Este jueves, a partir de la Decisión Administrativa N°23/2025, el Gobierno Nacional oficializó la modificación del Presupuesto 2025, a partir de una serie de cambios y ajustes. La decisión, oficializada en el Boletín Oficial, contempla una serie de modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025. La medida, firmada por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, tiene el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del aparato estatal, lo que exige y demanda una adecuación de las partidas presupuestarias vigentes para las diversas entidades y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional (APN), a partir de créditos de gasto y recursos.
De esta manera, el Gobierno Nacional modificó y ajustó las partidas vigentes para las diferentes jurisdicciones de la Administración Nacional, lo que implica recortes en ciertas áreas que serán reasignados a otros sectores de la Administración Nacional, de cara a los últimos meses del 2025. En este contexto, de acuerdo al texto oficial, se dispondrán “compensaciones que implican reducir los gastos de capital e incrementar los gastos corrientes y modificar la distribución entre finalidades del gasto”. Por tanto, se especifican ajustes en los gastos corrientes, a partir de una reducción de los gastos de capital, donde se detallan reasignaciones para servicios básicos, bienes de consumo y personal, entre otros, y se contempla un ajuste del servicio de la deuda pública.
La disposición regula ajustes en el presupuesto de distintas jurisdicciones, de cara a los últimos meses del año, entre las que se destaca a la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exterior, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa, entre otros. En este sentido, los cambios en las partidas presupuestarias incluyen una amplia gama de categorías, que contemplan desde gastos en personal y servicios hasta transferencias provinciales, municipales e incluso internacionales. A la vez, la Decisión Administrativa 23/2025 menciona cambios para atender el servicio de la deuda pública y la asistencia financiera a compañías públicas, como PAMI, AySA y Belgrano Cargas, entre otras.
La Decisión 23/2025, publicada el día de la fecha, refleja una profunda y significativa reorganización presupuestaria del Gobierno Nacional, con impacto en diferentes jurisdicciones de la Administración Nacional y empresas estatales, en medio de una compleja y fluctuante coyuntura económica, agudizada tras el revés electoral del oficialismo. Resulta importante destacar que, la oficialización del ajuste presupuestario se produce un día luego del anuncio oficial de la cadena nacional, del próximo lunes, cuando el Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, presentará formalmente el Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso Nacional, para evitar, por segundo año consecutivo, la programación presupuestaria.
Los cambios en las principales jurisdicciones
La Presidencia de la Nación fue una de las jurisdicciones afectadas por los cambios y las modificaciones en las partidas presupuestarias, sobre el Presupuesto 2025, que presenta una reducción, que según se entiende será redirigida a otras áreas y jurisdicciones de la Administración Nacional, que requieren y demandan un ajuste presupuestario con más fondos y recursos, en función de sus necesidades. De acuerdo a la información presentada por el Gobierno Nacional, la Presidencia de la Nación presenta una reducción de sus gastos.
En este sentido, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que se encuentra a cargo de la hermana del Presidente de la Nación, Karina Milei, presenta una reducción de $7.138.063.945 en gastos corrientes y de capital. A la vez, las otras sub-jurisdicciones que conforman esta jurisdicción de la Administración Pública Nacional (Secretaría de Cultura y Secretaría de Comunicación y Medios) también presentan una reducción de sus gastos, a partir de ajustes clave que permitieron una disminución y un significativo recorte en los gastos corrientes y de capital.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo el mando y la conducción de Patricia Bullrich, presenta una reducción total de $112.180.052.520, gracias a dos reasignaciones claves. Por un lado, el Programa 55 (Fondo Especial de Asistencia para Emergencias), que contempla un recorte masivo de $100.000.000.000 en transferencias para ayudas sociales a personas y asignaciones familiares. Por el otro, el Programa 53 (Asuntos Penitenciarios), que implica una disminución significativa de $10.000.000.811 en gastos de personal y otros servicios adicionales.
En cuanto a las sub-jurisdicciones de esta cartera, el caso de la Policía Federal Argentina (PFA) despierta ciertas controversias, dado que el anexo especifica que “el total de gastos corrientes y de capital no se especifica, pero la sub-jurisdicción tiene contribuciones figurativas por 312,500,000 $”, donde el Programa 28 (Seguridad Federal) supone un significativo aumento en gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales y gastos de capital y el Programa 23 (Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina) presenta una reducción de la asistencia social al personal de esta Fuerza de Seguridad Federal.
Mientras tanto, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) registra una reducción de sus partidas presupuestarias por un total de $14.897.458.886, producto de tres significativas resignaciones: Programa 1 (Actividades Centrales), Programa 42 (Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional) y Programa 48 (Seguridad en Fronteras), que implica recortes en la asistencia social del personal, que en dos de los casos, se compensa parcialmente, a través de aumentos en bienes de consumo, equipo sanitario y alimentos.
Paralelamente, para el Servicio Penitenciario Federal (SPN) se registra y contempla un incremento presupuestario por $22.050.000.000, producto de un significativo aumento en los servicios básicos, impuestos, derechos, tasas, como así también juicios y mediaciones. La Prefectura Naval Argentina (PNA) experimenta, también, un incremento. En este caso, de un total de $4.929.317.318, producto de un aumento en los bienes de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparación de vehículos, impuestos, pasajes y viáticos; con contribuciones figurativas que alcanzan los $312.500.000.
El polémico caso de la Jurisdicción 45
Como adelantamos desde El Estratégico, el ajuste del Presupuesto 2025 introdujo modificaciones significativas en jurisdicciones claves. Dentro de ellas, se destaca la 45, que corresponde al Ministerio de Defensa, donde se presentan recortes que afectan, directamente, a las Fuerzas Armadas, incluyendo al alistamiento militar, los planes de modernización de la Fuerza Aérea Argentina (Programa F-16) y las operaciones conjuntas, bajo la órbita y la coordinación del Estado Mayor Conjunto (EMCO).
De acuerdo a la información del Gobierno Nacional, la Decisión Administrativa 23/2025 avanza en recortes significativos que afectan a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de equilibrar y financiar el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que se encuentra atravesando una crítica situación, que parece empeorar, cada vez más. El Programa 98 (Transferencias Varias) asignó $10.296 millones en transferencias corrientes al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que se produce como resultado de la reducción de gastos de capital de las Fuerzas Armadas.
De esta manera, cada sub-jurisdicción del Ministerio de Defensa detallada en el anexo – Sub-Jurisdicción Estado Mayor General del Ejército Argentino; Sub-Jurisdicción Estado Mayor General de la Armada Argentina; Sub-Jurisdicción Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina; Sub-Jurisdicción Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) – registra significativas reducciones, que contemplan severos recortes para las Fuerzas Armadas, ante la necesidad del propio Ministro de Defensa (Luis Petri) de recomponer y sanear IOSFA, ante la presión social y sindical.
En paralelo, la medida realiza una transferencia de créditos desde la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Defensa, en línea directa con el Decreto N°377/2025, donde se determinó transferir al Ministerio de Defensa la administración y custodia de la flota aérea presidencial. De esta manera, se modificó la estructura organizativa de la Presidencia, sustituyendo o suprimiendo responsabilidades de la Dirección de Coordinación Operativa de Medios Aéreos y Movilidad.
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