El Poder Ejecutivo oficializó una serie de modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 mediante el Decreto 941/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025 en acuerdo general de ministros. La medida, dictada como DNU, introduce cambios en definiciones, estructura y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), con el argumento de reducir superposiciones, acelerar el intercambio de información y fortalecer la prevención frente a amenazas internas y externas.
En la fundamentación, el Gobierno plantea que la arquitectura vigente resultaba insuficiente para el abordaje integral de riesgos “multidimensionales”, y que la fragmentación entre subsistemas —incluidos los vinculados a Defensa y Seguridad— generaba demoras, duplicación de esfuerzos y vacíos críticos. En ese marco, sostiene que la vía del decreto de necesidad y urgencia busca evitar tiempos legislativos que, según el texto, retrasarían la adopción de medidas consideradas urgentes para la seguridad estratégica.
Reestructuración del SIN y nuevas agencias bajo la órbita de la SIDE
Uno de los ejes del decreto es la reconfiguración orgánica del Sistema de Inteligencia Nacional, consolidando a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano superior y reorganizando sus dependencias. En esa línea, se formalizan cambios de denominación y funciones: la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a ser Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con foco preventivo sobre amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia; y la ex estructura de asuntos internos se redefine como Inspectoría General de Inteligencia (IGI), orientada a auditoría, control y evaluación del desempeño de los órganos del sistema.
En paralelo, el decreto distingue de manera más nítida dos planos que hasta ahora tendían a solaparse: ciberseguridad y ciberinteligencia. Para eso, modifica la denominación de la Agencia Federal de Ciberseguridad por Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) —con competencia en inteligencia en y desde el ciberespacio y el espectro radioeléctrico—, mientras crea un organismo específico para la ciberseguridad de las infraestructuras estatales. La norma también crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete, para planificar y supervisar políticas de ciberseguridad para el “ciberespacio de interés nacional”.
Otra pieza central es el intento de centralizar la circulación de información. Para eso, se crean dos ámbitos: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que buscan articular a organismos de inteligencia, áreas de fuerzas armadas y de seguridad, y dependencias estatales con capacidad de generar insumos estratégicos. La SIDE queda como dirección de ambos espacios.
Inteligencia militar y facultades operativas
En el plano de Defensa, el decreto dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y concentra la producción de inteligencia estratégica militar en la estructura del Estado Mayor Conjunto. En la misma lógica de “evitar superposiciones”, la norma también reordena roles frente a áreas de investigación criminal y contrainteligencia, con una mirada más orientada a seguridad estratégica nacional.
Finalmente, el DNU actualiza definiciones y habilitaciones operativa, como la incorporación de artículos sobre el carácter encubierto de las actividades de inteligencia, o la definición de “investigación de inteligencia”. Asimismo, amplía el marco de contrainteligencia, incluyendo la obligación de adoptar medidas de seguridad de contrainteligencia en todo el Sector Público Nacional. En paralelo, el decreto habilita a los órganos del SIN a proveer su propia seguridad y a repeler agresiones contra instalaciones y personal, y contempla un esquema de asistencia de fuerzas armadas y de seguridad cuando sea requerido y autorizado por la conducción del sistema.
Te puede interesar: Los detalles de la nueva Política de Inteligencia Nacional anunciada por el Gobierno Nacional
