Ante la sobrepoblación de detenidos y la crisis penitenciaria que está atravesando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno Nacional fue consultado sobre el plan y la estrategia del Ministerio de Seguridad Nacional para abordar esta problemática. Resulta que, en el marco del nuevo informe de gestión, elaborado y presentado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, la semana pasada; la oposición le consultó al Gobierno cuáles son las principales líneas de acción del Ministerio, conducido por Patricia Bullrich, para abordar la sobrepoblacion de detenidos en la Ciudad de Buenos Aires.
Por medio de la Pregunta N°1114, desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) se le consultó a la actual administración acerca de la existencia de “algún plan concreto para la ampliación, construcción o modernización de cárceles federales que alojen detenidos de la Ciudad”, ante la crisis penitenciaria que la misma está enfrentando. En tal caso, se busca conocer cuáles son los plazos, como así también el presupuesto asignado. Además, se consultó acerca de acuerdos o mecanismos de coordinación, existentes a día de hoy, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “respecto de la administración y financiamiento de los lugares de detención”. Finalmente, se busca saber qué acciones se están llevando a cabo, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, para resolver la demora en los trasladados de las detenciones de las comisarías a las correspondientes unidades penitenciarias.
El sistema penitenciario en jaque
Desde El Estratégico, hemos estado adelantando la crisis del sistema penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en jaque desde hace meses, ante los recurrentes intentos de fuga de los prisioneros y detenidos, en las dependencias policiales de la Capital Federal. Cabe recordar, de hecho, que la situación llevó, incluso, a que la Justicia de la Ciudad emitiera un polémico fallo ordenando al Servicio Penitenciario Federal la recepción de más de 400 detenidos y condenados, que se encontraban alojados en comisarías y alcaldías de la Ciudad.
Ello desató una escalada de tensiones entre Nación y CABA, que incluyó una confrontación directa entre la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ante el habeas corpus de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que tensaría las negociaciones de transferencia de detenidos y desataría las críticas de la opinión pública, por el manejo de la crisis carcelaria y penitenciaria.
En ese entonces, el Ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia resaltaba la importancia y la necesidad de un acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, donde se incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local para que la Ciudad asuma las competencias de alojar detenidos nacionales. “Hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal” afirmaba el funcionario.
Mientras Bullrich acusaba al Gobierno porteño de manejar pésimamente la situación y Macri sostenía que la administración nacional no cumplía con sus compromisos en la materia; la situación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires empeoraba cada vez más, con una crítica sobrepoblación de detenidos y recurrentes intentos de fuga. De hecho, mientras los detenidos continuaban intentando fugarse de las cárceles, la conducción política no lograba ponerse de acuerdo en cuanto a la transferencia de competencias, lo que detonó en un claro desafío político que tardaría en ser resuelto.
La respuesta oficial del Ministerio de Seguridad Nacional
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, en respuesta de la Pregunta N°1114, informaron que durante el corriente año hasta la fecha, alrededor de 2.400 personas privadas de la libertad que se encontraban alojadas bajo jurisdicción de la Policía de la Ciudad han sido ingresadas a la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPN), en respuesta al pedido del Jefe de Gobierno porteño. En los últimos cinco años, la cifra de detenidos en alcaidías y comisarías porteñas había crecido abruptamente, siendo para el mes de marzo de 2.450 detenidos. En ese entonces, la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con capacidad de 1.000 plazas, acogía a 1.450 detenidos más de los que debería, lo que le costó $70.161 millones al gobierno porteño, en el último año. No obstante, esta situación fue resuelta por Nación al albergar e ingresar a los 2.450 detenidos dentro del Servicio Penitenciario Federal.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Nacional dio a conocer que, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el mando del PRO, asumió el compromiso, en el año 2018, de “construir el nuevo Complejo Penitenciario Federal para ser puesto a disposición de la Nación mediante el convenio marco celebrado el 12 de marzo de 2018 entre el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado”. El convenio, aprobado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese mismo año, no se ha aplicado hasta la fecha.
De hecho, el plazo de entrega del nuevo complejo penitenciario, acordado por el convenio, era el 27 de diciembre de 2020. Sin embargo, con el inicio de la pandemia la construcción del complejo fue suspendida y la obra se vio paralizada, de forma unilateral, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta la fecha, no ha concluido. De acuerdo a la información oficial, el Gobierno de la Ciudad reanudó la construcción del Complejo Penitenciario Federal con capacidad para 2.240 plazas, a fines del año pasado, en la localidad de Marcos Paz.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que el 12 de diciembre de 2024 tuvo lugar la celebración de un acta de entendimiento con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para acordar “la transferencia de las competencias del servicio penitenciario de ejecución de las penas privativas de la libertad y custodia y guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por su parte, la cartera ministerial también informó y dio a conocer que para el ingreso de los detenidos alojados en las dependencias de la Policía de la Ciudad, en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, se ha estado priorizando a las personas detenidas con condena firme, cuya nómina debe ser informada, de forma semanal, por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; como así también mujeres y personas transgénero; y condenados, cuya condena no se encuentre firme pero este en situación procesal resuelta.
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