El control parlamentario de los servicios de inteligencia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Sin embargo, en América Latina, y particularmente en Argentina, los congresos han abdicado sistemáticamente de esta responsabilidad constitucional, generando un vacío de poder que compromete la calidad misma de nuestras democracias.
La paradoja democrática latinoamericana
América Latina enfrenta una contradicción fundamental que define los límites de su consolidación democrática. Tras décadas de transiciones exitosas desde regímenes autoritarios, la región mantiene servicios de inteligencia que operan bajo esquemas de supervisión parlamentaria que oscilan entre lo inadecuado y lo inexistente.
Esta paradoja no es menor ni accidental. Refleja una decisión política consciente de las élites legislativas que, independientemente de su orientación ideológica, han preferido mantener espacios de opacidad institucional antes que asumir las complejidades y responsabilidades del control democrático efectivo.
El reciente decreto que restaura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en Argentina, implementado sin consulta parlamentaria sustantiva, ejemplifica esta dinámica. La Comisión Bicameral de Fiscalización, que debería haber sido protagonista del proceso, fue reducida a un rol testimonial, evidenciando la irrelevancia a la que el propio Congreso ha condenado a sus mecanismos de control.
El diseño institucional del fracaso
El análisis comparativo de los sistemas de control parlamentario en la región revela patrones estructurales preocupantes. Las comisiones de inteligencia en México, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Argentina comparten características que las condenan a la ineficacia:
Mandatos restrictivos: La mayoría opera bajo marcos legales que limitan su acceso a información operativa, reduciendo su función a la revisión presupuestaria superficial.
Carencia de capacidades técnicas: A diferencia de sus contrapartes en democracias consolidadas, carecen de personal especializado permanente, dependiendo exclusivamente del conocimiento, generalmente limitado, de legisladores sin formación específica en inteligencia.
Cultura del secretismo absoluto: Mientras que comisiones efectivas en otras latitudes publican informes desclasificados regularmente, en América Latina el secreto se ha convertido en regla absoluta, impidiendo cualquier forma de accountability público.
Subordinación política: La composición partidaria de estas comisiones las convierte frecuentemente en instrumentos de protección gubernamental más que de control institucional.
Argentina: anatomía de una responsabilidad eludida
El caso argentino merece análisis particular por condensar las patologías regionales. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, creada hace más de dos décadas, representa un caso paradigmático de diseño institucional deficiente agravado por prácticas políticas que han vaciado de contenido su mandato.
Los datos son elocuentes. Entre 2020 y 2024, la comisión promedió menos de cuatro reuniones anuales, dedicando la mayoría de sus escasas sesiones a cuestiones presupuestarias rutinarias. No ha producido informes públicos de investigación en la última década. Su presupuesto operativo representa menos del 0.01% del presupuesto de los organismos que supuestamente controla.
La respuesta de la comisión ante crisis institucionales mayores revela su disfuncionalidad. Tras la muerte del fiscal Nisman en 2015 ,evento que involucró directamente cuestiones de inteligencia nacional, la comisión tardó 23 días en reunirse, no convocó a funcionarios clave, no solicitó acceso a documentación clasificada relevante y no produjo ningún análisis sustantivo sobre posibles fallas o responsabilidades institucionales.
Esta parálisis no es accidental sino sintomática de una cultura política que ha normalizado la ausencia de control sobre los servicios de inteligencia. Cada reorganización del sistema, de SIDE a SI, de SI a AFI, de AFI nuevamente a SIDE, se implementa sin participación parlamentaria significativa, perpetuando un ciclo de reformas cosméticas que eluden la cuestión fundamental del control democrático.
El contraste internacional: lecciones ignoradas
La experiencia comparada demuestra que el control parlamentario efectivo no solo es posible sino esencial para servicios de inteligencia profesionales y eficaces. El Senate Select Committee on Intelligence estadounidense, pese a sus imperfecciones, mantiene un staff de 45-50 expertos permanentes y un presupuesto operativo que le permite ejercer supervisión real. Su investigación sobre el programa de interrogatorios de la CIA, que analizó millones de documentos clasificados, demuestra que la transparencia selectiva y el control riguroso son compatibles con la seguridad nacional.
