El año del Ministerio de Defensa estuvo marcado por anuncios claves y decisiones estratégicas, aunque así también por tensiones internas y ciertas polémicas que dieron de qué hablar, durante este 2025. El Ministerio de Defensa cierra su año con la llegada de los primeros seis cazas F-16 al país y con la asunción del nuevo Ministro, el Teniente General Carlos Alberto Presti, quien asumió para reemplazar a Luis Petri en la conducción ministerial de la Defensa Nacional, tras su salida del Edificio Libertador. Sin embargo, cabe preguntarse y analizar ¿cómo fue el año del Ministerio de Defensa?.
El año comenzó con diversos pedidos de informes de la Cámara de Diputados al Ministerio. En el mes de marzo, la Comisión de Defensa de esta Cámara incentivaba e impulsaba diversos pedidos de informes y expedientes, vinculados al proceso de compra de los flamantes cazas F-16, como así también a la situación financiera del astillero Tandanor, a la que posteriormente se sumaría la del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). De hecho, el Ministerio de Defensa recibiría denuncias por el estado crítico de Tandanor –empresa estatal, crucial para la capacidad productiva naval argentina, dependiente de la cartera ministerial–, que fue calificada por diversos legisladores como “alarmante”.
En el mes de abril, ya se asomaba un período de tensiones internas entre el personal militar y la conducción política, producto del estado de situación de la obra social de las Fuerzas Armadas, al que luego también se le sumarían otros puntos. La preocupación en torno a la conducción del organismo y en este sentido, a la situación del organismo, ya comenzaba a manifestarse desde entonces, cuando se conoció la firma de una carta dirigida al entonces Presidente del Instituto (Roberto Fiochi), por parte del Directorio del organismo.
IOSFA: un punto de quiebre para la conducción política
Desde comienzos del 2025, IOSFA fue un eje de tensión y conflicto para el Ministerio de Defensa y el paso de los meses así lo demostraría. Con el correr del tiempo, la situación parecía agravarse, cada vez en mayor medida. IOSFA comenzaba a enfrentarse a un complejo y crítico escenario interno que ya venía gestándose desde hace tiempo, aunque el colapso llegaría este 2025.
Desde el mes de abril, ya en la carta enviada al entonces Presidente del Insituto Fiochi, se denunciaba un panorama financiero grave, que no solo sería solucionado con una contención del gasto. Desde el Directorio, sostenían que la solución sería “controlar los abusos, investigar y actuar sobre los posibles actos deshonestos”, para vislumbrar y denunciar atisbos de corrupción en el manejo de la obra social. El Directorio no solo expresaba su preocupación por la conducción del organismo, sino que también solicitaba y exige la renegociación del préstamo otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), bajo la gestión de Fiochi, lo que posteriormente dividiría al propio Directorio, generando tensiones internas.
Con el paso de los meses, la situación de IOSFA fue agravándose, cada vez más. La falta de entrega de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y graves, como VIH, cáncer y diabetes, a los afiliados de la obra social fue uno de los primeros episodios, a través del cual comenzaba a vislumbrarse la crisis del Instituto. La falta de medicamentos en las farmacias adheridas comenzó a expandirse a lo largo y ancho del territorio nacional, así como también el cierre de delegaciones, afectando de manera directa a los afiliados, que quedaban a la deriva sin tratamientos médicos ni cobertura de salud.
En diversos y múltiples intentos, el Ministerio de Defensa reasignó fondos de las Fuerzas Armadas para intentar equilibrar y recomponer la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas –aunque sin resultados ni mejoras concretas–. Uno de los casos sería, por ejemplo, el Convenio Marco de Colaboración entre IOSFA, el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas, donde se determinó que el Ministerio utilizaría gastos corrientes de las Fuerzas a favor del Instituto.
La crisis, marcada por amparos colectivos, manifestaciones, reclamos y protestas, llegaría a la opinión pública, tras meses sin cobertura mediática de alto alcance, y el Ministerio de Defensa se vería, cada vez, más presionado, bajo los ojos de la esfera pública. De esta manera, el Ministerio de Defensa impulsó un salvataje financiero, tras la autorización de una transferencia de $15.000 millones para saldar deudas con seis droguerías, entre ellas Suizo Argentina, Medifarm (Scienza) y Droguería Rosfar.
Demoras, cancelaciones y suspensiones de las prestaciones, dificultades para acceder a turnos, deudas con prestadores, recortes en la cobertura en diferentes puntos del territorio nacional, farmacias desafiliadas, cierres de delegaciones y falta de stock son algunos de los puntos más críticos y relevantes de este estado de situación, que aumentó el malestar y el descontento de las familias militares y los uniformados frente a la conducción política, durante este año. El estado de situación de la obra social ha sido ampliamente analizado por El Estratégico, este 2025, siendo uno de los pocos medios nacionales que le ha dado cobertura a este tema, desde comienzos de año.
