El Gobierno nacional avanzó el martes en una decisión que puede reconfigurar la economía de las provincias petroleras tradicionales: la eliminación de los derechos de exportación (retenciones) al petróleo crudo convencional. La medida fue formalizada tras un encuentro en el Palacio de Hacienda con autoridades nacionales, la provincia de Chubut y representantes del sector privado.
Según el Gobierno Nacional, la decisión apunta a frenar el declino estructural de las cuencas maduras y a generar previsibilidad en un segmento clave para el empleo regional. Aunque el debate energético es en la actualidad dominado por Vaca Muerta y el shale, el Gobierno decidió enfocar su esfuerzo en los yacimientos convencionales, donde operan cientos de pymes, contratistas, empresas de servicios y miles de trabajadores cuyo futuro depende de mantener activa una producción que enfrenta cada año mayores costos y menor rendimiento.
Los cambios puntuales y el por qué de la decisión
La quita de retenciones implica que las exportaciones de crudo convencional dejarán de tributar al Estado nacional un porcentaje que, en contextos de precios internacionales bajos o estables, se convertía en un factor crítico para la rentabilidad de las operaciones. El Gobierno sostiene que, sin este alivio, muchos proyectos en cuencas maduras eran directamente “no viables”. Con márgenes ajustados, cada punto de carga fiscal puede definir si reactivar un pozo, abandonar un campo o continuar perforaciones.
Además, la matriz energética aún necesita la producción convencional, que sostiene miles de empleos directos en Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro y Neuquén; y que abastece refinerías locales que dependen de crudo de características específicas. Esta misma matriz energética también mantiene infraestructura logística histórica que no puede reconvertirse rápidamente y genera divisas por exportaciones que complementan la producción de Vaca Muerta. Por ende, sin intervención estatal —coinciden Nación y provincias— el declino natural de los yacimientos podía traducirse en pérdida de empleo, caída de regalías y abandono de activos.
A grandes rasgos, podrán observarse diversos cambios para el sector. Las empresas, por ejemplo, tendrán una estructura de costos menos presionada y mayor margen para reactivar pozos hoy paralizados, mientras que las provincias productoras —que dependen de la actividad para sostener empleo y regalías— ganan aire para evitar una contracción económica. En otro tema, los proyectos marginales, especialmente en Chubut y Santa Cruz, vuelven a entrar en consideración para inversiones de corto plazo.
El acuerdo Nación–Provincias–Empresas
La medida no fue unilateral, sino que se firmó bajo un esquema tripartito en el que cada actor asume obligaciones. Desde Nación, se propuso avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación para el crudo convencional, con el objetivo de que la señal fiscal sea estable y duradera, ya que “sin previsibilidad no hay inversión privada posible”.
Por otro lado, las Provincias: Chubut fue la primera en firmar, comprometiéndose a revisar regalías y cánones, en un gesto que complementa la baja de impuestos nacionales. Ese ajuste mejora la ecuación económica de los proyectos más complejos y evita el cierre de pozos estructuralmente costosos. Desde la órbita empresarial, las operadoras deberán mantener la producción, sostener el empleo y cumplir los planes de inversión orientados a reactivar equipos (workover y pulling), perforar en zonas marginales, mejorar la eficiencia operativa y prolongar la vida útil de los campos maduros.
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