Una investigación judicial encabezada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) reveló que una organización radicada en Argentina, vinculada al Comando Vermelho, lavó más de 500 millones de dólares en criptoactivos entre 2015 y 2023. El caso, que se conecta con la reciente ofensiva policial contra la banda en Río de Janeiro, expone cómo las redes del crimen organizado brasileño han extendido su infraestructura financiera y logística hacia el territorio argentino.
La investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que la organización utilizó empresas pantalla, inversiones en criptomonedas y la compra de bienes de lujo para legitimar fondos provenientes del narcotráfico, estafas y evasión impositiva. Según la acusación, los imputados “conformaron una organización destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de ilícitos penales”.
El grupo operaba desde Buenos Aires y el conurbano, y era liderado por Marcelo Cleyton Alves de Sousa y su esposa, quienes residían en Nordelta, en el norte del Gran Buenos Aires. Desde allí articulaban operaciones de inversión digital en Bitcoin y USDT, con transacciones que superaron los USD 520 millones en apenas dos años.
El circuito financiero: criptomonedas, transferencias y testaferros
De acuerdo con el fiscal Diego Velasco, el esquema de blanqueo combinaba depósitos en efectivo, transferencias entre cuentas de terceros y operaciones con criptoactivos difíciles de rastrear. Las criptotransacciones, realizadas entre febrero de 2021 y septiembre de 2023, fueron clave para evadir el sistema bancario formal y desplazar capitales de forma anónima, una tendencia que preocupa a los organismos de control financiero regionales.
El cálculo final incluyó:
- 84,9 millones de pesos y 303 mil dólares en efectivo.
- 188,7 bitcoins, equivalentes a USD 13,6 millones.
- USD 515 millones en Tether (USDT), una de las principales stablecoins utilizadas para movimientos internacionales.
Además del manejo de criptoactivos, la PROCELAC comprobó que la organización utilizó los fondos ilícitos para adquirir autos de alta gama, inmuebles y activos inmobiliarios registrados a nombre de empresas. Entre los bienes decomisados figuran cinco vehículos valuados en más de 130 millones de pesos, incluyendo un BMW 330i, una Ford Ranger y un Volkswagen Vento; propiedades en Buenos Aires por más de USD 250.000; 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales y 4.500 euros en efectivo.
El objetivo, según la acusación, era “dar apariencia de legalidad a los fondos espurios utilizados para su adquisición” y facilitar su reinserción en la economía formal argentina.
De la frontera digital a la frontera física
El caso no se explica únicamente en clave económica. Las autoridades del Ministerio de Seguridad argentino reforzaron la vigilancia en las fronteras norte y noreste, luego del operativo militar brasileño contra el Comando Vermelho en las favelas de Penha y el Complejo do Alemão, en Río de Janeiro.
La ministra Patricia Bullrich declaró un estado de máxima alerta fronteriza, ante el riesgo de que miembros de la organización intenten cruzar al país o reorganizar sus finanzas ilícitas en territorio argentino. Expertos en seguridad advierten que esta red de lavado refleja un cambio de paradigma en las operaciones del crimen organizado, que ya no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que utilizan infraestructuras legales y tecnológicas para el flujo de capitales transnacionales.
Y pese al impacto del caso, analistas judiciales advierten que la estructura financiera del narcotráfico en Argentina sigue subestimada, especialmente en el uso del ecosistema cripto como vía de lavado y financiamiento. Se trata sin dudas de una amenaza regional que trasciende fronteras: el Comando Vermelho, con más de 30.000 miembros activos en Brasil, mantiene redes logísticas en Paraguay, Bolivia y ahora también en Argentina. Su estrategia combina violencia territorial y sofisticación financiera, replicando modelos de las organizaciones criminales mexicanas y colombianas. El caso argentino muestra que la frontera sur del narcotráfico ya no se mide en kilómetros, sino en circuitos financieros virtuales y zonas grises del control estatal.
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