Los avances de la Comisión Investigadora $LIBRA de la Cámara de Diputados comienza a tener impacto en la gobernabilidad y legitimidad del Gobierno Nacional, ante el eco de las citaciones oficiales, de cara a las elecciones nacionales de octubre. Tras su relanzamiento, oficializado por la aprobación del proyecto de ley, presentado por el Diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la comisión ha avanzado, a paso firme, en sus tareas y funciones oficiales. Dichos avances, sin embargo, ya tienen impacto en el Gobierno Nacional, que tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires necesita consolidar su legitimidad y credibilidad, de cara a los comicios nacionales y los próximos dos años de gobierno.
Las citaciones de la Comisión Investigadora dejan eco y comienzan a tener efectos sobre el Gobierno Nacional, que preocupado por su estrategia electoral y partidaria, de cara a las elecciones legislativas nacionales; se inquieta por el funcionamiento de la comisión que, de hecho, había buscado empantanar y paralizar, lo cual había sido logrado con éxito, durante los últimos meses, hasta la aprobación del proyecto de ley que propuso modificar su reglamentación vigente. La reactivación de la comisión, que ya comienza a presionar a la Justicia Federal, tiene al Presidente de la Nación (Javier Milei) y su hermana (Karina Milei), como principales protagonistas, en el marco local.
En este sentido, dos funcionarios públicos habían sido citados por la mencionada Comisión Investigadora, presidida por el Diputado Maximiliano Ferraro. Ellos eran: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), y Florencia Zicavo, Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia. Cabe destacar que, Zicavo fue quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para investigar la criptoestafa $LIBRA, que luego fue disuelta por el Presidente de la Nación, vía decreto. La ausencia de Melik y Zicavo a la citación cobraría protagonismo. El periodista de investigación, Hugo Alconada Mon, reveló que Alejandro Melik se negó a recibir la notificación de citación y un oficial debió dejarla en la puerta de su despacho de la Oficina Anticorrupción. La ausencia de los dos funcionarios, convocados a la primera ronda de declaraciones, evidencia una baja predisposición y voluntad del oficialismo, para colaborar con la comisión en la investigación. Zicavo y Melik se notificaron ante el Presidente de la Comisión Investigadora, Maximiliano Ferraro, y argumentaron su ausencia alegando que el Congreso Nacional no tiene la facultad de intervenir en una investigación judicial en curso y determinando que sus citaciones podrían violar garantías constitucionales, como lo es el derecho a no declarar contra uno mismo.
Desde la Comisión Investigadora, le recordaron a los funcionarios citados que el reglamento de la misma, el cual fue aprobado la semana pasada, faculta a los legisladores a solicitarle, al juez competente, el auxilio de la fuerza pública para exigir la comparecencia de los funcionarios que se nieguen a asistir a citación, por voluntad propia. En esta misma línea, desde la Comisión Investigadora $Libra, se tomó la decisión de enviarle una nota al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a fin de solicitarle la asistencia de los funcionarios mencionados, quienes actúan bajo su órbita, en la próxima reunión de comisión. Los legisladores anunciaron que, en caso de que dicha solicitud sea desatendida, se recurrirá a la citación compulsiva, con la intervención y el apoyo de la justicia.
Una citación que alerta al Gobierno Nacional
Tras la ausencia de Melik y Zicavo a la citación, la Comisión Investigadora centra su atención en Karina Milei. De esta manera, se busca citar a la Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina, quien es investigada por la Justicia Federal, en el marco de la investigación judicial activa, y es mencionada en el proceso judicial que tramita en la Justicia Federal de Estados Unidos, a pesar de no ser investigada oficialmente. De hecho, en la ampliación de la class action (demanda colectiva), la defensa consignó los registros oficiales que muestran que Karina Milei fue quien autorizó el primer ingreso de Hayden Davis, desarrollador de $LIBRA, a la Casa Rosada, que desde entonces, se repetiría en otras ocasiones.
Sin embargo, eso no es todo. La defensa también había logrado obtener conversaciones de Davis, donde éste afirmaba que controlaba al Presidente de la Nación, a través de la figura de su hermana. Los legisladores de la Comisión Investigadora sospechan que Karina Milei podría haber recibido dinero, a cambio de la publicación del token realizada por el Presidente de la Nación, quien lo dio a conocer y lo difundió, a través de sus redes sociales, el 14 de febrero. A ello, se debe sumar que, tras los últimos escándalos de corrupción en el Gobierno Nacional, la hermana del Presidente enfrenta denuncias públicas de empresarios que la acusan de cobrar una tarifa para facilitar el acceso al primer mandatario.
