En Argentina existen 266.643.212 hectáreas computadas como superficie rural, de las cuales 13.262.725 están registradas bajo titularidad o posesión extranjera, lo que representa el 4,97% del total, según los últimos datos publicados por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). La distribución, sin embargo, está lejos de ser uniforme: Salta alcanza el 11,40%, Misiones el 11,29%, San Juan el 10,36%, Mendoza el 9,06%, Catamarca el 8,22%, Santa Cruz el 8,11% y Corrientes el 7,63%.
El relevamiento oficial, cuya última actualización informada por el Ministerio de Justicia corresponde a agosto de 2025, muestra además que Neuquén registra un 5,51% de extranjerización y La Rioja un 5,41%, completando así el grupo de nueve provincias que se encuentran por encima del promedio nacional. En el extremo opuesto aparecen jurisdicciones como Córdoba, con 1,21%; Santa Fe, con 1,71%; Río Negro, con 1,80%; y Buenos Aires, con 2,87%. Ninguna provincia supera actualmente el límite del 15% establecido por la legislación vigente.
Del agua del noreste al litio y los recursos cordilleranos
La distribución territorial agrega otra dimensión al fenómeno. Misiones y Corrientes, con 11,29% y 7,63% respectivamente, forman parte de una región atravesada por grandes sistemas hídricos y vinculada al Sistema Acuífero Guaraní. El Gobierno nacional define a este último como un recurso transfronterizo de “gran relevancia”, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y utilizado para consumo doméstico, agricultura, industria y turismo. A esto se suma la posición de ambas provincias alrededor de los grandes corredores fluviales del noreste.
En el noroeste, el análisis se cruza con el crecimiento de la minería. Salta lidera el país con un 11,40% de tierras rurales extranjerizadas y Catamarca alcanza el 8,22%, mientras Jujuy registra un porcentaje provincial menor, del 3,65%. Las tres provincias concentran buena parte del desarrollo argentino vinculado al litio. De hecho, los datos oficiales de exportaciones mineras correspondientes a 2025 ubican a Jujuy, Salta y Catamarca entre las cinco principales jurisdicciones mineras del país, junto con Santa Cruz y San Juan.
Más al sur, San Juan registra un 10,36% y Mendoza un 9,06%. La primera constituye uno de los principales polos metalíferos argentinos, mientras Mendoza forma parte de la Cuenca Neuquina y de la formación Vaca Muerta junto con Neuquén, Río Negro y La Pampa. En este punto es necesario distinguir propiedad territorial de dominio sobre los recursos: que una parcela pertenezca a una persona o sociedad extranjera no significa que su propietario sea dueño del petróleo, el gas, los minerales o el agua existentes bajo ese suelo. El artículo 124 de la Constitución Nacional establece expresamente que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Santa Cruz y los focos donde la extranjerización supera el 50%
El caso de Santa Cruz, con un 8,11% de sus tierras rurales bajo titularidad extranjera, también resulta significativo por el peso de sus recursos. Según información oficial, en 2025 la provincia originó el 39,5% de las exportaciones mineras argentinas, principalmente oro y plata, y mantiene además actividad hidrocarburífera y una posición geográfica estratégica sobre el Atlántico Sur.
Sin embargo, el promedio provincial puede ocultar concentraciones mucho mayores. La Ley 26.737 establece un máximo del 15% de titularidad extranjera tanto a nivel nacional como provincial y departamental, y los propios registros oficiales muestran numerosos departamentos que ya se encuentran por encima de ese nivel. San Carlos, en Salta, llega al 59,82%; Molinos, también en Salta, al 57,79%; General Lamadrid, en La Rioja, al 56,70%; Lácar, en Neuquén, al 54,17%; y Campana, en Buenos Aires, al 50,27%. También aparecen Iguazú, en Misiones, con 39,95%; Ituzaingó, en Corrientes, con 33,90%; y Magallanes, en Santa Cruz, con 25,77%.
La legislación nacional fija además otras restricciones: las personas de una misma nacionalidad extranjera no pueden concentrar más del 30% del cupo permitido y un mismo titular extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente en otras regiones. También existen restricciones específicas sobre tierras que contienen o limitan con cuerpos de agua permanentes y sobre inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera. Aunque el DNU 70/2023 dispuso originalmente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, el propio Ministerio de Justicia aclara actualmente que su vigencia fue restituida por una medida cautelar que continúa vigente.
Por qué Malvinas constituye un caso distinto
Las Islas Malvinas requieren un tratamiento separado de las cifras anteriores. La reglamentación de la Ley 26.737 establece expresamente que, para calcular el límite nacional, se utiliza la superficie continental americana y que Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur serán incorporadas al cómputo cuando se alcance el objetivo de recuperación del ejercicio pleno de la soberanía establecido por la Constitución Nacional.
Por eso, el 100% utilizado para representar a las Islas debe entenderse como una referencia al control territorial británico existente sobre un territorio cuya soberanía reclama la Argentina, y no como una estadística de propiedad rural comparable con Salta, Misiones o Santa Cruz. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable.
Los datos muestran así dos escalas diferentes. A nivel nacional, la extranjerización de tierras rurales permanece por debajo del 5% y ninguna provincia supera el techo legal del 15%. Pero cuando el mapa se observa en mayor detalle aparecen concentraciones superiores al 30%, 40% e incluso 50% en determinados departamentos, algunas de ellas ubicadas en zonas fronterizas, cordilleranas, hídricas o vinculadas con actividades productivas estratégicas. Es esa distribución territorial, más que el promedio nacional por sí solo, la que permite dimensionar el alcance del fenómeno.
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