Con una deuda que supera los $200.000 millones y un déficit operativo mensual cercano a los $10.000 millones, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) atraviesa la peor crisis desde su creación. La combinación de pasivos crecientes, cortes de prestaciones y auxilios financieros de emergencia del Ministerio de Defensa dejó al organismo en una situación de virtual colapso, con casi 600.000 afiliados expuestos a atrasos en tratamientos oncológicos, trasplantes y patologías crónicas severas.
En ese contexto, comenzó a conocerse en las últimas semanas una fórmula que impulsa el Gobierno Nacional: dividir la obra social y crear esquemas diferenciados para las Fuerzas Armadas y para las fuerzas de seguridad federales. La primera señal política la dio la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando en una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, planteó que la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional “no estén más en el IOSFA y tengan su propia obra social”. En paralelo, el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó en declaraciones recientes que el Ejecutivo trabaja en un decreto para separar las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar cobertura y ordenar las cuentas.
Una crisis estructural: déficit en alza y corte de prestaciones
Como venimos informando desde El Estratégico, el deterioro financiero del IOSFA no es un fenómeno repentino, sino el resultado de años de desajustes en sus cuentas, decisiones de gestión controvertidas y un esquema de conducción fuertemente condicionado por el poder político. Quienes sienten en mayor medida este tipo de irregularidades son los afiliados: oficiales y suboficiales en actividad y retiro, soldados voluntarios, personal de seguridad y sus grupos familiares, que denuncian faltantes de insumos oncológicos, demoras en derivaciones, suspensión de prácticas complejas y traslado de la presión asistencial a hospitales públicos y municipales.
La conducción actual del IOSFA, a cargo de la contadora Bettina Surballe desde noviembre de 2024, heredó un pasivo que se multiplicó durante gestiones anteriores y enfrenta, según fuentes militares, una combinación explosiva: caída de la calidad de las prestaciones, pérdida de credibilidad en la obra social y malestar creciente en las bases. En un contexto político en el que las Fuerzas Armadas volvieron a ganar centralidad en el discurso oficial, el diseño actual del IOSFA responde al DNU 637/2013, que unificó en una sola obra social estatal los sistemas preexistentes del Ejército (IOSE), la Armada (DIBA), la Fuerza Aérea (DIBPFA) y los esquemas que daban cobertura a Gendarmería y Prefectura, bajo la órbita del Ministerio de Defensa.
Pero en las últimas semanas, tal como reveló El Estratégico el 7 de noviembre, comenzó a circular un borrador de proyecto que propone conformar una nueva obra social para los militares y uniformados, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un esquema de administración propio, separado de las fuerzas de seguridad federales. Ese documento de trabajo, que se suma a versiones sobre la creación de una eventual “OSFA” para las Fuerzas Armadas, prevé una etapa de transición en la que los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional deberían garantizar el financiamiento del IOSFA hasta completar la migración de afiliados. Aunque no hay aún un decreto oficial publicado, la filtración del borrador confirma que el Gobierno ya no discute si habrá cambios, sino qué modelo de reestructuración terminará imponiéndose.
El plan Bullrich: sacar a Gendarmería y Prefectura del IOSFA
El componente político más visible de este rediseño es la decisión de Patricia Bullrich de impulsar que la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina abandonen el IOSFA y cuenten con una obra social específica, alineada con el Ministerio de Seguridad Nacional. La ministra argumenta que las fuerzas de seguridad “se sienten mal en el IOSFA” porque no acceden a la totalidad de las prestaciones que necesitan y terminan sosteniendo una estructura que no los representa en el directorio, donde las Fuerzas Armadas tienen mayoría. La queja central que recogen los uniformados es que “pagan burocracia y reciben menos servicios”, mientras se acumulan reclamos por rechazos de prácticas, demoras en pagos a prestadores y pérdida de credibilidad en el sistema.
La estrategia de Bullrich se articula, además, con la ampliación de las competencias de su cartera a partir del reciente DNU 825/2025, que le otorgó, entre otras funciones, un rol clave en la coordinación del sistema de seguridad interior y en la administración de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. En ese marco, avanzar hacia una obra social propia para fuerzas como Gendarmería y Prefectura implicaría reforzar el control político de Seguridad sobre el universo de los uniformados federales, mientras Defensa conservaría la responsabilidad sobre la cobertura de salud de las Fuerzas Armadas.
Por el momento, y según estimaciones oficiales y militares, cerca del 60% de los casi 600.000 afiliados a IOSFA corresponden a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad federales. En la práctica, cualquier decisión que implique dividir la obra social, crear una nueva para los militares o migrar a Gendarmería y Prefectura a un sistema separado, impactará directamente en la continuidad de tratamientos, la red de prestadores y la cobertura territorial de delegaciones. Posiblemente para el Gobierno, resolver la crisis del IOSFA antes del 10 de diciembre es crucial, fecha en la que Bullrich y Petri dejarán sus cargos para asumir sus bancas legislativas. ¿Podrán ambos ministros dejar encaminado un esquema de transición que combine saneamiento financiero, redefinición de estructuras y garantías mínimas de cobertura para los afiliados?
Te puede interesar: Se filtra un borrador de proyecto que busca conformar una obra social nueva para los militares
