La pesca ilegal opera, activamente, en el Atlántico Sur y afecta directamente a la República Argentina, que geográfica y naturalmente tiene presencia en la zona. A través de la Prefectura y la Armada, la Argentina busca controlar y fiscalizar sus aguas jurisdiccionales y su Zona Económica Exclusiva (ZEE), frente al exponencial y significativo crecimiento de la pesca ilegal, que orienta la explotación hacia la Milla 201 –límite exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina (ZEEA)–.
Las flotas y buques extranjeros se concentran, estratégicamente, en la Milla 201, que representa el límite de la soberanía marítima argentina, una verdadera zona gris legal. Fuera de las 200 millas, donde la Argentina ejerce su soberanía y control marítimo, comienza lo que se conoce como alta mar y es, precisamente, allí donde se concentra una enorme flota extranjera, que practica la pesca ilegal y no reglamentada en las aguas jurisdiccionales, a diario. Según cifras de reportes especializados, cada temporada se registran entre 300 y 500 flotas y buques extranjeros pesqueros en la Milla 201.
En su mayoría, estos buscan pescar el calamar illex, especie estratégica en la zona, y la merluza. Estas son las principales capturas, que, de hecho, representan pérdidas de entre US$600 hasta US$1.000 millones por año para la Argentina. Para la pesca de calamar, los buques extranjeros pesqueros suelen utilizar una enorme cantidad de luces para atraer cardúmenes, que pescan de manera ilegal y no reglamentada en las aguas adyacentes argentinas –límite legal– e incluso, muchas veces, dentro de la propia ZEEA.
La maniobra más común de las embarcaciones pesqueras es operar justo frente a la Zona Económica Exclusiva argentina, en la Milla 201, para aprovechar especies que migran de aguas argentinas o que incluso nacen en ellas. Sin embargo, muchas de estas embarcaciones ingresan, de manera ilegal, a las aguas jurisdiccionales argentinas. Para no ser detectadas por la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Armada Argentina, apagan sus sistemas de rastreo (AIS) y hacen transbordos en alta mar para ocultar sus capturas. Además, otra práctica común es cambiar de bandera por banderas de conveniencia, como se las conoce.
Detrás de la pesca ilegal en el Atlántico Sur hay redes logísticas privadas y estatales. Los buques que operan en estas zonas y practican la pesca ilegal y no reglamentada poseen apoyo logístico e incluso, en algunos casos, subsidios. De esta manera, algunas flotas pueden pasar meses o incluso un año en alta mar, gracias a subsidios estatales –dirigidos especialmente al combustible– y redes logísticas que reabastecen de combustible a las embarcaciones.
Cuando nos preguntamos quiénes están detrás de la pesca ilegal del Atlántico Sur, la respuesta es clara y sencilla: China. La República Popular China es el actor dominante de este juego. La mayoría de los buques y embarcaciones pesqueras extranjeras que practican la pesca ilegal en la Milla 201 y la ZEEA son de bandera china o en su defecto, están vinculados a empresas chinas. De hecho, China proporciona financiamiento y subsidios estatales, además de protección diplomática y cobertura legal. Con una estrategia geopolítica y comercial, China es el principal actor detrás de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, que afecta a la Argentina. Otros actores relevantes en la zona, que también operan en la Milla 201, como demuestran los hechos, son Taiwán, Corea del Sur y España.
Sin embargo, una práctica muy utilizada por estos actores extranjeros es el uso de banderas de Vanuatu y Camerún –banderas de conveniencia–. El objetivo es ocultar la información de los propietarios reales de la embarcación, que suelen ser empresas pesqueras chinas, compañías taiwanesas y en menor medida, operadoras coreanas y españolas. Si bien las embarcaciones están registradas formalmente a nombre de las banderas de conveniencia, en realidad, los dueños reales, el financiamiento, las operaciones comerciales y los tripulantes pertenecen a otros países, que son los mencionados. Un punto no menor son las licencias británicas. Según reportes especializados, buena parte de la pesca ilegal, que se registra en la Milla 201 y la ZEEA, es realizada, como resultado de permisos otorgados desde las Islas Malvinas, que se encuentran bajo administración británica.
La pesca ilegal impacta, de lleno, en el sistema económico argentino, afectando al comercio y la industria naval y frigorífica local, con menos exportaciones y empleo pesquero, y puertos paralizados. Pese al patrullaje y el control marítimo de la Prefectura y la Armada, que utilizan satélites e inteligencia marítima de última generación, la Milla 201 representa un problema de seguridad y control marítimo, a la vez que un desafío geopolítico, en el marco de una disputa de recursos naturales y soberanos del Atlántico Sur. El desafío es jurídico, la regulación internacional considera que más allá de las 200 millas argentinas, es alta mar y no hay soberanía argentina.
El límite es difuso y es aprovechado significativamente por los buques pesqueros y los países que operan estos. Hoy, el Atlántico Sur es un espacio de disputa y competencia, donde la pesca ilegal materializa presión económica y geopolítica. En la práctica, la Milla 201 se convirtió en una de las zonas de disputa estratégica del Atlántico Sur, donde actores dominantes y de peso –estatales y no estatales– con capacidades logísticas, financieras y estratégicas operan y afectan a la Argentina, que ya despliega su estrategia de combate, a través de la Prefectura Naval y la Armada, aunque con capacidades limitadas.
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