El Gobierno Nacional anticipó que realizará un nuevo llamado a licitación para la concesión de la Hidrovía, espacio estratégico que la Argentina comparte con otros países de la región, donde se aglomeran el 80% de las exportaciones nacionales. Luego de una fallida primera experiencia, el Gobierno volverá a intentar la concesión para el mantenimiento y dragado de la Hidrovía, con una semi-privatización de la misma, en medio un intenso e importante año electoral y tras la súbita cancelación del primer pliego realizado por la administración gubernamental, que recibió severas críticas y cuestionamientos judiciales.
El fracaso del primer proceso de licitación fue un golpe, sumamente, duro para el oficialismo, que no pudo domesticar a los grupos de presión y el establishment nacional. Por lo que, ante la apertura de una nueva licitación para la concesión de la vía navegable, el Presidente de la Nación, Javier Milei, decidió anticiparse e involucrarse en el tema. Por ello, Milei le ordenó a Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (AGP), a negociar un proceso de auditorías externas con la Oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), para evitar cualquier tipo de nuevos cuestionamientos y críticas. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación señaló la importancia de llamar a una nueva licitación pública, nacional e internacional, para determinar la concesión de la Hidrovía, “teniendo en cuenta la trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y la función para el transporte y el comercio regional e internacional”.
Sin embargo, con los antecedentes del primer pliego, en el cual el Gobierno Nacional alega haber sufrido un boicot empresarial-judicial y mediático, el Presidente le solicitó a sus colaboradores y funcionarios minimizar los riesgos y asegurarse un proceso, sin complicaciones ni trabas judiciales. Sin embargo, el acuerdo entre el Estado argentino y UNCTAD, que regula el proceso de auditorías externas para el proceso de apertura de las licitaciones para la concesión de la Hidrovía, fue firmado, inicialmente, durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). En ese momento, bajo el mando de su Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, pero el mismo no se había puesto en marcha sino hasta ahora. Según se conoció, estaba en las intenciones del ex-Presidente, Mauricio Macri, otorgarle a la empresa Boskalis Dredging International, el control de la Hidrovía, aunque ello fue frenado por el actual gobierno, que busca alejar a Macri del ciclo de las negociaciones. Así lo demostró Santiago Caputo, con el siguiente tweet.
Por otra parte, pareciera que el proceso de auditorías externas, anunciado por el Gobierno Nacional, no fue bien percibido por el empresariado y el establishment argentino, quienes ya están cuestionando la fidelidad de la auditoría, al entender que “si hacen un buen pliego, no necesitan que nadie los examine”. Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación explicaron que “confiamos en nuestro proceso, por eso le pedimos a la entidad más imparcial y objetiva que nos audite. El que tenga ganas de hacer daño siempre va a buscar la forma de hacerlo, incluso si el pliego es el más transparente”.
La estrategia del Gobierno Nacional
Con los precedentes, el Gobierno no quiere nuevas operaciones empresariales o boicots, por parte de los sectores económicos y el empresariado argentino y busca minimizar el daño interno y externo, ante este nuevo proceso licitatorio. La estrategia del Gobierno, en este sentido, implica la conformación de una “Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal” que incluye la participación del sector público y privado y los sectores y actores involucrados en la concesión de la Hidrovía, con el objetivo de escuchar las demandas y pedidos de cada área involucrada en el proceso. El fin último es evitar nuevos cuestionamientos y que la licitación pueda realizarse, sin inconvenientes ni traba alguna.
Por ello, se estima que el próximo 23 de julio, la AGP llevará a cabo un nuevo encuentro con las partes interesadas, en función de consensuar un proceso licitatorio, validado por todos, y sin obstáculos para su desarrollo, lo que permitirá avanzar con el pliego, en cuestión. Al encuentro, con sede en Entre Ríos, asistirán empresarios, universidades, referentes de entidades de regulación del comercio, técnicos y ambientalistas, entre otros. El Gobierno también convocó a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a las mesas de diálogo, como así también a los Estados provinciales que atraviesan la vía navegable. Con el fin de que no vuelva a suceder lo mismo que en el anterior proceso de licitación, el Gobierno optó por una Mesa de Diálogo en el que participen todas las partes involucradas. Por ello, se buscará poner en valor los pedidos y las demandas de cada uno de todos estos sectores involucrados en el negocio.
Según se pudo conocer, las cámaras del sector presentarán un comunicado que aboga y solicita el desarrollo de un proceso dinámico, sin contratiempos ni trabas, que llevará la firma de la Cámara de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras entidades que también se mostraron dispuestas a colaborar.
Es importante resaltar que, el nuevo llamado a licitación se realizará luego de las elecciones legislativas nacionales, pactadas para el mes de octubre, en las que el Gobierno Nacional busca consagrarse e imponer su agenda legislativa en el Congreso de la Nación, sumando nuevas bancas y espacios de discusión legislativa. El objetivo del Gobierno es que la concesión sea con riesgo 100% privado. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo desreguló el tránsito por la cuenca del Río Paraná y ya ha prometido reducir los costos logísticos al respecto.
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