En el marco de sesiones extraordinarias, el gobierno de Javier Milei obtuvo dos aprobaciones clave en la Cámara de Diputados. En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el miércoles la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de significativa relevancia para el oficialismo: el de la Ley del Presupuesto 2026 y el de la Ley de Inocencia Fiscal. Originalmente, en el marco de esta sesión, se proyectaba que se tratara también el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, presentado por el Poder Ejecutivo, aunque ello no se concretó.

El Gobierno Nacional logró obtener la media sanción del proyecto del Presupuesto 2026 y así también, de Inocencia Fiscal. Aunque no pudo derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, como pretendía. Ambos textos con media sanción pasan al Senado, donde el oficialismo intentará revertir el revés legislativo que recibió en uno de los casos. Es importante señalar que, en caso de que el proyecto del Presupuesto 2026 sea aprobado por la Cámara Alta, sería el primer presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación para la gestión libertaria, ya que en estos dos años, el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto del Ejercicio 2023, por la falta de consenso legislativo. De allí, el valor de esta media sanción clave.
Para la aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto 2026, el oficialismo contó con el respaldo legislativo y parlamentario del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los espacios provinciales, como Elijo Catamarca (peronismo disidente, que responde al Gobernador Raúl Jalil), Independencia (del Gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo), Innovación Federal (de Salta y Misiones), La Nequinidad (del Gobernador Rolo Figueroa), Por Santa Cruz (del Gobernador Claudio Vidal) y Producción y Trabajo (del Gobernador de San Juan Marcelo Orrego).

Por su parte, el proyecto sería rechazado por la oposición, encabezada por el kirchnerismo (Fuerza Patria), el bloque dialoguista (Encuentro Federal) y la izquierda. Provincias Unidas –que une diversas fuerzas provinciales– se abstuvo, aunque desempeñó un importante rol al inicio de la sesión cuando los legisladores de ese espacio ayudaron a alcanzar el quórum para dar inicio a la sesión. Sin embargo, en la votación en particular, algunos aliados del oficialismo se negaron a aprobar el artículo 75 del proyecto, donde se buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario sancionado por el cuerpo legislativo.
El cuestionamiento al artículo 75
El artículo que concentró las críticas y cuestionamientos de la Cámara de Diputados –incluyendo a los aliados del gobierno–, en el marco del debate parlamentario del proyecto del Presupuesto Nacional 2026, fue el número 75. Por medio de este artículo, el proyecto derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Según confirman fuentes oficiales, el oficialismo habría propuesto que la votación en particular sea por títulos y no por artículos, sabiendo y conociendo que el artículo 75 podría generarle un revés legislativo.
La oposición exigió que la votación sea nominal, es decir, artículo por artículo, para que el artículo 75 no se mezcle con otros temas dentro de un mismo capítulo, como los subsidios al gas o la actualización de las prestaciones por discapacidad, y resulte aprobado sin más. Desde Provincias Unidas, el legislador Pablo Juliano planteó que “votar por Títulos nos impediría expresarnos de forma nítida”. Sin embargo, La Libertad Avanza logró aprobar su moción, gracias al apoyo de sus aliados con 130 votos positivos y 112 en contra. Cabe recordar que, con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, el oficialismo quedó posicionado como la primera minoría.
Con el objetivo de obtener el apoyo de los aliados por la polémica del artículo 75, el Diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch –Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara–, anunció que el oficialismo incluiría dos modificaciones al texto. En primer lugar, se incluiría la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y un aumento del financiamiento para el Poder Judicial –por $21.000 millones–, que serían incluidos en el capítulo 11, donde se encontraba el polémico artículo de derogación.

Desde el PRO, interpretaron que esta maniobra del oficialismo fue un intento de forzar el apoyo parlamentario de algunos legisladores como Zago, Falcone, González y Banfi, quienes forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda con su votación en particular. No obstante, pese al rechazo de la votación nominal y las maniobras del oficialismo, la votación terminó siendo de 123 votos en contra, 117 afirmativos y 2 abstenciones, con un fuerte revés legislativo para el gobierno de Javier Milei.
De este modo, la oposición logró sostener y defender las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitarios. El oficialismo, por su parte, deberá pagar el costo político de haber incluido en dicho capítulo la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y el financiamiento para el Poder Judicial, que también serían rechazados, en la votación por título. Sin embargo, el día de ayer, el Ministro del Interior (Diego Santilli) anticipó que el Gobierno Nacional buscará reponer el capítulo 11 del proyecto en el Senado.
Desde la perspectiva del Ministro Santilli, “ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”. Por ello, el oficialismo buscó trabajar este capítulo en el Senado para incorporarlo nuevamente al proyecto, aunque finalmente el proyecto consiguió dictamen en el Senado, sin este capítulo clave. Santilli destacó la aprobación en general que tuvo el proyecto del Presupuesto 2026, tras dos años consecutivos sin consenso ni aprobación parlamentaria para el oficialismo, en materia de presupuesto.

La otra aprobación clave
El otro proyecto que obtuvo media sanción, en la sesión del día miércoles, fue la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, presentada por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la agenda para el período de sesiones extraordinarias. El proyecto busca incorporar reformas para el procedimiento tributario, como así también para el régimen penal tributario, en el marco de la reconstrucción de la Nación Argentina, frente “a la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía”.
En este sentido, se proponen modificaciones y cambios en los procedimientos de fiscalización y en la forma de declarar ganancias de las personas físicas, con el objetivo de simplificar los controles tributarios y limitar la persecución penal, sin generar un bloqueo de capitales. La ley busca redefinir la relación entre el fisco y los contribuyentes. De hecho, según el texto del proyecto, el objetivo de la norma es reducir la carga administrativa, simplificar los trámites y focalizar la fiscalización en aquellos casos de mayor relevancia, bajo la premisa de que el contribuyente es cumplidor, salvo prueba en contrario.

El principio de inocencia fiscal busca modificar el enfoque de la actual administración tributaria. La iniciativa propone no presumir que todos los contribuyentes intentan evadir impuestos, sino más bien tener una consideración del contribuyente como cumplidor. En este sentido, se busca limitar la persecución penal tributaria y los controles extensivos para aquellos casos, en los cuales exista evidencia manifiesta de incumplimientos relevantes y significativos o de conductas dolosas. La norma obtuvo 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones y será girada para su tratamiento al Senado de la Nación.
El Gobierno Nacional obtuvo dos aprobaciones clave en la Cámara de Diputados –pese al revés legislativo del capítulo 11 del Presupuesto 2026, que no pudo ser incorporado en el Senado–. En una intensa jornada parlamentaria, el oficialismo obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos de los seis proyectos presentados para debatir y tratar, en el período de sesiones extraordinarias que corre hasta el 30 de diciembre, oficializado por el Poder Ejecutivo Nacional.
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