El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció en redes sociales un cambio de rumbo en la política migratoria argentina, con un mensaje claro y firme: quienes intenten ingresar o permanecer en el país de manera irregular serán identificados, expulsados y, una vez fuera, no podrán volver al territorio nacional. “El que las hace, las paga”, sostuvo el organismo en su cuenta oficial, en un discurso que remite a conceptos similares a los que tradicionalmente impulsan agencias como el Department of Homeland Security de los Estados Unidos, cuyo enfoque prioritario ha sido durante años la identificación, detención y deportación de migrantes en situación irregular como parte de su política de seguridad fronteriza.
El anuncio fue acompañado por un video institucional que aclara la postura del Gobierno sobre el tema, reforzando la idea de que el control migratorio se convierte en un eje de la seguridad nacional, con promesas de acción firme contra el ingreso o permanencia ilegal de ciudadanos extranjeros.
Inspiración en el modelo estadounidense de control fronterizo
El discurso oficial argentino parece alinearse con una lógica de tolerancia cero promovida por Estados Unidos desde la creación de su Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security), que combina control fronterizo estricto, coordinación interagencial y la posibilidad de expulsiones rápidas frente a irregularidades.
En Washington, ese enfoque ha sido históricamente defendido como una herramienta para proteger la seguridad interna, reducir actividades ilícitas transnacionales y asegurar que los sistemas migratorios funcionen dentro de marcos legales claramente definidos. Aunque el contexto argentino es distinto —sin una frontera terrestre con países de alta presión migratoria comparable a la mexicana — el tono y el enfoque del anuncio muestran una transposición conceptual de ese marco hacia la política local.
Aunque el comunicado oficial es tajante en la retórica, aún hay preguntas operativas sin responder: cómo se implementarán los nuevos protocolos en puntos de ingreso formales e informales, qué mecanismos de detención o retención se activarán, cómo se coordinará con fuerzas federales y locales, y qué salvaguardas procesales se garantizarán para evitar vulneraciones de derechos.
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