El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la Ley de Inteligencia Nacional ingresó al Congreso Nacional, tras haber sido enviado por el propio Poder Ejecutivo. Según se dio a conocer en las últimas horas, el Gobierno Nacional habría enviado el DNU 941/2025 –el cual modificó la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520 e introdujo cambios sustanciales en el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN)– al Congreso.
Según afirman diversos medios, el Poder Ejecutivo Nacional estaría buscando blindar el DNU 941/2025, que formaliza cambios estructurales en la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional y particularmente, en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que fue consolidada como el órgano superior del SIN. El DNU 941/2025, publicado el pasado 2 de enero que reformó estructuralmente a la Secretaría de Inteligencia de Estado, ya ingresó al Poder Legislativo para ser tratado por ambas Cámaras.
La iniciativa habría entrado el día miércoles por la mesa de Diputados y ayer por la del Senado de la Nación. Según el reglamento, hay un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo trate la iniciativa, enviada por el Gobierno Nacional, con la firma del primer mandatario y el resto del Gabinete Nacional. No obstante, al no estar conformada, recién el 29 de enero ambas Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto legislativo.
Cabe señalar que, para hacer caer un Decreto de Necesidad y Urgencia, la ley determina que ambas Cámaras deben rechazar la disposición por mayoría simple. Así ocurrió, de hecho, con el decreto que aumentaba los fondos de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que fue rechazado por el Congreso Nacional. Por lo que, si el gobierno de Javier Milei se concentra obtener mayoría simple tan solo en una de las dos Cámaras, podría llegar a blindar el DNU, sobre todo, teniendo en consideración que al requerirse mayoría simple el Gobierno Nacional cuenta con los votos necesarios para sostener la vigencia de la disposición.
El DNU 941/2025
A través del Decreto 941/2025, el Poder Ejecutivo –en acuerdo general de ministros– modificó la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520 e introdujo cambios en la legislación vigente, en materia de definiciones, estructura y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional. Desde el gobierno, sostienen que esta modificación constituye una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional –que ya había sido modificado previamente, en el año 2024–, como resultado de los desafíos globales contemporáneos y el rol que el país asumió en el plano internacional, como producto del liderazgo del Presidente de la Nación, Javier Milei.
Uno de los ejes de la nueva Ley de Inteligencia Nacional es la reconfiguración del Sistema de Inteligencia Nacional, donde se consolida a la Secretaría de Inteligencia de Estado como órgano superior y se reorganiza a sus dependencias. Según explicaron fuentes oficiales, de hecho, el decreto no modifica la conducción actual de la SIDE, que continúa estando encabezada por Cristian Auguadra como titular del organismo de inteligencia y con Diego Kravetz como segundo en la línea de mando.
A su vez, el DNU 941/2025 modifica también las responsabilidades de la SIDE, y determina las nuevas funciones de las agencias y órganos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, haciendo una especial distinción entre ciberseguridad y ciberinteligencia –dos planos que hasta ahora tendían a solaparse–. Otro de los puntos más polémicos y cuestionados de la reforma es el hecho de que la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación podrá requerir la asistencia y el apoyo técnico y/o logístico de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Federales y las Fuerzas Policiales, siempre y cuando resulte necesario para el desarrollo de las funciones y actividades que regula la Ley N°25.520.
Desde el Gobierno Nacional, sostienen que la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional “permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”. Además, señalan que los cambios instaurados por el Poder Ejecutivo responden a altos estándares democráticos y republicanos.
El pedido de la oposición
Distintos sectores de la oposición y las esferas políticas, ya han planteado ciertas dudas y cuestionamientos frente al DNU 941/2025. En este sentido, ya se anticipó que la Comisión Bicameral de Inteligencia podría elaborar un pedido de informes a la Casa Rosada. Sin embargo, cabe recordar que días atrás, un grupo de diputados y senadores envió una nota a Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados) y Victoria Villarruel (Presidenta del Senado de la Nación) para exigir la conformación inmediata de dos comisiones bicamerales clave del Congreso: la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520) y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122).
La primera de ella compuesta por 14 miembros (7 por cada Cámara) se encarga de monitorear y controlar las actividades de los organismos de inteligencia, mientras que la segunda comisión bicameral mencionada, conformada por 16 miembros, se orienta a la evaluación de los decretos de necesidad y urgencia para determinar si los mismos resultan válidos. La nota, dirigida a las máximas autoridades de ambas Cámaras —Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado— reclama que el DNU 941/2025 sea girado “de manera inmediata” para su evaluación dentro de los plazos previstos. Entre los firmantes aparecen nombres de distintos bloques, como Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Gisela Scaglia, Carlos Gutiérrez, Esteban Paulón y Mónica Frade, en una señal política que busca ampliar el costo institucional de sostener un “vacío de control” en un área históricamente opaca.
La estrategia del oficialismo
Según informa “Infobae”, la estrategia del oficialismo es no conformar las comisiones bicamerales durante el receso legislativo para que el debate oficial tenga lugar, recién en marzo, en período de sesiones ordinarias. En tal caso, la oposición no tendría más alternativa que esperar al vencimiento de los plazos mínimos estipulados por la ley vigente que regula los DNU. Sin embargo, la oposición no estaría tan lejos de poder alcanzar el quórum necesario para abrir una sesión especial en febrero, ya que a los 93 diputados del kirchnerismo se sumarían 22 de Provincias Unidas, 4 de la izquierda y algunos otros, contando con un base de 121 a la que la oposición tendría que sumar, por lo menos, 8 más.
Una vez más, desde la ausencia de Javier Milei al poder, el papel de los gobernadores será crucial, ya que terminará inclinando la balanza para un lado u otro. En esta línea, el radicalismo también tiene un rol crucial en esta votación como oposición dialoguista, ya que ha demostrado que juega tanto con la oposición como con el oficialismo. Hasta el momento, el radicalismo guardó silencio, mientras que desde el PRO ya se pronunciaron a favor del DNU, mediante un comunicado oficial.
En este escenario, el Gobierno Nacional busca blindar el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, a través de su tratamiento en el Congreso Nacional, en el mes de marzo. La iniciativa ya fue presentada por el Poder Ejecutivo y ya habría pasado el trámite administrativo, ingresado a ambas Cámaras.
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