El fin de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley N°27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), aprobada por el Congreso Nacional el pasado año, ya es un hecho. La ley, que entró en vigencia el día 8 de julio de 2024, cuando fue publicada en el Boletín Oficial, declaraba la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa y energética por el plazo de un año, y delegaba ciertas facultades al Poder Ejecutivo, en el marco de dicha emergencia.
El plazo contemplado de un año vencía, precisamente, el pasado martes, cuando el Gobierno Nacional debió despedirse de las facultades delegadas. La Ley 27.742, sancionada por el Congreso de la Nación, delegaba en el Poder Ejecutivo Nacional una serie de facultades dispuestas en materia de administración y de emergencia, en cumplimiento de los términos del Artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
Esta habilitación excepcional y limitada, por el plazo de un año, otorgada por el Congreso Nacional permitía que el Poder Ejecutivo pueda tomar cierto tipo de decisiones por decreto, que de carácter general le corresponden al Poder Legislativo, es decir, al Congreso. Las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo permitían la toma de decisiones en materia económica, financiera, administrativa y energética, a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), por el período de un año, en consideración de la emergencia pública declarada.
De acuerdo a las estimaciones realizadas, el Poder Ejecutivo emitió alrededor de 65 decretos, en el marco de las facultades delegadas de la Ley Bases, que reglamentaron cambios sustanciales en diversas áreas, dentro de las cuales se destaca la Administración Pública Nacional (APN). Entre estos decretos se destacan especialmente los de disolución y fusión de organismos públicos, los de disolución de fondos y fideicomisos públicos y el de las reformas en las Fuerzas de Seguridad. La reorganización administrativa es uno de los pilares clave para comprender la aplicación y ejecución de esta ley en la práctica.
En las últimas semanas, de cara al fin de las facultades delegadas, el Gobierno aceleró las reformas y los ajustes, en consideración de la emergencia pública. De esta manera, se decretó la reforma del sistema energético nacional, a través de la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas); la disolución de Vialidad Nacional; la reforma y reestructuración de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Sistema Penitenciario Federal (PNF); las disoluciones y fusiones en salud; los cambios y modificaciones para el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en un intento de consolidar el Plan de la Motosierra, antes del vencimiento de las atribuciones especiales y limitadas.
El impacto del fin de las facultades delegadas en el Gobierno
Las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo tiene un severo impacto en el Gobierno Nacional, que en este último año, ha buscado intensificar y consolidar un proceso de reorganización y reestructuración del aparato estatal, y ha ejercido el poder recurriendo al uso de decretos. El rol del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, bajo el mando de Federico Sturzenegger, y del Ministerio de Economía, con Luis Caputo a cargo, fueron sustanciales en este proceso, impulsado por el propio Presidente de la Nación, Javier Milei.
El vencimiento de las facultades delegadas, en el marco de la Ley Bases, prevé un profundo cambio en el esquema de gobernabilidad de la gestión actual. Sin embargo, si bien el impacto del fin de las facultades delegadas resulta severo para el Poder Ejecutivo, este ya aseguró que no las solicitará nuevamente. Aunque, luego de las elecciones de medio término, pactadas para el mes de octubre, la postura del Gobierno puede cambiar sustancialmente, dependiendo de los resultados de los comicios.
En este sentido, la sanción de una nueva ley de facultades legislativas delegadas es una de las posibilidades que se abre para la administración gubernamental, en caso de una derrota electoral o en su defecto, ante una victoria, con un bloque más fortalecido en el Congreso, lo que le permitiría renovar las facultades delegadas, de manera ampliada. Otra posibilidad que se esboza de cara al futuro es que el Gobierno busque ampliar sus facultades, en campos y materias específicas para abordar temáticas más particulares.
Hasta tanto, la ausencia de las facultades extraordinarias obliga al Poder Ejecutivo a negociar las reformas que busque realizar en el ámbito del Congreso Nacional, una por una. Ello en medio de la tensión y la presión de los bloques opositores y los gobernadores, con quienes la relación pareciera estar, cada vez, más tensionada, ante la exigencia de una recomposición de la coparticipación y de fondos para las obras viales. Mientras que paralelamente, se estima que el Ministro Sturzenegger planea seguir avanzando en el programa de desregulación y recorte del gasto público, vía decretos y resoluciones ordinarias.
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