Por todo ello, la citación de Karina Milei resulta crucial, teniendo en consideración el rol y la participación de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina en el caso $LIBRA, para el cual se deben tomar los casos citados como antecedentes cruciales. La hermana del Presidente de la Nación deberá presentarse antes del 26 de octubre, fecha fijada para las elecciones nacionales. Si bien la comparecencia fue fijada para antes de ese día, se determinaron dos posibles fechas entre las que la hermana del Presidente podrá elegir para su citación: el 23 o 30 de septiembre. En caso de no hacerlo, los legisladores se ofrecieron a interrogarla, directamente, en la Casa Rosada, siendo el último recurso la asistencia de la justicia para garantizar su comparecencia por la fuerza pública.
A la vez, se conoció que la comisión avanzará con la notificación de otras citaciones, en una nueva ronda de declaraciones oficiales Entre ellas, se encuentran la citación de Manuel Adroni (Vocero Presidencial); Sergio Morales (ex asesor de la Comisión Nacional de Valores); Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, empresarios vinculados al Presidente de la Nación y a los creadores de la criptomoneda $LIBRA (Hayden Davis y Julian Peh). Aunque aún queda definir la fecha de citación de cada cual.
Los avances que preocupan y alarman al oficialismo
El día de ayer, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra se reunió y avanzó en medidas de prueba iniciales y citación de funcionarios. En este sentido, el testimonio que se escuchó fue el de Luis Francisco Villanueva, exsubsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, quien explicó que el organismo “no analizó cuestiones que eran muy claras” y tampoco “tomó ni una sola declaración testimonial, cuando la OA está facultada para hacerlo”. Por su parte, José Mazzoni, primer titular de la Oficina Anticorrupción, que también había sido citado, no pudo asistir por motivos de salud, aunque envió un escrito en el que cuestionó el accionar del Presidente, en su carácter de primer mandatario.
A la vez, a instancias del Diputado Oscár Agost Carreño, se tomó la decisión de ampliar el pedido de informes a una serie de billeteras virtuales, con el objetivo de identificar a los participantes y los montos de liquidez, utilizados en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA aquel 14 de febrero. Asimismo, se buscará rastrear las 109 transferencias en las que figuran Davis, Terrones Goody y Novelli. Por lo que, se solicitó oficio a diferentes billeteras virtuales, con el objetivo de conocer el vínculo con la criptomoneda. Dentro de los avances de la comisión, también es posible destacar el envío de un cuestionario escrito al Presidente de la Nación, Javier Milei. Sin embargo, dichas preguntas aún no han sido respondidas por el primer mandatario.
Más allá de lo mencionado, en el marco del último encuentro, también se ha tomado la decisión de conformar una Sub-Comisión de cinco diputados, que se constituirá en los juzgados de María Romilda Servini de Cubría y podrá tener contacto directo con la causa penal que radica en Comodoro Py y está a cargo de la Jueza Federal, María Servini, y el Fiscal Federal, Eduardo Taiano. Se decidió que la misma está formada por Yolanda Vega (Innovación Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria), Oscár Agost Carreño (Encuentro Federal) y Fernando Carbajal (Democracia). El oficialismo y sus aliados se ausentaron en la reunión de comisión. Por su parte, la presencia de Vega sorprendería pero, de esta manera, la oposición sumaría un integrante y quedaría conformada por 15 legisladores, frente a los 13 diputados aliados al Gobierno Nacional, hecho que, sin dudas, alarma al oficialismo ante la investigación de un caso que compromete al Presidente de la Nación y ha puesto en tela de juicio su credibilidad y gobernabilidad, alterando la confianza pública en La Libertad Avanza.
En este sentido, cabe resaltar, que el reciente escándalo de corrupción en el Gobierno Nacional, desatado como resultado de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien menciona la existencia de una presunta estructura y red de corrupción, en este ámbito, liderada por Karina Milei; socava y debilita, aún más, la confianza y credibilidad en el Gobierno Nacional, que prometía zanjar la corrupción en la administración pública y acabar con la “casta política”. A ello se le debe sumar, la derrota electoral de La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses, que afecta la gobernabilidad del oficialismo, quien se enfrenta a una sucesiva pérdida de aliados parlamentarios y provinciales, con un socavado poder de negociación, que deberá ser reestructurado y reconfigurado, de cara a octubre, si el Gobierno busca una victoria electoral.
La confianza, legitimidad, credibilidad y gobernabilidad del Gobierno Nacional se medirán el próximo 26 de octubre en las urnas, cuando los argentinos deberán demostrar qué tanto impacto ha tenido el avance de la investigación por la criptoestafa $LIBRA, con el impulso de la comisión, en la que el Presidente y su hermana son los principales señalados, en medio de unos meses signados por escándalos de corrupción dentro del oficialismo y tensiones internas, con menos aliados políticos y parlamentarios. En este escenario, el Gobierno busca recomponer su relación con los gobiernos provinciales y concretar una mesa de diálogo federal, que ya ha sido rechazada por algunos gobernadores, socavando, aún más, el débil y frágil poder de negociación del oficialismo, que intenta sostener su agenda y plan de gobierno, de cara a los próximos dos años de mandato.
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