El Intelligence and Security Committee del Reino Unido ha evolucionado hasta convertirse en un órgano respetado que combina acceso a información sensible con la publicación regular de informes sustantivos. Sus investigaciones han generado cambios reales en políticas y prácticas de inteligencia.
Estos modelos no son inalcanzables para América Latina. Requieren, fundamentalmente, voluntad política para dotar a las comisiones parlamentarias de recursos, facultades y, sobre todo, de una cultura institucional que priorice el control democrático sobre las conveniencias políticas coyunturales.
El costo de la omisión parlamentaria
La abdicación del Congreso de su responsabilidad de control tiene consecuencias medibles y profundas:
Degradación de la efectividad operativa: Servicios sin supervisión adecuada tienden a priorizar operaciones de inteligencia política sobre amenazas genuinas a la seguridad nacional. La historia reciente de América Latina está plagada de fracasos de inteligencia que podrían haberse evitado con sistemas más profesionales y controlados.
Erosión de la legitimidad democrática: La confianza ciudadana en los servicios de inteligencia en la región promedia apenas 20%, menos de la mitad que en democracias con sistemas de control robusto. Esta desconfianza contamina la percepción general sobre las instituciones democráticas.
Vulnerabilidad sistémica: Servicios opacos son más susceptibles a la penetración extranjera, la corrupción y el desvío de recursos. La falta de supervisión crea espacios grises que actores internos y externos explotan sistemáticamente.
La encrucijada del Congreso argentino
El Congreso argentino enfrenta hoy una oportunidad histórica que trasciende las consideraciones partidarias. La reciente reorganización del sistema de inteligencia debería catalizar un debate profundo sobre el rol del Poder Legislativo en la supervisión de estos organismos.
Este escenario plantea la posibilidad de impulsar las reformas necesarias y determinantes como: Dotar a la Comisión Bicameral de facultades reales de investigación y control, incluyendo acceso irrestricto a información clasificada, poder de citación obligatoria y capacidad de veto sobre operaciones sensibles; Proveer recursos humanos y materiales acordes con la responsabilidad: un secretariado técnico permanente de al menos 20 profesionales especializados, presupuesto operativo significativo e infraestructura segura para el manejo de información sensible; Establecer mecanismos de transparencia gradual que permitan informar a la ciudadanía sin comprometer operaciones legítimas: sesiones públicas regulares, informes desclasificados periódicos y protocolos claros de clasificación y desclasificación; como así también, desarrollar una cultura institucional de control que trascienda los cambios de mayorías parlamentarias, estableciendo prácticas y procedimientos que se conviertan en tradición democrática consolidada.
El debate pendiente
La cuestión trasciende los aspectos técnicos del control de inteligencia. En el fondo, se trata de definir qué tipo de democracia queremos construir. ¿Una donde los servicios secretos operen como compartimentos estancos, disponibles para el uso discrecional del poder ejecutivo de turno? ¿O una donde estos organismos, sin perder su efectividad operativa, estén sujetos al escrutinio democrático que caracteriza a las repúblicas maduras?
El Congreso tiene la palabra. Cada día que pasa sin asumir esta responsabilidad es un día más de deterioro institucional. En la era de las tecnologías de vigilancia masiva, la ausencia de controles parlamentarios efectivos no es solo una deficiencia técnica: es una amenaza existencial a las libertades que la democracia promete garantizar.
La historia juzgará a esta generación de legisladores no por las leyes que aprobaron, sino por el sistema de controles que fueron incapaces de construir. En un momento donde la tentación de uso de tecnologías de la información y la recopilación de datos se extiende a nivel global, fortalecer los mecanismos de control democrático sobre los servicios de inteligencia no es una opción: es un imperativo de supervivencia republicana.
El debate debe comenzar ahora. No con declaraciones grandilocuentes ni reformas cosméticas, sino con la decisión política de construir instituciones de control a la altura de los desafíos del siglo XXI. El Congreso argentino, y los parlamentos latinoamericanos en general, tienen ante sí la oportunidad de demostrar que la democracia no es solo un sistema electoral, sino un entramado institucional capaz de controlar efectivamente todos los resortes del poder estatal.
La pregunta es simple pero fundamental: ¿Están nuestros representantes dispuestos a asumir esta responsabilidad histórica? La respuesta definirá el futuro de nuestras democracias.
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