Las escalas salariales
Las escalas salariales han sido, sin lugar a dudas, otro eje de grandes tensiones dentro del Ministerio de Defensa, este 2025. Desde el mes de abril, en el marco de un un contexto nacional en el cual las Fuerzas Armadas (FF.AA) han adquirido un rol más activo en la seguridad y en el orden público, el Ministerio de Defensa ha decidido ajustar los haberes salariales, de manera mensual para las Fuerzas, aunque no estando exento de críticas.
De hecho, el ajuste salarial del mes de abril se produjo en paralelo a la presentación y el despliegue de la cuestionada y criticada “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, que finalmente sería desplegada en el mes de junio, producto de las denuncias y amparos impuestos. De hecho, el propio Ministro de Defensa, Luis Petri, confirmaría en el Juzgado Federal de Salta que en el mes de junio comenzaría la puesta en marcha de la Operación Roca, tras su presentación ante jueces, fiscales y autoridades. A su vez, el Ministerio de Seguridad Nacional acompañó los dichos del Ministro Petri, destacando que el despliegue se articula con el Plan Güemes y con las capacidades de vigilancia en zonas clave como Tartagal.
Esta operación, impulsada e incentivada por el Ministro Petri en articulación y coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, contemplaba el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas del país, desde el 15 de abril hasta el 15 de diciembre de 2025. Si bien, esta política ha recibido críticas y cuestionamientos por la intromisión de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior, la misma se respalda en el Decreto 1112/2024, donde se habilita la intervención de las FF.AA “para complementar el accionar de las Fuerzas de Seguridad en las zonas de seguridad de fronteras”, ante la necesidad de reforzar la vigilancia y el control fronterizo.
Sin embargo, en medio de este escenario, medios especializados han advertido un récord de bajas y retiros anticipados en las Fuerzas Armadas, lo que se explica producto del atraso en los haberes salariales. Los ajustes oficializados por el Ministerio de Defensa, este año, no han logrado solucionar el estado de situación de sueldos atrasados y rezagados frente a la inflación, ni mejorar las condiciones de vida de los uniformados, especialmente en destinos de las grandes urbes o en unidades con infraestructura deficiente. El deterioro salarial es un elemento central del malestar militar frente a la conducción política y si bien hubo recomposiciones parciales, la brecha con otros sectores del empleo público y, sobre todo, con el sector privado calificado sigue siendo significativa, en un contexto de creciente importancia e intervención de las Fuerzas Armadas.
Los institutos militares de enseñanza: otro de los puntos de conflicto y tensión
A su vez, a lo largo de este año, desde El Estratégico hemos abordado en múltiples ocasiones los diversos debates públicos en torno a la situación de los institutos militares de enseñanza, como el Dámaso Centeno, y la crítica situación salarial de los docentes, donde se reconoce una diferencia salarial respecto al sistema educativo nacional. Desde comienzos de año, docentes de los institutos militares han denunciado salarios por debajo de la línea de indigencia, paros masivos y suspensión de clases. En este sentido, en el mes de junio, el Dámaso Centeno y el Liceo Militar General Paz fueron epicentro de movilizaciones, mientras familias organizadas exigían respuestas y proponían la creación de un ente autárquico para gestionar los colegios.
A su vez, durante este 2025, han circulado diversas versiones de cierres de muchos de los institutos de enseñanza militar dependientes de las Fuerzas Armadas, ante la instauración del “Plan Motosierra” –impulsado por Federico Sturzenegger– y la continua búsqueda de reducir el gasto público, en todas las áreas de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, en medio de un contexto de creciente conflictividad educativa, el Ministerio de Defensa oficializaba un nuevo procedimiento de selección para los cargos docentes suplentes en los Liceos Militares, el Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno” y el Instituto Nacional de Aviación Civil – CIATA, a través de la Resolución 712/2025.
Si bien la Resolución 712 intentó ordenar el acceso a cargos suplentes en los institutos militares, no abordó el núcleo del conflicto, conformada por la precarización docente, la desigualdad salarial y la amenaza con cierres institucionales estratégicos para el sistema educativo. La medida se limitó a formalizar procedimientos que, sin recursos ni voluntad política, podrían quedar en la misma situación que la actualidad, razón por la cual fue ampliamente criticada.
Algunas de las principales polémicas
Este año estuvo marcado y signado por severas polémicas, que han dado de qué hablar, en el ámbito de la Defensa Nacional. Algunas de las principales han sido, por ejemplo, la falta de investigación y de auditorías sobre la conducción política de IOSFA, la designación de Francisco Adorni –hermano de Manuel Adorni, en ese entonces Vocero Presidencial– como Presidente del Directorio del IAF, la denuncia al Ministro Petri por desvío de fondos, producto del uso ilegal de un predio militar como estacionamiento durante el festival Quilmes Rock, y los procesos de venta de varios de los terrenos y predios de las Fuerzas Armadas. Como ha adelantado este medio, a lo largo del 2025, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ha buscado rematar más de 400 inmuebles en todo el país, de los cuales muchos de ellos se encontraban bajo la órbita del Ministerio de Defensa.
