Mientras se espera por OSFA, la nueva obra social de las Fuerzas Armadas, la disolución de IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) acumula nuevos reclamos por servicios y prestaciones atrasadas. El anuncio de la disolución y liquidación de IOSFA, que se dispuso a través del Decreto 88/2026, encendió las alarmas en el sector de la salud y ya se exigen definiciones.
Según reportes recientes, la Comisión Directiva de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (CEPRIDIASA) expresó su preocupación por la falta de definiciones, tras la disolución de IOSFA, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por el Instituto, a lo largo de estos últimos años. Actualmente, la deuda acumulada del Instituto supera los $200.000 millones. En esta línea, mientras se espera por la oficialización de OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas), ya se acumulan nuevos reclamos por los servicios y las prestaciones atrasadas a los afiliados y los pagos a los prestadores de salud.
Si bien, tal como se informó, la normativa del Poder Ejecutivo establece un proceso de transición institucional, la preocupación por la falta de definiciones concretas ya es una realidad. El proceso de transición, que prevé el gobierno, está orientado a asegurar la separación ordenada y clara de los activos, el personal y las prestaciones entre los dos nuevos organismos (OSFA y OSFFESEG), que asumirán las funciones que hasta el momento concentraba IOSFA para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad.
OSFA tendrá a su cargo la cobertura médico-asistencial del personal militar en actividad, retiro y pensionado y así también del grupo familiar primario y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Si bien el Decreto 88/2026 dispone que OSFA deberá garantizar prestaciones que no sean inferiores a las previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), a día de hoy, lo que preocupa son los servicios y las prestaciones atrasadas de IOSFA. Es que sin definiciones concretas sobre IOSFA resulta un tanto difícil ponerse a pensar hoy en el funcionamiento de una nueva obra social.
Sin embargo, desde el Gobierno Nacional ya aseguraron que el objetivo de esta medida es asegurar la continuidad de la cobertura para los afiliados, mientras se coordina el proceso de transición institucional y se ordena administrativamente el nuevo sistema que regirá. No obstante, ya son varios los sectores, que advierten que la transición institucional no puede torcer o desentenderse de las obligaciones financieras pendientes con los prestadores. Este reclamo es encabezado, principalmente, por la Comisión Directiva de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy.
La deuda acumulada de IOSFA y la falta de definiciones y precisiones sobre cómo y cuándo se regularizarán los pagos a los prestadores genera un nuevo escenario de incertidumbre en torno a la salud militar, que impacta, de manera directa, en el servicio de salud. En esta línea, por ejemplo, los centros de diálisis de Salta y Jujuy, que mantienen convenios con la obra social, atienden pacientes con insuficiencia renal crónica y abordan tratamientos que requieren no solo continuidad sino también financiamiento regular para garantizar el servicio.
El Presidente de CEPRIDIASA, el Doctor Mario Espeche, advirtió que la ausencia de respuestas concretas profundiza una situación calificada como inadmisible. El sector no puede sostener, de manera indefinida, un esquema de funcionamiento basado en atrasos sistemáticos y obligaciones financieras incumplidas a los prestadores. Desde la asociación, donde explican que la atención de pacientes en tratamiento dialítico no admite interrupciones ni demoras, exigen responsabilidad institucional y demandan definiciones y acciones concretas, tras la disolución y liquidación de IOSFA, que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos pendientes.
Los prestadores de salud, como los centros de diálisis, y así también los propios afiliados, anhelan que el proceso de transición institucional que dispone el decreto del Poder Ejecutivo sea cumplido y no implique más bien un vacío financiero y operativo, que pueda llegar a comprometer, aún más, la continuidad de las prestaciones y los servicios de salud. Cabe recordar, de hecho, que muchos de ellos ya han sido cancelados y recortados. Sin embargo, muchos afiliados continúan reclamando ante los atrasos sistemáticos y en algunos casos, las cancelaciones.
Mientras se espera la nueva obra social y se busca avanzar en esta transición, los prestadores y los afiliados esperan definiciones formales. Por un lado, sobre los mecanismos de cancelación de deuda y el cronograma de pagos, y por otro, sobre el atraso de los servicios y prestaciones de salud. La incertidumbre acecha, una vez más, a la salud militar y afecta tanto a las instituciones de salud involucradas como así también a las familias militares, que dependen de la regularidad de los servicios de salud, muchos de ellos ya en estado de atraso permanente, para garantizar su salud y su calidad de vida.
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