Frente al presunto proceso licitatorio del gobierno para privatizar Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA), la oposición eleva un pedido de informes en el Congreso Nacional. Según confirmaron fuentes cercanas a El Estratégico, la oposición habría elevado y presentado un nuevo pedido de informes, cuestionando e interrogando al Gobierno Nacional por el presunto proceso licitatorio que se estaría llevando adelante para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica. El proyecto fue presentado por la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Agustina Propato.
La legisladora de la oposición presentó, según confirmaron fuentes cercanas, un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo Nacional brindar información detallada, a través del área que corresponda, sobre el proceso de licitación que se estaría llevando adelante para ejecutar la privatización de Nucleoeléctrica. En este sentido, el proyecto solicita que se informe el estado de avance de la licitación y si se ha realizado o realizará, efectivamente, la valuación del paquete accionario de NA-SA, y qué entidad sería la encargada de hacerlo si no es el Tribunal de Tasaciones de la Nación, debiendo, en tal caso, fundamentar la decisión normativamente.
En paralelo, el pedido de informes de la oposición presentado por la diputada Propato, al que El Estratégico pudo acceder en exclusiva, busca saber si el Poder Ejecutivo Nacional ha evaluado las implicancias societarias derivadas de la eventual venta del 44% del paquete accionario de NA-SA y que informe si ha considerado que dicha participación accionaria le otorgaría al eventual inversor privado la capacidad de veto y una influencia determinante en lo que refiere a la conducción de la empresa, aún cuando el Estado Nacional mantenga formalmente la participación mayoritaria del 51%. Por ello, el proyecto busca conocer si se han previsto mecanismos estatutarios o contractuales para limitar y/o regular el poder de veto mencionado, a fin de que las decisiones estratégicas vinculadas al sector nuclear argentino permanezcan bajo control, supervisión y gestión del Estado Nacional.
Vinculado a esta cuestión, la oposición busca saber si se ha evaluado el impacto que la eventual participación accionaria privada podría generar en la política nuclear argentina y en la gobernanza autónoma de esta estratégica matriz energética de vital importancia, con aplicación directa a la defensa y los asuntos militares. En esta línea, el pedido de informes apunta a conocer si el eventual y futuro inversor privado de Nucleoeléctrica tendría acceso a información técnica, tecnológica o estratégica vinculada a ingeniería nuclear, tecnología sensible y estratégica, y al ciclo de combustible nuclear.
En este sentido, se consulta sobre los eventuales mecanismos previstos para resguardar dicha información, en el marco del presunto proceso de privatización de la compañía encargada de operar las centrales nucleares argentinas –Atucha I y II, y Embalse–. Además, se busca conocer si el proceso de privatización contemplaría compromisos obligatorios de inversión, para el eventual inversor privado, en relación a nuevas centrales nucleares, la extensión de vida de las centrales existentes, y/o proyectos de tecnología nuclear nacional.
En esta línea, el pedido de informes solicita información sobre los activos que integran el paquete accionario que sería objeto de venta, y más precisamente, busca conocer si las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse forman parte del mismo, y si serán consideradas activos estratégicos con limitaciones especiales de control y/o administración para el eventual inversor. Por su parte, se busca conocer si el Estado Nacional ha previsto cláusulas de recompra, reversión y/o rescate de acciones, en el eventual caso de incumplimiento de compromisos de inversión o incluso ante la afectación de la seguridad energética nacional.
En paralelo, la oposición busca que el Poder Ejecutivo informe y precise si el eventual proceso de privatización contemplaría reducción de personal, retiros voluntarios y una reestructuración organizativa de la empresa, detallando si existen garantías de estabilidad laboral para los trabajadores de Nucleoeléctrica. Finalmente, el proyecto busca que se informe si el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y/o la Secretaría de Asuntos Nucleares han estudiado el impacto de la privatización parcial de la empresa en el costo de generación eléctrica nuclear y cómo podría incidir ello en el precio mayorista de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Los argumentos detrás del pedido de informes
El pedido de informes, elevado y presentado por la diputada de la oposición Agustina Propato, apunta a que el Poder Ejecutivo brinde información precisa y detallada al Congreso Nacional sobre el presunto proceso licitatorio de Nucleoeléctrica. Esta firma constituye un activo estratégico para la Argentina, en su condición de doble uso, y es según determina el texto oficial del proyecto de resolución una parte fundamental de la matriz energética argentina, como así también un presupuesto necesario para la aplicación de la Defensa.
La oposición argumenta que la decisión del gobierno de privatizar Nucleoeléctrica implica ceder la gobernanza de NA-SA, que es un activo estratégico y un eslabón fundamental en el ciclo nuclear argentino. De hecho, el texto menciona: “La privatización, aún más en el supuesto de ser extranjera, en un contexto mundial de fuertes tensiones por la escasez energética y por las carreras armamentísticas nucleares, constituye una decisión política altamente controvertida y un contrasentido hacia dónde se dirigen las políticas de protección estatales sobre estos activos, lo que podría sintetizarse como una afrenta al interés nacional”.
En este escenario, Propato presenta y eleva este pedido de informes al Ejecutivo, que tiene como antecedentes cuatro expedientes previos de su autoría, vinculados al tema. Ninguno de ellos han sido tratados por las comisiones a las que se los ha girado señala la legisladora de Unión por la Patria. Ante la “necesidad de resguardar el patrimonio nacional frente a una política de indefensión crítica, improvisación estratégica y lesiva de nuestra soberanía nacional”, la oposición presenta este pedido de informes que busca interrogar al Poder Ejecutivo sobre el presunto proceso de licitación para privatizar parcialmente NA-SA y se centra, específicamente, en la valuación de bienes tangibles e intangibles de la empresa.
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