El Poder Ejecutivo oficializó, a través del Decreto 942/2025, un paquete de decisiones que prorroga de la emergencia sanitaria hasta fines de 2026, centraliza la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dentro del Ministerio de Salud mediante la creación de una nueva secretaría, y amplía las competencias sanitarias de la cartera. Sobre esto último, específicamente, amplía facultades sobre temas vinculados a precursores químicos y daños asociados al narcotráfico y consumo problemático, en coordinación con Seguridad.
En los considerandos, el Gobierno fundamenta la urgencia en la necesidad de evitar riesgos inmediatos para la continuidad de prestaciones y servicios esenciales, y sostiene que el trámite legislativo ordinario no sería compatible con la velocidad requerida para implementar reformas de transición y control, especialmente en el área de discapacidad y en el funcionamiento del sistema sanitario. Por ello, la prórroga de la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 extiende el esquema que había sido establecido con anterioridad para sostener medidas de gestión “en un contexto de emergencia”.
ANDIS y el rol de la cartera de Salud
El Decreto 942/2025 condensa una agenda de reordenamiento institucional, ya que sostiene un “paraguas de emergencia” para el sector salud, redefine la estructura estatal sobre discapacidad y agrega atribuciones sanitarias en áreas vinculadas al control de sustancias. Por ello, el segundo tramo del DNU impacta de lleno en el diseño institucional de la política pública de discapacidad.
Específicamente, el Gobierno dispone la centralización orgánica y funcional de ANDIS en el Ministerio de Salud e incorpora al organigrama la Secretaría Nacional de Discapacidad, con el objetivo declarado de unificar conducción, fortalecer controles internos, integrar sistemas de información y transparentar contrataciones. La norma justifica el cambio en base a un diagnóstico surgido de la intervención previa del organismo donde se observan problemas de gestión, sistemas tecnológicos fragmentados, falencias en trazabilidad documental, demoras en trámites y debilidades de control interno.
El tercer “componente” del DNU amplía las competencias del Ministerio de Salud en asuntos relacionados con el Registro Nacional de Precursores Químicos. El decreto presenta este enfoque como una respuesta al cambio de patrones de consumo y aparición de nuevas sustancias de alta peligrosidad que incrementan riesgos de intoxicaciones y eventos críticos, con impacto directo sobre el sistema sanitario.
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