La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, oficializó la puesta en marcha del Plan Paraná, un esquema integral para recuperar el control estatal sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay, hoy el corredor fluvial más estratégico —y a la vez más vulnerable— de la Argentina. La resolución 1307/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece la creación de un Comando Unificado, la implementación de nuevas tecnologías de vigilancia y un despliegue escalonado en seis polígonos entre el norte del Chaco y el delta bonaerense.
El programa apunta a enfrentar una amenaza que el propio Ministerio define como “concreta, compleja y transnacional”: redes de narcotráfico, contrabando, trata de personas y lavado de activos. Para la cartera, operan aprovechando la extensión geográfica del río, la multiplicidad de puertos públicos y privados y las limitaciones de los controles tradicionales.
Efectivamente, la Hidrovía Paraná–Paraguay sostiene más del 70% de las exportaciones argentinas y concentra hasta 300 barcazas diarias entre Asunción y Buenos Aires. Pero esa densidad logística la convierte en un corredor vital para la economía nacional y regional, pero también en una plataforma privilegiada para organizaciones criminales que buscan rutas de bajo control para movilizar drogas, bienes ilegales o divisas.
El Plan Paraná: tecnología, interagencialidad e inteligencia criminal
El Plan Paraná incorpora una arquitectura tecnológica inédita para las fuerzas federales: radares móviles, drones de vigilancia táctica, cámaras térmicas, scanners de contenedores, sensores costeros y sistemas de monitoreo en tiempo real. La resolución divide la operación en seis polígonos que cubren todo el eje hídrico, desde Puerto Bermejo y Corrientes hasta San Nicolás y Paraná Guazú, aunque podrán abrirse nuevos polígonos si el comportamiento criminal se desplaza.
La Prefectura Naval será la designada para liderar el Comando Unificado, coordinará estas capacidades junto con Policía Federal, Gendarmería y PSA. Este es un aspecto central, ya que el Plan Paraná solo funcionará mediante cooperación obligatoria entre agencias nacionales, provinciales e internacionales. Esto incluye a la Aduana, ARCA y Migraciones, para controles documentales y financieros; a las policías provinciales, invitadas a actuar como enlaces territoriales; al Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, claves para investigaciones complejas y judicialización temprana; y a las agencias internacionales, entre ellas EUDA (UE), ONUDD, DEA y CICAD-OEA.
Esta es la primera vez que una política pública de seguridad fluvial argentina incorpora explícitamente un marco de interagencialidad permanente, alineado con estándares de países que administran corredores estratégicos de alto riesgo. Además, coloca un énfasis particular en la inteligencia criminal y financiera, con el objetivo de identificar estructuras, flujos económicos ilícitos y vínculos transnacionales.
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