El día de hoy, el Gobierno de Javier Milei presentó y remitió el proyecto de Ley de Modernización Laboral al Congreso Nacional, para su tratamiento, de cara al período de sesiones extraordinarias, oficializado por el Poder Ejecutivo el día de ayer. Desde el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término, el Gobierno Nacional aceleró su agenda de reformas legislativas, de cara a sus próximos dos años de gestión, con un Congreso Nacional en el que La Libertad Avanza logró reforzar y acentuar su presencia, con nuevos escaños, lo que se traduce en una mayor gobernabilidad.
Desde entonces, el Poder Ejecutivo se ha estado preparando para enviar al Congreso Nacional un paquete de proyectos de reforma legislativa. Finalmente, el día de ayer el Poder Ejecutivo oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias y mediante el Decreto 865/2025 presentó el temario de las reformas a tratar y debatir, durante este período. Los proyectos a tratar son seis: Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 –que configura la principal prioridad del Gobierno Nacional–, Ley de Inocencia Fiscal, Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Ley de Modernización Laboral, Ley de Reforma del Código Penal y Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial – Ley Nº 26.639.
En este escenario, esta mañana, el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley de la reforma laboral, que fue firmado por el Jefe de Estado argentino, Javier Milei, tras su llegada de Oslo. Desde Casa Rosada, explican que la intención del Poder Ejecutivo es que la reforma sea sancionada antes de que finalice el año legislativo. Sin embargo, la Ley de Presupuesto Nacional es la prioridad del Gobierno Nacional, tras dos años de prórroga presupuestaria consecutiva. Cabe señalar que, el período de sesiones extraordinarios fue fijado del 10 al 30 de diciembre, por lo que el tiempo con el que cuenta el Poder Legislativo no resulta apremiado y es más bien ajustado.
Los puntos clave del proyecto
El proyecto de Ley de Modernización Laboral, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, modifica aspectos centrales del marco normativo laboral vigente. En este sentido, se establecen nuevas reglas para las vacaciones, se modifican los criterios de indemnizaciones, se redefinen los regímenes de despidos, se introduce la figura del banco de horas y se incorporan cambios sustanciales en los procedimientos judiciales y administrativos, vinculados al sector laboral.
La reforma busca una legislación simple, moderna y transparente, que sea capaz de incentivar y promover el empleo formal, y reducir las cargas burocráticas e impositivas para los empleadores. En este sentido, el comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) resalta que, durante décadas, la combinación de altos costos, reglas imprecisas, burocracia elevada y una rígida estructura laboral frenó la creación del empleo registrado en el país. Lo que ha afectado, especialmente, a los jóvenes, los trabajadores informales y las pequeñas y medianas empresas.
Por ello, se busca remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral, ordenar responsabilidades, modernizar licencias y procedimientos, precisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones y fortalecer el sistema laboral, para que este brinde certezas, tanto a los trabajadores como a los empleadores, haciendo especial foco en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
Entre los puntos claves del proyecto de reforma, que busca llevar a cabo el oficialismo, se destacan:
- Reducción de aportes patronales; se busca reducir las contribuciones y aportes patronales, que abonan los empleadores al sistema de seguridad social, para incentivar la generación de empleo genuino y formal –sobre todo, considerando que este año, se registró la tasa de informalidad laboral más alta en 17 años–.
- Nuevo sistema para indemnizaciones; se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por un 3% de los aportes del salario del empleado. De este modo, la indemnización por despido se financia por un monto fijo de los aportes del empleado. A su vez, se prevé una reducción en el cálculo indemnizatorio, donde no se incluirá el aguinaldo, las vacaciones y los premios, y se tomará un promedio salarial, en lugar del salario más alto. Además, se habilita el pago en cuotas.
- Período de prueba; se extiende el período vigente –de 3 meses– y el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá a prueba, durante los primeros seis meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación laboral durante dicho período, sin derecho a indemnización.
