Esta semana, el Congreso de la Nación aprobó la modificación de la Ley de Glaciares. El proyecto de ley modificaba la Ley 26.639 (Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial) y fue sancionado, tras 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones de la Cámara de Diputados, que definía el futuro de la ley. En este contexto, cabe preguntarse ¿qué es lo que realmente cambia a partir de la reforma?.
En una sesión especial, el pasado miércoles, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto que buscaba modificar la Ley 26.639. El proyecto ya tenía media sanción del Senado y había sido debatida en audiencias públicas, con la participación de ciudadanos, organizaciones ambientales y asociaciones civiles de todo el territorio nacional. El diputado Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza (LLA) señaló que “las audiencias públicas se desarrollaron de forma impecable: la ley, para su tratamiento, requería de escuchar a la ciudadanía”.
Sin embargo, la modificación de la conocida Ley de Glaciares genera un arduo debate, donde surgen posiciones heterogéneas y miradas encontradas. Mientras que para el oficialismo, la nueva ley aclara conceptos y ayuda a redefinir lo que se entiende como zona y ambiente periglacial, sin alterar la protección de los glaciares y las fuentes de agua; para los sectores más críticos del proyecto y la oposición, la nueva ley viene a destruir el futuro de las fuentes de agua del territorio nacional, que son recursos estratégicos, especialmente para las futuras generaciones.
La modificación de la ley permite y facilita la minería en regiones y zonas glaciares, que serán delimitadas y definidas por las administraciones provinciales. Según las organizaciones ambientales, la nueva ley debilita la protección de fuentes de agua cruciales y supone un significativo retroceso en materia ambiental. De hecho, la reforma pone en riesgo el agua para los opositores. Agostina Rossi Serra, bióloga de Greenpeace, explica, en rechazo del proyecto, que “la función principal de todos los glaciares y de todo el entorno periglaciar es actuar como reservorio de agua dulce”.
La antigua Ley de Glaciares, que había sido aprobada en el año 2010, prohibía todo tipo de actividad de exploración y explotación en las zonas glaciares, protegiéndolas como reservas de agua. La modificación de la ley transfiere la responsabilidad de definir y delimitar las zonas periglaciales protegidas a los gobiernos provinciales, habilitando la posibilidad de que se realicen operaciones de exploración y explotación en todas aquellas áreas no protegidas. En este sentido, desde el oficialismo reconocen que la iniciativa demuestra que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles.
El propio Presidente de la Nación,Javier Milei, quien venía incentivando el proyecto y respaldó la reforma, explicó que el cambio empoderará a las provincias, que venían demandando la modificación de esta ley, para permitir las actividades mineras y atraer nuevas inversiones locales. La reforma fue apoyada por los gobernadores de Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza y Catamarca, todas ricas en minerales, quienes destacaron que la Ley de Glaciares del año 2010 obstaculizaba el desarrollo económico sostenible de las provincias mineras. Sin embargo, como resalta la bióloga Rossi Serra, la mayoría de estas provincias que buscaban y abogaban por la aprobación de la reforma son zonas particularmente áridas y semiáridas, donde el agua es un recurso escaso, crucial en las épocas de sequía.
Rossi Serra de Greenpeace explica que la importancia estratégica de los entornos periglaciales es que en estos se produce un deshielo gradual, que sirve para alimentar los ríos y arroyos de la Argentina. Por lo que, los entornos periglaciales, además de ser reservas y fuentes de agua, contribuyen a la corriente de los ríos y arroyos del territorio nacional. El agua proveniente del deshielo ayuda a mitigar, de hecho, el impacto de las sequías, como sucede en las provincias semiáridas, donde los fenómenos de la sequía se vuelven cada vez más frecuentes y crecientes, como resultado del cambio climático, según se explica en la BBC.
Tras la reforma, los glaciares y los entornos periglaciales estarían protegidos por el inventario nacional, realizado por el Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente (Ianigla), hasta que las administraciones provinciales demuestren que glaciares y entornos no funcionan como reservas de agua estratégicas y fuentes vitales. Según informa la BBC, en la República Argentina hay 16.968 glaciares, que abastecen de agua a 36 cuencas hidrográficas en 12 provincias del territorio nacional.
La reforma de la Ley de Glaciares crea una nueva grieta en la sociedad argentina, que ya se divide en torno a este tema. Sin embargo, pese a la oposición de las organizaciones ambientales y las asociaciones civiles, la Ley de Glaciares fue modificada y sancionada por el Congreso de la Nación, donde los legisladores decidieron apostar por un modelo que combina desarrollo económico sustentable y protección ambiental, a fin de “empoderar” a las provincias, en palabras del Presidente Milei.
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