Tras la filtración de un nuevo informe elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde se revela que el organismo habría estado monitoreando actividades de dirigentes opositores, organizaciones sociales y centrales sindicales; la SIDE y Sergio Neiffert, su Director Ejecutivo, vuelven a estar bajo la lupa. Desde hace tiempo, el organismo de inteligencia y su Director han estado en el centro de la esfera pública por varias polémicas: aumento de las partidas presupuestarias y de los gastos reservados, Plan de Inteligencia Nacional (PIN), contratos secretos con lobbistas estadounidenses, entre otros. Ahora, con la filtración de este informe develado a la prensa, la SIDE y Neiffert vuelven a estar bajo la lupa, en el centro de la escena.
Luego de que se filtrara el informe elaborado por la SIDE, donde se detalla que la Secretaría que dirige Sergio Neiffert monitorea, elabora reportes y realiza actividades de espionaje a opositores, sindicatos, gremios y organizaciones sociales, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, presidida por el Senador Martín Lousteau (UCR), fue convocada para el próximo martes 12 de agosto, cuando se reunirá para evaluar la legalidad del trackeo de información al que accedió el periodista de investigación Hugo Alconada Mon. De acuerdo a las estimaciones, la información filtrada podría ser, simplemente, un mero indicio de un monitoreo de mayor alcance.
De acuerdo a la periodista Irinia Hauser, la Comisión examinará las actividades de la Secretaría, en función de las disposiciones que regula la “Ley de Inteligencia Nacional” (Ley N°25.520), donde se determina la prohibición de “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. De hecho, de acuerdo a la periodista, el informe filtrado “versa sobre reuniones mantenidas entre dirigentes políticos de alto perfil. Se nutre de información pública. Parece un informe periodístico. Recolecta datos sobre planificación de actividades de organizaciones sociales, sindicales, partidos de izquierda y hasta de jubilados”.
Según trascendió, la Secretaría de Inteligencia del Estado habría estado monitoreando y recolectando información detallada sobre figuras políticas del espectro opositor como Sergio Massa, Axel Kicillof, Néstor Grindetti, Máximo Kirchner, Facundo Manes y Guadalupe Tagliaferri, entre otros. En este sentido, se estima que también se monitorearon reuniones y encuentros del Partido Justicialista Bonaerense, La Cámpora, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires. De igual manera, un pasaje del informe, señala: “el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino mantiene paros escalonados en las fábricas Fate, Bridgestone y Pirelli”, lo que evidencia que el monitoreo y el espionaje también incluye a las actividades del sector privado y de los sindicatos.
La filtración de este informe pone, nuevamente, de relieve los límites de la inteligencia nacional, bajo el funcionamiento del sistema democrático. El encuentro de la Comisión Bicameral de Inteligencia será, en este sentido, crucial para determinar si las acciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado revisten algún grado de ilegalidad y traspasan los propios límites del sistema de inteligencia nacional, determinado por la propia ley. Cabe recordar, al respecto, que el jefe de los espías, ya había descartado, en el pasado, las acusaciones de espionaje a periodistas y opositores políticos, en defensa del PIN, en el marco de un encuentro reservado con los legisladores de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Implicancia del monitoreo a opositores, gremios y colectivos sociales
El monitoreo y la vigilancia a opositores políticos, gremios, sindicatos y colectivos sociales, como los jubilados, despierta polémica en la opinión pública, que desconoce, en su mayoría, los límites y el alcance del sistema de inteligencia nacional, y genera preocupación sobre la privacidad, la intimidad y las libertades civiles, en la propia sociedad democrática. El Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aprobado por el Presidente, Javier Milei, revelado por Hugo Alconada Mon, detalla claramente como “objetivos estratégicos” de los servicios de inteligencia nacionales, la vigilancia de los políticos, periodistas, movimientos sociales y economistas.
La recopilación de información, el monitoreo, la vigilancia y el espionaje de los individuos por su opinión política o su pertenencia a una organización partidaria, social, sindical o comunitaria, tal como determina la Ley N°25.520 está terminante prohibido en la Argentina. “Están espiando opositores con tu plata. Desde el año pasado venimos alertando sobre el uso de la SIDE como herramienta de persecución. Esto es inadmisible en democracia” expresó el Diputado Nacional (UCR), Pablo Juliano, en sus redes sociales. De esta manera, la SIDE que, en su PIN no contempla la rendición de cuentas, incurre en un borroso y difuminado límite entre la legalidad y la ilegalidad, que coloca al organismo de inteligencia nacional y al “Señor 5”, nuevamente, bajo la mira.
¿Qué implica que la Comisión Bicameral intervenga en la investigación sobre el accionar de la SIDE?
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, regulada por la Ley de Inteligencia Nacional, tiene la función de supervisar a todos aquellos organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional, “con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional” (Art.32).
Por ello mismo, la Comisión, a día de hoy, presidida por el Senador de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio. Por lo que, a su requerimiento, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o la documentación que la misma solicite, en el marco de sus funciones y facultades. Sin lugar a dudas, la revelación periodística publicada por Hugo Alconada Mon en “LA NACIÓN”, el pasado fin de semana, encendió las alarmas en la esfera política y en la Comisión Bicameral, que ya había mantenido un encuentro reservado con Sergio Neiffert, donde el titular del organismo de inteligencia del Estado argentino expuso por dos horas, ante los miembros de la Comisión Bicameral.
La reacción institucional de la Comisión, que convocó un encuentro para la próxima semana, podría derivar en pedidos de informes y una nueva citación, con nuevos cruces y tensiones entre el oficialismo y la oposición. De hecho, el Diputado Juliano reiteró el pedido que había hecho en el mes de mayo para citar e interpelar al jefe de los espías y solicitó el acompañamiento de todas las bancadas opositoras para esta iniciativa. De cara a ello, el interrogante, ahora, es si los aliados del Gobierno facilitarán este proceso de investigación contra la SIDE, en el marco del Congreso, o si el oficialismo, en su defecto, buscará bloquear el funcionamiento de la Bicameral, en medio de la campaña electoral para los comicios de medio término en la provincia de Buenos Aires, pactados para dentro de un mes.
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