A través de la Resolución Conjunta 3/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones oficializaron un nuevo protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos. El mismo busca incorporar criterios unificados de actuación para el personal de las Fuerzas Policiales, de Seguridad Federales y de la Dirección Nacional de Migraciones.
Con el objetivo de fortalecer la articulación entre fuerzas, la Resolución responde a una necesidad crítica: en los últimos trece años, la trata de personas se ha complejizado, adoptando modalidades más sofisticadas de captación, traslado y explotación. Por ello, el protocolo busca no sólo prevenir el delito, sino también garantizar la protección integral de las víctimas que muchas veces son invisibilizadas en los flujos migratorios.
La importancia de cuidar las fronteras
El protocolo considera la situación fronteriza de Argentina como un enclave estratégico nodal para el despliegue de políticas de prevención, detección temprana e investigación en torno a la trata de personas. Principalmente, porque Argentina cuenta con un extenso perímetro fronterizo de 14.493 km en su porción continental americana, con 237 pasos fronterizos distribuidos en puntos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos.
Según el Ministerio de Seguridad, estos pasos presentan una gran diversidad en infraestructura y volumen de tránsito, incluyendo desde complejos internacionales de alto flujo hasta cruces de menor tránsito, estacionales o de difícil acceso. Esta diversidad, junto con las dinámicas culturales y sociales como la movilidad de comunidades indígenas o el Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), y factores externos como crisis económicas o desastres naturales, configuran “un escenario complejo que puede suponer zonas de origen, tránsito o explotación de víctimas de trata”.
En este contexto, el control migratorio y la gestión integral de fronteras son ejes fundamentales para la detección temprana de la trata de personas, ya que “los pasos fronterizos son espacios idóneos para identificar situaciones de vulnerabilidad, irregularidades documentales o patrones de desplazamiento que requieran intervención”. “Además, es posible que las víctimas que ya están siendo explotadas sean trasladadas o transportadas para continuar siendo explotadas en otros lugares geográficos”, destaca el protocolo.
Definiciones jurídicas
El actualizado protocolo establece ciertos márgenes jurídicos para comprender aún más la complejidad de la trata de personas. En principio, establece las directrices fundamentales para la protección y restitución de los derechos de las víctimas de trata de personas, basándose en los principios asumidos por el Estado argentino, que se rigen por varios enfoques clave, como el de Derechos Humanos, que garantiza la dignidad y el respeto de toda persona sin importar su situación migratoria o el centrado en las víctimas, que prioriza sus necesidades, experiencia y autonomía.
Complementariamente a estos enfoques, el protocolo se fundamenta en principios esenciales, como el Principio de No Revictimización, de no criminalización, de no devolución, para asegurar una respuesta integral, humanitaria y protectora ante el delito de trata de personas. Además, define a la trata de personas como “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o la acogida de personas con fines de explotación, tanto dentro del territorio nacional como hacia o desde otros países” (Artículo 2 – Ley N° 26.364 y su modificatoria (Ley N°26.842).
Autoridades de aplicación del protocolo
El Ministerio de Seguridad establece que el nuevo protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos será implementado por diversas autoridades en el país, siendo la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) el órgano de aplicación principal. Incluye también a las Fuerzas Federales de Seguridad, ya que “desempeñan una labor fundamental en la detección temprana de posibles víctimas, la interrupción de redes criminales y la protección de personas vulnerables en los pasos fronterizos”.
Añade la actuación de las Policías Migratorias Auxiliares, destacando que Migraciones puede delegar el ejercicio de sus funciones y facultades en las instituciones que conforman la Policía Migratoria Auxiliar, así como en otras autoridades nacionales, provinciales o municipales. La Policía Migratoria Auxiliar está integrada específicamente por la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina.
A su vez, deben considerarse cruciales en la aplicación de este nuevo protocolo las unidades especializadas de lucha contra la trata de personas, como el Departamento Antitrata y Tráfico Ilegal de Personas de la Gendarmería Nacional Argentina; la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; el Departamento Investigaciones Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina; y el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.
Te puede interesar: El Ministerio de Seguridad refuerza el control fronterizo con un nuevo protocolo contra la trata de personas
