gerenciamiento, monitoreo y auditoría. En términos de implementación, no es solo obra pública: hay un componente de capacidad estatal para operar controles y logística en un corredor que cruza circuitos de comercio interprovincial e internacional.
Qué cambia en la relación Nación–provincia cuando se activa la garantía
La decisión reordena incentivos y líneas rojas. Para Salta, el préstamo amplía margen de inversión en un corredor estratégico sin pasar por el costo pleno del financiamiento soberano. Para el Ministerio de Economía, el esquema fortalece una palanca de coordinación federal: la Nación habilita el acceso, pero retiene la herramienta de cobro por vía coparticipación si hay incumplimiento. Eso reduce el riesgo de que una provincia se “desentienda” del repago y también eleva el costo político del atraso, porque cualquier ejecución automática impacta en caja provincial y, por arrastre, en pagos y servicios.
Desde el punto de vista político-institucional, el decreto también consolida la centralidad de Economía en la gestión de este tipo de acuerdos: faculta al ministro y al secretario de Finanzas a firmar indistintamente, habilita modificaciones mientras no alteren sustancialmente objeto, destino, monto ni arbitraje, y autoriza al ministro a realizar “todos los actos” relativos a la implementación de la garantía y los requeridos para la correcta ejecución del préstamo. Es decir: el control del flujo contractual queda concentrado en el Ejecutivo nacional, con margen para ajustes operativos sin volver al Boletín Oficial salvo que se toque lo sustantivo.
