El pasado miércoles, el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, anunció la nueva reforma penal que busca impulsar el Gobierno en su intento de modificación del Código Penal, la cual busca endurecer las penas para la usurpación de terrenos.
El Gobierno Nacional ha estado impulsando una reforma del Código Penal, que pronto deberá ser tratada por el Congreso de la Nación, a quien le corresponde el tratamiento y la aprobación de las reformas de los códigos de fondo, como es el caso del Código Penal Argentino. En dicha reforma, se propone endurecer las penas para distintos delitos, entre los que se comprende a la usurpación de terrenos, incorporar nuevos tipos penales y brindar un mayor respaldo a las Fuerzas de Seguridad.
Sin embargo, la modificación del Código Penal vigente requiere de una Ley, emanada del Congreso de la Nación, que deberá ser aprobada por ambas cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo, quien en este caso, debe presentar el proyecto de reforma.
Antecedentes de la reforma
A principios del año pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación tomó la decisión de crear una comisión especial para reformar el Código Penal, que se oficializó a través de la Resolución 25/2024, publicada en el Boletín Oficial. El objetivo del Gobierno Nacional, en este punto, es lograr alcanzar “una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias”, en respuesta de la demanda societaria.
En este sentido, la Resolución ministerial recordó los intentos de reforma del Código Penal que se han impulsado en 2004, 2012 y 2017, a través de la conformación de comisiones especiales, que no prosperaron, y resalta la importancia de su conformación, en pos de lograr la necesaria reforma del Código, que se ha propuesto como objetivo el Gobierno de Javier Milei. De hecho, se ha señalado que “los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad referidas, han llevado en los últimos años a la conformación de un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación penal”.
En octubre del 2024, finalmente la Comisión para la Reforma del Código Penal dio por concluido el anteproyecto de reforma y finalizó las correcciones definitivas del cuerpo legal que el Ministerio de Justicia debe presentar al Congreso de la Nación, en función de modificar de forma integral la normativa penal vigente, establecida en el año 1921. El proyecto presenta una nueva versión que busca modernizar el marco jurídico del país, incluyendo nuevos tipos penales, ante el surgimiento de nuevos delitos y amenazas emergentes.
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha confirmado públicamente que el Ministerio de Justicia haya presentado formalmente el proyecto de reforma integral del Código Penal, ante el Congreso de la Nación, que es quien debe darle tratamiento y aprobación. Si bien el Ministro Cúneo Libarona ha defendido públicamente la necesidad de una profunda reforma del Código Penal vigente y la Comisión para la Reforma del Código Penal ha concluido su trabajo, no existen registros ni declaraciones oficiales que confirmen que el proyecto haya ingresado al Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento legislativo.
El reciente anuncio del Ministerio de Justicia
Pese a ello, el pasado miércoles, el Ministerio de Justicia de la Nación realizó un anuncio, a través de sus redes sociales, donde comunicó que en la reforma del Código Penal se establecerán penas más duras para quienes usurpen terrenos. El anuncio destaca que en la Argentina, “la usurpación de terrenos se convirtió en un delito común que casi nunca tiene castigo”. Por ello, se propone que en la reforma del Código Penal se aumenten las penas para quienes cometan este tipo de delitos contra la propiedad privada, asegurando que vayan presos y cumplan las consecuencias de sus actos delictivos e ilícitos.
Según se estima, la pena se agravará hasta un máximo de 6 años de prisión y se incorporarán multas de hasta 75 millones de pesos. La reforma también prevé la sanción punitiva a los facilitadores, organizadores o instigadores del delito de usurpación de terrenos. Adicionalmente, se fijó que si los usurpadores están en condiciones irregulares, considerando, por ende, que sean inmigrantes ilegales, estos deberán ser automáticamente deportados. Esta medida se condice con el reciente anuncio del Gobierno Nacional de modificación del Régimen Migratorio vigente. La política migratoria argentina sufrirá severas modificaciones y se establecerá un nuevo régimen para el ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para inmigrantes, donde se contempla el caso de los inmigrantes irregulares.
Por ende, cabe preguntarse cuándo presentará el Ministerio de Justicia el correspondiente proyecto de ley de reforma integral del Código, que ahora también contará con esta nueva medida y modificación, para aumentar y endurecer las penas de usurpación de terrenos, en función de garantizar la libertad y la propiedad privada de los argentinos. El Gobierno Nacional asegura que reformará el Código Penal pero ello se torna imposible si el proyecto no ingresa al Congreso de la Nación para su tratamiento legislativo.
Los nuevos anuncios del Ministerio de Justicia resultan sustanciales y de hecho, sumamente relevantes en el marco de modificación del actual sistema penal. Sin embargo, no alcanza únicamente con anuncios y medidas, la sociedad argentina necesita políticas concretas, que sean promulgadas y oficializadas prontamente, en pos de solucionar las problemáticas de seguridad y justicia diarias, que enfrentan e interpelan a todos los argentinos.
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