En el marco del proceso de reformas estructurales que atraviesa el sistema de Seguridad federal, el Gobierno nacional tendría previsto dictar un decreto que modifica integralmente la Ley N° 26.102, norma que regula el funcionamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Aunque aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, el texto al que El Estratégico pudo acceder anticipa una reforma ambiciosa que redefine misiones, estructura y competencias de la fuerza.
Los cambios surgen en línea con nuevas demandas operativas y compromisos internacionales, pero también una reestructuración estatal impulsado por el actual gobierno argentino. Este tipo de medidas forman parte de un plan más amplio de reorganización administrativa en el marco de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilita al Ejecutivo a modificar la estructura del Estado en el marco de la emergencia pública.
Misiones estratégicas y nuevos alcances
Según el decreto, la PSA pasaría a consolidarse como la autoridad superior en materia de seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos, con intervención directa en delitos complejos como terrorismo, narcotráfico y contrabando. El nuevo alcance se asemeja al cambio de Estatuto de la Policía Federal Argentina, orientado a la investigación de delitos complejos como el crimen organizado.
Además, adquiriría competencias exclusivas en la aplicación de tratados internacionales como el Anexo 17 del Convenio de Chicago, asumiendo la totalidad de los estándares de “security” (seguridad frente a actos ilícitos). También se sumarían funciones ampliadas, como la prevención e investigación de delitos en espacios públicos digitales sin orden judicial previa (redes sociales abiertas, sitios públicos), bajo resguardo de derechos fundamentales, o la supervisión integral de cargas, pasajeros, aeronaves y terminales ante situaciones críticas (apoderamientos ilícitos, sabotajes, amenazas de bomba).
Este nuevo rol proyecta a la PSA como una fuerza especializada con alcance nacional, cuyas funciones podrían exceder progresivamente el ámbito aeroportuario ante situaciones excepcionales. Por ejemplo, destaca que la PSA podrá brindar otros servicios de seguridad interior, a requerimiento del Poder Ejecutivo Nacional, y asumir la responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte.
Reestructuración interna y jerarquía
El decreto propondría una reorganización profunda, lo cual podría impactar en la carrera y el control del personal de la PSA de diversas maneras. Más que nada, porque introduce cambios en la estructura jerárquica, las funciones, el régimen de formación, los beneficios previsionales y el sistema de control disciplinario.
La carrera se dividiría en tres perfiles: Seguridad Aeroportuaria Preventiva, Seguridad Aeroportuaria Compleja y Técnico-Profesional. Se institucionaliza también el cargo de Subdirector Nacional, fortaleciendo la conducción bicéfala de la fuerza con rango equivalente a subjefaturas de otras fuerzas federales.
En principio, se incorporaría el grado de Comisionado Inspector, cubriendo vacíos jerárquicos intermedios, y la figura de Cadetes como personal en formación sin estado policial. Además, el acceso a cargos de conducción exigirá título universitario, con excepciones reglamentadas.
Se crea también un nuevo Agrupamiento Técnico-Profesional, compuesto por personal con conocimientos especializados no necesariamente orientados al despliegue operativo. Puntualmente, para responder a la necesidad de contar con perfiles técnicos para tareas complejas de análisis, peritaje, ciberseguridad o logística.
Supervisión externa y control disciplinario: puntapié crucial
Uno de los aspectos más innovadores de la futura norma es la creación de un órgano de control policial externo, que dependería directamente del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta dirección incluiría un Tribunal de Disciplina Policial, como órgano que juzgará faltas graves y muy graves del personal; la Defensoría de la PSA, organismo que garantizará el debido proceso administrativo; y la Dirección de Prevención e Instrucción Sumaria, especializada en instrucción disciplinaria.
Este esquema busca garantizar “independencia, transparencia y legalidad”en los procesos disciplinarios. Además, el régimen previsional también sería revisado: se computarían todas las remuneraciones sujetas a aportes y suplementos funcionales al momento del retiro y se exigiría al menos dos años de permanencia en el último grado para que sea considerado para el cómputo del haber.
¿Expectativas?
Aunque el decreto aún no ha sido oficialmente publicado, la iniciativa se enmarca en un contexto de reorganización institucional más amplio. Sin dudas, el Gobierno busca redefinir el rol y las capacidades del Estado en materia de seguridad interior.
Pero de avanzar con la reforma, significaría no sólo una jerarquización técnica y profesional de la PSA, sino también una mayor alineación con estándares internacionales en seguridad de la aviación civil. Esta especie de “mejora” en el perfil internacional de la Argentina implicaría también un esquema de control disciplinario independiente y riguroso, con la posibilidad de proyectar nacionalmente las funciones de la fuerza frente a amenazas complejas. Cabe preguntarse si, en caso de que se implemente la norma, los cambios se traducirán en mejoras operativas y no en una superposición de tareas con otras fuerzas.
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