En medio del endurecimiento discursivo del Gobierno nacional frente al crimen organizado, el Ministerio de Seguridad emitió la Resolución 777/2025, que instruye a todas las Fuerzas Federales a proponer ante la Justicia la realización de investigaciones patrimoniales y financieras paralelas a las causas penales principales. La medida apunta a reforzar la trazabilidad del dinero ilícito en causas como narcotráfico, lavado, evasión tributaria y financiamiento del terrorismo.
El Ministerio justifica su marco de actuación en el artículo 8° de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. Afirma que tiene a su cargo “la conducción del esfuerzo nacional de policía y la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional”, y que dicho artículo faculta la formulación de “políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, elaborar la doctrina y planes, y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior”
¿Qué ordena la resolución?
La normativa, firmada por Patricia Bullrich, establece tres ejes clave. Por un lado, la investigación patrimonial simultánea, que obliga a las fuerzas —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario Federal— a impulsar peritajes sobre el patrimonio de los involucrados junto a las medidas de prueba tradicionales.
En segundo lugar, tiene un enfoque específico en delitos complejos, donde corrupción, trata, contrabando y financiamiento del terrorismo están incluidos como delitos prioritarios. Según la resolución, las fuerzas policiales y de seguridad federales poseen “recursos específicos de inteligencia financiera” y reciben capacitaciones periódicas en la materia, siendo cruciales en la creación de perfiles patrimoniales.
Por último, la medida ordena la creación de reportes mensuales internos hacia el Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Puntualmente, reportes sobre el volumen de investigaciones realizadas, lo que podría alimentar estadísticas o matrices de riesgo.
Cambios plasmados
Si bien las fuerzas ya colaboraban en investigaciones financieras, la nueva instrucción implica que no se necesita la probación del delito obligatoriamente: puede investigarse simultáneamente el posible entramado económico del hecho. Puntualmente, porque “actualmente la lucha contra la delincuencia debe enfocarse en la criminalidad organizada y el delito complejo, caracterizados por el ocultamiento del origen ilícito de los bienes delictivos y su integración en la economía formal”.
Además, la Resolución reconoce que estas agencias poseen recursos de inteligencia financiera capacitados y pueden asistir en la confección de “perfiles patrimoniales”, que incluye desde análisis de consumos hasta relaciones societarias e impositivas. “Dichas Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales producen inteligencia financiera y criminal, y son un componente importante en las investigaciones financieras”, resalta la norma.
En línea con la Justicia y los estándares internacionales
Cabe destacar que la normativa establece que el Estado argentino “se ha comprometido internacionalmente a llevar a cabo acciones tendientes a lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito”. Ello implica la firma y aprobación de diversas convenciones y acuerdos internacionales.
Por ejemplo, el texto hace referencia explícita al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y su evaluación sobre Argentina, que considera a las fuerzas como “auxiliares” del Poder Judicial. La resolución parece intentar mostrar mayor proactividad del Estado ante obligaciones asumidas en convenios internacionales para recupero de activos de origen ilícito.
“Argentina debe fortalecer la comprensión y el uso de investigaciones financieras paralelas, más allá del rastreo de activos, entre todas las Autoridades de Orden Público”, reza la Resolución. De igual forma, la resolución respeta el marco del Código Procesal Penal Federal, que establece que la fiscalía o el juez deben dar inicio a la causa, incluso si fue detectada por una fuerza.
Multiplicidad de cambios en Seguridad
La nueva Resolución, en pocas palabras, reconoce que la iniciativa patrimonial no puede ser autónoma: requiere del visto bueno judicial. Esto significa que en la relación entre las fuerzas y el Ministerio Público Fiscal tendrá que haber coordinación operativa, pero no subordinación funcional.
Esta nueva iniciativa se muestra como una forma de “reforzar” la “línea dura” del Ministerio contra los delitos en torno al crimen organizado, puntualmente, sin necesariamente modificar leyes. Además, se enmarca en los múltiples cambios impulsados por la cartera de Bullrich, como la creación del “FBI argentino” o el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina.
Sin embargo, la efectividad real dependerá de la capacidad de las fuerzas para detectar, documentar y judicializar pruebas económicas con solidez técnica y articulación interinstitucional. El Gobierno espera, de esta manera, mostrarse implacable frente al delito económico.
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