El Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) expresó en Ginebra una preocupación directa y específica sobre el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, conocido como Protocolo Antipiquetes, uno de los ejes de la política de seguridad interna del gobierno de Javier Milei. Para el organismo, la regulación impulsada por el Ministerio de Seguridad a fines de 2023 tiende a criminalizar la protesta y habilita el uso de la fuerza estatal en contextos que no necesariamente implican situaciones de peligro, lo que abre un margen de riesgo elevado de abusos y vulneraciones a los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante el examen de la Argentina, el relator chileno Jorge Contesse fue contundente al describir el alcance del instrumento. Señaló que la resolución “parece criminalizar la participación en manifestaciones que obstaculizan el tráfico” y recordó que el Protocolo instruye a la Policía Federal y fuerzas de seguridad federales a utilizar la fuerza frente a “cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos” que reduzcan la circulación de vehículos o el ancho de las calles, incluso cuando no exista una situación de peligro. Según La Gaceta, remarcó que la normativa permite actuar sin orden judicial, bajo la figura de “delito flagrante” contemplada en el artículo 194 del Código Penal, que castiga la interrupción de servicios públicos y vías de comunicación.
El Comité también advirtió sobre la derogación de la resolución de 2011 que limitaba el uso de armas menos letales en el contexto de protestas. Esa decisión preocupa especialmente al CAT, que afirmó haber recibido información sobre la aplicación de la norma en “numerosas manifestaciones sociales” desde su adopción y la existencia de más de 2.500 personas que habrían sido víctimas de hechos de violencia vinculados a su implementación.
Advertencias y defensa del Protocolo
Frente a este diagnóstico, el Comité contra la Tortura instó a la Argentina a revisar el Protocolo Antipiquetes e incorporar de manera explícita los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución en todas las intervenciones policiales en protestas. Entre sus recomendaciones, el CAT pidió directrices detalladas sobre el uso de armas menos letales, reglas claras sobre la graduación de la fuerza y obligaciones de registro audiovisual de todos los operativos, garantizando que las filmaciones estén disponibles para órganos independientes de investigación en caso de denuncias por abusos. El objetivo de estas exigencias es acotar la discrecionalidad en el terreno y asegurar trazabilidad probatoria ante eventuales violaciones de derechos humanos.
Para la administración Milei, sin embargo, el Protocolo Antipiquetes sigue siendo la pieza central de su política de orden público. Anunciado por Patricia Bullrich a los pocos días del cambio de gobierno, el instrumento fue presentado como una herramienta para “hacer cumplir la ley” frente a cortes de rutas, bloqueos de tránsito y ocupación de espacios públicos, en un intento por desarticular el modelo de movilizaciones masivas y piquetes que durante años afectaron los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y nodos estratégicos del Área Metropolitana.
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