Entre los predios señalados se encuentran tierras colindantes a la 2ª División del Ejército y al Comando de la IV Brigada Aerotransportada en La Calera (Córdoba) una zona de alto valor inmobiliario y relevancia estratégica; el predio concesionado por el Ejército Argentino, perteneciente al Regimiento de Patricios en Palermo (Ciudad de Buenos Aires); y el edificio donde operaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCC), ubicado en Puerto Madero (CABA), entre otros. Por esta razón, la oposición presentaría un pedido de informes al Ministerio de Defensa para conocer qué bienes de las Fuerzas Armadas se pretenden vender, bajo la gestión de AABE.
A esta polémica, se le suma la difusión de audios comprometedores donde se revelan irregularidades en la compra de medicamentos, con posibles sobreprecios, que afectan a la caja, en déficit, de IOSFA, y a las droguerías, y tensiones internas por el manejo del Instituto. A través de esta filtración, se descubrieron, de hecho, más vínculos con la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. Cabe señalar que, ya se había desatado una polémica previa, en el marco de la gestión de Petri, vinculada a la Suizo Argentina, cuando se descubrieron licitaciones millonarias adjudicadas a esta droguería, en medio de la crisis financiera y operativa de la obra social. Por su parte, las grabaciones también exponen la necesidad de recortar, a toda costa, la mayor cantidad de gastos de la obra social para no caer en “la licuadora de Sturzenegger”, sin tomar en consideración a los afiliados, y reflejan una clara desprolijidad en la gestión del Instituto.
La salida de Petri y la llegada de Presti
Este 2025 también estuvo marcado por la salida de Luis Petri como Ministro de Defensa y un proceso de transición interino, que finalizó con el reciente reemplazo de Presti, que marcó un punto de inflexión en la conducción ministerial, caracterizada históricamente por designaciones políticas. Desde el mes de junio, este medio ya adelantaba el impulso de la candidatura de Petri como Diputado Nacional, en el marco de una carrera por la gobernación de Mendoza, de cara a 2027.
Precisamente por ello, desde entonces fue posible ver una mayor presencia del Ministro de Defensa en los medios de comunicación y la opinión pública, quien buscaba la consagración de sus objetivos y pretensiones política-electorales, de cara a octubre, cuando finalmente fue electo como Diputado Nacional por Mendoza. Desde entonces, fueron diversos los nombres que se presentaron para reemplazar a Petri en la conducción del Ministerio de Defensa. Desde Xavier Isaac (Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas), Luciana Carrasco (Jefa de Gabinete del Ministerio) hasta Guillermo Montenegro (Intendente de General Pueyrredón).
Si bien Isaac era quien había ganado mayor terreno y protagonismo en la carrera por la conducción ministerial, finalmente el Poder Ejecutivo sorprendería con la designación de Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa. De este modo, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército (JEMGE) asumió como Ministro de Defensa. Según el comunicado oficial, la designación de Presti pretende inaugurar una “tradición” de militares al frente de la cartera y cerrar lo que el gobierno de La Libertad Avanza describe como un ciclo de “demonización” de oficiales, suboficiales y soldados.
Con su llegada al Edificio Libertador, el Teniente General Carlos Presti al Ministerio de Defensa se encuentra ante unas Fuerzas Armadas en punto de inflexión, con avances puntuales en equipamiento y modernización de capacidades –incentivado por los procesos de compra y los programas de modernización y reequipamiento– pero atravesadas por un récord de bajas, salarios deteriorados –pese a los ajustes oficializados– y una crisis abierta en el sistema de salud, a partir de la crisis de IOSFA. Uno de los datos más sensibles que hereda el nuevo Ministro es el aumento de las bajas y retiros anticipados en las tres Fuerzas y la crítica situación de la obra social.
Sin embargo, en medio de la crisis, el flamante Ministro de Defensa Presti ya ha anunciado y confirmado que el Gobierno Nacional trabaja en la creación de una nueva obra social para las Fuerzas Armadas, tal como había revelado este medio de forma exclusiva. A comienzos de noviembre, comenzó a circular un borrador de proyecto del Poder Ejecutivo que proponía conformar una nueva obra social para los militares y uniformados, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un esquema de administración propio, separado de las Fuerzas de Seguridad Federales, cuyo nombre sería OSFA. Según explicó el Ministro, el proyecto será elevado al jefe de Gabinete y forma parte de un paquete de reformas orientado a mejorar la calidad de vida de la tropa y sus familias, uno de los reclamos más persistentes dentro del sector.
De esta manera, el Ministerio de Defensa cierra el 2025 con severos desafíos y tensiones, de cara al próximo año, bajo la gestión del nuevo Ministro Presti, en un año caracterizado no solo por puntos de conflicto y polémicas, sino también por oportunidades de mejora y decisiones estratégicas en materia de Defensa Nacional.
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