- Régimen de vacaciones; se permite fraccionar las vacaciones en períodos más cortos, si así se desea –mínimo 7 días–, flexibilizando el régimen actual.
- Modificación de la jornada laboral; se habilita ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias de trabajo, con descansos mínimos. Se crean mecanismos de regulación, como bancos de horas, para compensar horas extra con tiempo libre.
- Salarios; se habilita el pago por productividad o mérito. La reforma busca que el sueldo se pueda pagar en pesos o moneda extranjera, o así también en alimentos, especie o viviendas. Se permiten negociaciones dinámicas, que pueden condicionar las paritarias.
- Retención de cuotas sindicales; las empresas pueden dejar de retener automáticamente cuotas sindicales, a partir de la autorización del empleado.
- Limitación al derecho de huelga; se limita el derecho a huelga, en tanto se amplían los servicios y actividades esenciales, restringiendo las asambleas, huelgas y manifestaciones y se introducen sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
- Beneficios fiscales; se incluyen reducciones impositivas y la eliminación de ciertos tributos a las empresas, con el objetivo de impulsar y fomentar la inversión, la contratación y el registro formal de trabajo.
- Convenios colectivos; se elimina la renovación automática de convenios colectivos de trabajos, otorgando prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
Tal como analizó este medio, cuando se conoció la intención del Gobierno Nacional de presentar el proyecto de Ley de Modernización Laboral, es menester señalar que la reforma laboral no solo tendrá implicancias para los sectores laborales tradicionales, sino que también podría tener un fuerte impacto en las principales áreas estratégicas de alta inversión, tecnología y capital, como la extracción de hidrocarburos y la minería. Si bien, se destaca que la reforma podría contribuir al desarrollo de los principales sectores estratégicos, el proyecto también contempla una serie de riesgos que no deben pasar por desapercibido.
Una excesiva flexibilización podría debilitar la protección de los trabajadores, contribuir a la precarización laboral y la alta rotación, e incentivar turnos de trabajo con alta extensión de carga horaria, en sectores que demandan mano de obra calificada y buscan una constante eficiencia. A la vez, que se podrían cometer errores estratégicos en la selección de personal no calificado, bajo la simplificación de trámites para la contratación de nuevo personal, influyendo en la generación de los resultados y la eficiencia productiva.
El rechazo sindical
Aunque el Gobierno Nacional señaló que tomó nota de las observaciones y reclamos del sector sindical, ciertas organizaciones como UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) ya se resisten al proyecto. De hecho, para la propia CGT (Confederación General del Trabajo) el proyecto avanza sobre derechos laborales adquiridos.
Desde el Gobierno, reconocen que, pese a los gestos del oficialismo a la CGT, esperan medidas de fuerza en los próximos días, en tanto es lo esperable y lógico. En este sentido, la CGT ya habría confirmado la movilización convocada en rechazo a la reforma laboral para el próximo jueves 18 de diciembre, cuestionando con dureza las declaraciones del oficialismo respecto al proyecto de ley, en el marco de un escenario nacional caracterizado por el “industricidio”.
El rechazo sindical se funda, principalmente, en la precarización laboral y la falta de políticas que protejan a los sectores más vulnerables. “El país está empobrecido, sin inversión económica, y con trabajadores cada vez más precarizados” afirman desde la organización sindical. En este sentido, desde la conducción de la Confederación General del Trabajo, señalan que el Gobierno Nacional no prioriza los derechos laborales.
Desde su perspectiva, el proyecto de reforma laboral avanza sobre los derechos adquiridos. La CGT anticipó que buscará defender los derechos laborales conquistados y se mantendrá en alerta frente al avance del proyecto. No obstante, el oficialismo confía en que lograra los apoyos necesarios para el avance del proyecto de modernización laboral –que ingresa por el Senado de la Nación– aprovechando la nueva configuración parlamentaria del Congreso Nacional, tras el recambio de legisladores.
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