A través de nuevos decretos, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo anunció que la Argentina impulsa la simplificación aduanera y el desarrollo de PYMES, a partir de nuevas medidas gubernamentales. De tal manera, el Gobierno Nacional establecerá un régimen de simplificación aduanera, para la importación de pequeños envíos, y modificará el régimen vigente de desarrollo de PYMES, con el objetivo de promover mayor eficiencia.
El Poder Ejecutivo busca incentivar el consumo de productos y bienes industriales, originarios del Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el Territorio Continental argentino. Para ello, promueve la eliminación de trabas y barreras burocráticas que dificultan el acceso de los bienes al mercado y propone un régimen de importación simplificado.
De igual manera, introdujo nuevas modificaciones al régimen vigente de PYMES, que regula el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. La medida tiene el compromiso de impulsar el crecimiento del sector, a través de la promoción y creación de instrumentos de apoyo, como así también de la consolidación de redes de asistencia empresarial. Ambas medidas fueron anunciadas, a través del Boletín Oficial con sus respectivos decretos, firmados por el Presidente de la Nación, Javier Milei.
Régimen simplificado de importación
El Gobierno Nacional creó un régimen de simplificación aduanera, para incentivar y facilitar la importación de productos fabricados en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al resto del país, a través del Decreto 334/2025. Tras la medida anunciada la semana pasada por el Gobierno Nacional, sobre la eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares y la reducción de impuestos internos a los electrodomésticos y otros productos tecnológicos que fue mal recepcionada por los fueguinos, ahora con esta iniciativa el Poder Ejecutivo busca incentivar la importación de los productos fabricados en dicha provincia.
El nuevo régimen permitirá facilitar la importación de productos y mercaderías de menor cuantía, al reducir principalmente las típicas burocracias de los trámites aduaneros. Cada persona podrá adquirir hasta tres unidades de un mismo producto por año, con un límite de valor FOB de US$ 3.000 por envío. Resulta importante resaltar que este nuevo esquema estará habilitado para las personas radicadas en el Territorio Nacional Continental, para uso y consumo personal. Por lo que, se prohíbe la comercialización de la mercadería adquirida, a través de este nuevo régimen de importación. El Decreto establece la obligación de las empresas promovidas de habilitar un sistema de venta online para facilitar la operatoria.
La Secretaría de Industria y Comercio quedó facultada para modificar la cantidad de unidades y el valor fijado, ya sea para una reducción o un incremento. Además, también podrá instaurar cambios respecto al número de operaciones anuales permitidas. La Secretaría deberá tener en consideración “al efecto indicadores relacionados con los productos en cuestión tales como cambios tecnológicos, el valor de los bienes en el mercado o las variaciones que demuestren la oferta y la demanda de dichos productos”.
El Poder Ejecutivo considera que el mecanismo vigente para la compra y venta de bienes industriales, originarios del Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el Territorio Nacional Continental representa un “trámite extremadamente burocrático y engorroso que dificulta y perjudica dicha actividad”. Por ello, con el fin de incentivar el consumo de los bienes industriales originarios del AAE, se consideró necesario el establecimiento de un nuevo mecanismo y régimen de facilitación de importación, que tienda a simplificar, facilitar y desburocratizar dichas operaciones. En tal sentido, las operaciones bajo este régimen estarán sujetas a las condiciones determinadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien se encargará de garantizar el cumplimiento de las normativas impositivas y aduaneras.
Nuevas modificaciones en el régimen vigente de PYMES
A través del Decreto 339/2025, publicado el día de ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional anunció modificaciones en el régimen actual de PYMES. El Poder Ejecutivo decidió eliminar una serie de programas destinados a las PYMES y emprendimientos juveniles, “que resultaban ineficientes, discrecionales y afectan la dinámica natural del libre mercado”. La norma deroga ciertos artículos de la Ley Nº24.467 (Ley de Pequeña y Mediana Empresa, PYME) y de la Ley Nº25.872, a través de la cual se creó el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.
En este sentido, se han eliminado varios puntos que componían al actual régimen de desarrollo de PYMES. Entre las principales modificaciones, se destaca la reorganización del Sistema de Información MIPyME, que permitirá una mejor difusión de datos comerciales y técnicos. Como así también la eliminación de ciertos programas de certificación de calidad, apoyo tecnológico, exportación y formación gerencial y la Red de Agencias de Desarrollo Productivo. También se disolvió el Programa Nacional de Apoyo al Empresario Joven, a través de la derogación de la ley que le dio nacimiento.
Esta medida se apoya en las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, a través de la Ley Nº27.742, donde se declaró la emergencia pública en áreas claves, habilitando la reorganización y reestructuración estatal, como así también la eliminación de funciones estatales consideradas innecesarias. Desde el Gobierno, sostienen que esta medida “está en línea con la política de desregulación de la economía y reducción del tamaño del Estado que viene llevando adelante el Presidente Javier Milei”.
De hecho, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, señaló al respecto que “una buena política PYME es reducir regulaciones, dar libertad y tener una macro ordenada que permita el financiamiento. No es entregar caramelitos paliativos ni generar condiciones diferenciales que incentiven a mantenerse chico”.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó fuertemente la eficacia de los programas y planes derogados. En este sentido, Sturzenegger sostuvo que “entre estos esquemas había agencias que nunca se desplegaron, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que no lograron nada, y una burocracia costosa sin impacto positivo. Un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados”.
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