Luego de la reciente renuncia de Roberto Fiochi como presidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), las tensiones con el Ministerio de Defensa se profundizaron en un contexto de crisis financiera y reclamos por la gestión del organismo. La salida de Fiochi, quien alegó motivos personales, se produce en medio de una deuda millonaria y una serie de medidas de ajuste que buscan reestructurar la obra social.
En simultáneo, se añade otro ingrediente: la llegada de Betina Surballe como nueva presidenta de IOSFA, marcando un intento de reestructuración. Surballe previamente dirigió el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
En las últimas horas del jueves se conoció que Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, pasará a desempeñarse como presidente del directorio del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
Nuevo plan de acción para la reestructuración
En un reciente documento oficial, titulado “Plan de Acción para la Eficientización de la Gestión de IOSFA – Año 2025”, se detallan 12 medidas clave para reducir costos y mejorar la administración del instituto. Entre los puntos más relevantes se encuentran la digitalización de procesos mediante un sistema de autorizaciones online y una aplicación para afiliados; la reducción de descuentos en medicamentos; la limitación de reintegros médicos y auditorías más estrictas en internaciones domiciliarias, entre otras.
En consonancia, se estableció un nuevo Vademécum para medicamentos esenciales, una nueva cartilla de prestadores y la opción de “telemedicina” a través de una aplicación móvil. Además, propone agudizar los controles de auditoría, la revisión de convenios anteriores y el cierre o concesión de unidades farmacéuticas, en un impulso por eliminar el gasto extra.
¿Qué se espera para IOSFA?
La actualidad de la obra social y la crisis a la que tuvo que hacer frente, lamentablemente, no es nueva. Desde principios de año, el malestar entre el personal militar ha ido en aumento, con reclamos por la falta de representación en la toma de decisiones y la transparencia en la gestión. La deuda acumulada, que supera los 120 mil millones de pesos, ha generado cortes en prestaciones y dificultades para el pago a proveedores.
Por el momento, el titular de Defensa, Luis Petri, ha asegurado que trabajará con el Ministerio de Economía para saldar deudas y garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los afiliados, quienes temen que las medidas de ajuste afecten aún más la cobertura médica y las prestaciones esenciales.
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