El Gobierno Nacional anunció la derogación de 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la redefinición del rol del organismo. La medida, oficializada este viernes mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, busca eliminar la intervención estatal en las etapas productivas y reducir la carga burocrática sobre el sector.
A partir de ahora, el INV dejará de controlar los procesos productivos intermedios —como la cosecha, la elaboración, el transporte o el fraccionamiento— para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando su aptitud para el consumo. Además, los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores, un cambio sustancial respecto al esquema previo, donde eran obligatorios y centralizados por el organismo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la reforma “deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la calidad del vino embotellado”. “Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción. Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción”, afirmó el funcionario en X.
Una “revolución administrativa” en el INV en un contexto industrial delicado
Según datos oficiales, el INV emitió en 2024 más de 140.000 permisos de tránsito y realizó 5.000 inspecciones, incluyendo visitas reiteradas a una misma bodega “cada dos o tres días”. “Ese nivel de intervención no tenía sentido. La mayoría de las bodegas no presenta irregularidades y ya enfrenta suficientes dificultades sin que el Estado complique las cosas”, expresó Sturzenegger.
El titular del INV, Carlos Tizio, coincidió en que el nuevo esquema “devuelve racionalidad y confianza a los productores”, mientras que las tareas de fiscalización se limitarán a controles aleatorios sobre el vino embotellado. Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta alrededor de US$ 800 millones anuales, lo que la ubica como el quinto productor mundial.
Sin embargo, el contexto global muestra una caída en el consumo tradicional y un crecimiento en los segmentos de vino sin alcohol o de bajo contenido calórico, lo que exige —según el Gobierno— “una industria más flexible y competitiva”. Pero estas medidas llegan en un momento crítico para la Argentina, donde distintos sectores productivos advierten por un proceso acelerado de desindustrialización.
Tal como adelantamos desde El Estratégico, la pérdida de capacidades fabriles y tecnológicas amenaza la sustentabilidad de largo plazo del entramado productivo nacional. En ese marco, la desregulación del INV se inscribe dentro del plan de transformación estructural que impulsa la administración de Javier Milei, con eje en la liberalización de mercados y la reducción del rol estatal en la economía.
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