El Diputado Nacional, Gerardo Milman (PRO), ha presentado un proyecto de declaración donde advierte su preocupación por el crecimiento de los ciberataques y las vulneraciones de ciberseguridad contra las agencias gubernamentales en la República Argentina. En su proyecto, el Diputado Milman junto a la Diputada Nacional Silvina Giudici (PRO), expresaron “su preocupación por los constantes ataques informáticos y vulneraciones de ciberseguridad sufridos por diversos ministerios, organismos públicos y entes estatales de la República Argentina en los últimos años”. Dado que, en múltiples circunstancias y ocasiones, estos ataques han puesto en riesgo la integridad de las bases de datos oficiales, el funcionamiento del Estado Nacional, la soberanía tecnológica nacional y en última instancia, la privacidad de los propios ciudadanos.
De esta manera, se busca instar a las autoridades competentes a reforzar y fortalecer las medidas de prevención, detección y respuesta ante los ataques cibernéticos, como así también a implementar y adoptar estándares internacionales de ciberseguridad para el cuidado y la preservación de la infraestructura pública, garantizando la protección de la información crítica del Estado y así también de los datos personales de la ciudadanía. Los diputados buscan evidenciar la preocupación institucional del Congreso de la Nación frente a la creciente frecuencia y gravedad de los ciberataques y las amenazas informáticas dirigidas contra dependencias y agencias del Estado Nacional, dentro de las cuales muchos de ellas han implicado la filtración, el secuestro o incluso la destrucción de información sensible y crítica.
En el proyecto de declaración, los legisladores mencionan y destacan los casos más trascendentales de ciberataques contra agencias gubernamentales que han tenido lugar en nuestro país, desde el 2020, donde se resalta el ataque al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en 2021, que generó una filtración de más de 60 mil datos; la filtración de datos de los afiliados de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA); el secuestro virtual de los datos del PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) y el hackeo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de 2024, que terminaría provocando la pérdida de información en el Centro Atómico Bariloche. Incluso se resaltó que, en mayo del corriente año, se abrió una investigación por un posible acceso ilegal a datos de aproximadamente 50.000 agentes del Ejército Argentino.
El proyecto menciona que, de acuerdo a un informe de Fortinet, tal como adelantamos desde El Estratégico, tan solo en el primer trimestre de 2024 la Argentina recibió más de 260 millones de intentos de ciberataques, consolidando su posición como el tercer país de América Latina con más ciberataques. Los legisladores comprenden que “estos hechos ponen de relieve vulnerabilidades persistentes en la infraestructura digital del Estado, con potenciales impactos sobre la privacidad ciudadana, el funcionamiento institucional y la seguridad nacional”. Si bien en el texto, se destaca la creación del programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (ForCIC), impulsado por el propio Ministerio de Seguridad Nacional para “mejorar las capacidades de prevención, detección e investigación de delitos informáticos”, se reconoce que la falta de inversión sostenida, junto a la obsolescencia de los sistemas vigentes y la fragmentación existente en torno a las políticas de ciberseguridad han dejado a muchas dependencias y agencias estatales, en situación de extrema vulnerabilidad, ante las nuevas amenazas digitales. El texto recalca que a ello se le debe sumar la escasa cultura organizacional que existe, en torno a la seguridad digital y el bajo cumplimiento de los protocolos de protección.
Teniendo en consideración, que “los ciberataques representan hoy una amenaza directa a la seguridad nacional, afectando no solo a estructuras administrativas, sino también a áreas sensibles como defensa, salud, justicia, finanzas, y registros de identidad”, el proyecto contempla que a la Honorable Cámara de Diputados le corresponde expresar su preocupación ante los reiterados incidentes cibernéticos e informáticos. Por ello, insta a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias, de manera urgente, coordinada y sostenida. “La filtración de bases de datos personales, la exposición de expedientes judiciales o la manipulación de sistemas de control estatal, no sólo erosionan la confianza pública, sino que debilitan al propio Estado frente a actores criminales o intereses externos” concluye el texto presentado por el Diputado Milman y la Diputada Giudici a la Presidencia de la Cámara de Diputados.
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