Desde el Congreso de la Nación proponen crear un sistema nacional de vigilancia marítima con drones. Según revelaron diversos reportes, se trata de un proyecto de ley, impulsado y presentado por el diputado nacional de Provincias Unidas, Esteban Paulón, en el Congreso Nacional. La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima para la protección de los recursos naturales del Mar Argentino y la biodiversidad.
El ámbito de aplicación del sistema incluiría el Mar Territorial, la Zona Contigua, la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), la Plataforma Continental y sus límites exteriores, y su administración quedaría a cargo del Servicio Nacional de Vigilancia Marítima, integrado por representantes del Comando Conjunto Marítimo y la Prefectura Naval Argentina (PNA), entre otras dependencias nacionales. El proyecto propone que un consejo asesor, integrado por miembros de la comunidad científica y académica, profesionales, y representantes de organismos públicos y organizaciones privadas vinculadas a la actividad marítima, acompañe y asista al servicio.
El Sistema Nacional de Vigilancia Marítima que propone crear Paulón, en su proyecto legislativo presentado recientemente, tendría la responsabilidad de elaborar el Plan Nacional de Vigilancia Marítima, establecer las directrices técnicas y operativas de la política de vigilancia marítima, administrar los recursos presupuestarios disponibles, y crear un programa de fortalecimiento para la adquisición y el mantenimiento del equipamiento. En paralelo, se contempla la celebración de acuerdos e instrumentos de cooperación internacional, con otros países y Estados, orientados a la investigación, el desarrollo tecnológico, y la formación y asistencia operativa.
El proyecto del diputado de la oposición, Esteban Paulón, contempla la utilización de vehículos aéreos no tripulados (VANT) de clases II y III para tareas de vigilancia y seguimiento, según revelan diversos medios. Los drones aéreos de este porte contribuirían en el control y la vigilancia del mar. Contempla, de hecho, VANT de clase II a las que define como aeronaves con un peso máximo de despegue de entre 150 y 600 kilos, y de clase III, que serían aquellos equipos y aeronaves que superan los 600 kilos. Los equipos serían utilizados, especifica el proyecto, para obtener información, detectar movimientos y operaciones, y monitorear grandes superficies marítimas desde el aire. Un punto importante es que el proyecto prioriza los VANT fabricados, diseñados, desarrollados y reparados en el territorio nacional.
En paralelo, el proyecto de ley propone crear un Registro de Infracciones y Situaciones de Riesgo, donde se incorporarían delitos, accidentes, situaciones de riesgo, incumplimientos y todo acontecimiento relevante que se produzca dentro del alcance del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima, mencionado previamente. La información sería publicada en un sitio oficial y gratuito, de acceso público. De hecho, según informan diversos reportes, la restricción de información por razones de protección de datos o secretos comerciales serían excepcionales.
El financiamiento
El Sistema Nacional de Vigilancia Marítima sería financiado, a través de los fondos que sean recaudados por las autoridades nacionales, como resultado de las multas y sanciones económicas aplicadas a los buques y flotas extranjeras que operen en la zonas mencionadas, entre las que se encuentra la Zona Económica Exclusiva Argentina. El proyecto, de hecho, incorpora una multa por pescar sin permiso o sin autorización de captura. Esta sanción se calcularía sobre el 300% del valor de mercado de la capacidad máxima de carga del buque o flota infractora al momento de la detección. La iniciativa adopta como referencia y base de cálculo la capacidad de carga del buque infractor.
El 40% de los fondos se destinarían al Plan Nacional de Vigilancia Marítima y el 30% a la compra y el mantenimiento de equipamiento y tecnología. Por su parte, el campo de la investigación recibiría el 20% de los fondos recaudados para el estudio de biomasa marina y oceanografía, y podría ser ejecutado por el Conicet u otro organismo nacional especializado, mientras que los astilleros nacionales, encargados de mantener o construir las unidades utilizadas, recibirían el 10%.
El proyecto se sustenta en la importancia y relevancia de la vigilancia marítima, que se vincula íntimamente con la soberanía nacional, los intereses económicos y la conservación ambiental. Argentina posee 4.725 kilómetros de costa continental y 6.683.000 kilómetros cuadrados de superficie de espacios marítimos continentales, insulares y antárticos. La defensa y protección de dichos espacios marítimos es una cuestión de soberanía nacional, frente a la presión constante y permanente que ejerce la pesca ilegal, el tráfico marítimo y las actividades extractivas que se desarrollan en el Atlántico Sur y las aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva Argentina, como así también en los espacios diputados con Reino Unido de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El texto oficial del proyecto de ley sustenta que la creación del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima permitiría la coordinación e integración de capacidades argentinas, en el marco de la lucha contra la pesca ilegal y las actividades extractivas en la Milla 201 –área adyacente a la ZEEA– y las aguas argentinas, e incorpora a los drones como un sistema vital para ampliar y consolidar la vigilancia argentina de la superficie marítima en áreas ya vigiladas y controladas, complementando el despliegue naval de buques y aéreo de aeronaves tripuladas, y reduciendo costos operativos. El tema ya está en el centro de la opinión pública y la agenda parlamentaria, luego de que recientemente la Argentina se incorporara oficialmente al acuerdo portuario de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
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