El proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil ya ingresó al Congreso Nacional para su tratamiento en período de extraordinarias. Este lunes, el proyecto del Gobierno Nacional para reformar el sistema penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad habría ingresado al Congreso de la Nación para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias, que rige hasta el 27 de febrero.
El proyecto del oficialismo busca establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil, aplicable a partir de los 13 años hasta los 18 años de edad para los jóvenes imputados de haber cometido algún hecho tipificado como delito dentro del Código Penal Argentino o en las leyes penales especiales vigentes en la actualidad o el futuro. El texto oficial, presentado al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), Martín Menem, el día de hoy, resalta que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina”. Desde el Ejecutivo, consideran que su abordaje requiere de una solución integral, que contemple no solo la cuestión punitiva sino también la integración social del sujeto y su resocialización una vez cumplida la condena correspondiente.
Cabe señalar que, en el año 2024, el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto para reformar el sistema penal juvenil vigente. Sin embargo, pese a que el proyecto había obtenido dictamen de comisión, el mismo no había llegado a ser tratado en el recinto y con el recambio legislativo, perdió estado parlamentario, debiendo iniciarse un nuevo trámite. Tras un encuentro de la Mesa Política y en medio de la conmoción por el crimen del joven santafesino, Jeremías Monzón, que recibió más de 20 puñaladas, el gobierno decidió incorporar el tratamiento de este proyecto al temario de las extraordinarias.
El temario oficial ya había sido formalizado por el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 24/2026. Sin embargo, por decisión de la Mesa Política, el gobierno también incluiría el tratamiento de la reforma de la Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad vigente de 16 años. De esta manera, en línea con el proyecto enviado en 2024, el Gobierno Nacional busca una solución normativa y jurídica al problema de la delincuencia juvenil, frente a las demandas sociales y ciudadanas vigentes.
La edad de imputabilidad
El proyecto resalta que la legislación actual presenta una serie de problemas e inconvenientes estructurales, siendo el primero de ellos la edad de imputabilidad. A día de hoy, los delitos cometidos por los jóvenes menores de 16 años quedan impunes en la República Argentina. “Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general” se señala. El texto oficial recalca la necesidad de que el sistema legal argentino asegure que aquellos que cometen actos tipificados como delitos sean responsables por sus acciones.
Actualmente, en la Argentina la edad de imputabilidad comienza a regir, a partir de los 16 años, siendo esta la edad mínima de responsabilidad penal. A nivel regional, la Argentina es junto a Cuba, el único país de la región con esta edad de imputabilidad. El resto de los países latinoamericanos han modificado y adaptado sus legislaciones, a lo largo de las últimas décadas, frente a los desafíos y los cambios en las formas y los modos de operar de la delincuencia juvenil. Algunos ejemplos de ello son Chile, Perú y Colombia, quienes han fijado la edad de imputabilidad en 14 años; Nicaragua, Guatemala y Uruguay lo han hecho en 13 años; mientras que Brasil y México han fijado la edad mínima en 12 años, y Granada y Trinidad y Tobago en 7 años.
El Poder Ejecutivo sostiene, por ende, la necesidad de “revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y con los estándares internacionales en la materia, y garantizar así una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil”. La mayoría de los países de la región han establecido edades de imputabilidad mucho más bajas, a la que rige actualmente en el país, sugiriendo una desactualización del ordenamiento jurídico argentino en la materia.
A su vez, el proyecto reconoce que la actual legislación no se encuentra alineada a la Convención sobre los Derechos del Niños, que cuenta con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Para el Poder Ejecutivo, la legislación vigente, que tampoco se alinea a la jurisprudencia predominante en la materia, plantea un desafío estructural para “alcanzar el objetivo de garantizar los derechos y asegurar la protección debida a los adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Por su parte, el proyecto presentado por el oficialismo busca mejorar el sistema judicial de responsabilidad penal juvenil, en concordancia con los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes involucrados en el sistema penal juvenil y los principios del debido proceso. En esta línea, cabe señalar que los adolescentes poseen los mismos derechos que los adultos. Sin embargo, estos cuentan, además, con derechos especiales que derivan de su propia condición. Lo que supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la justicia, con medidas específicas para el resguardo de sus derechos fundamentales.
Los detalles del proyecto
El Poder Ejecutivo resalta la necesidad imperante de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado Nacional para reducir la incidencia juvenil en la criminalidad argentina. Desde la perspectiva del gobierno, la persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad y el orden público. De hecho, en la Argentina, la tasa de delitos cometidos por adolescentes aumenta año tras año. Por ejemplo, en 2025, se registraron 945 casos de intervenciones judiciales en adolescentes, lo que representa un aumento aproximado del 4,2% respecto al 2024.
En este escenario descrito por el Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma, que ya fue presentado y ahora también ingresó en el Congreso Nacional, el gobierno busca reducir la edad de imputabilidad a los 13 años. Por lo que, todo adolescente desde los 13 años de edad hasta los 18 años será punible y quedará comprendido dentro del Régimen Penal Juvenil, en caso de que la reforma del oficialismo sea aprobada y sancionada por el Poder Legislativo. A su vez, se busca modificar y ajustar los principios rectores, derechos y garantías del Régimen Penal Juvenil vigente; reforzar los derechos de las víctimas; ajustar las penas y las medidas complementarias; y readecuar las causales de extinción de la acción penal y de la pena.
El proyecto contempla también el establecimiento de mecanismos de supervisión de los órganos competentes del Estado; la creación de institutos especializados de detención y la implementación de medidas de salud; y la determinación de las disposiciones presupuestarias pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto por el proyecto de ley.
Para el gobierno de Javier Milei, la reforma legislativa del Régimen Penal Juvenil resulta necesaria “para hacer frente a la realidad social en la que vivimos”. La finalidad de la reforma no es sólo dotar de mayores herramientas al Estado Nacional sino más bien fomentar en el adolescente y joven imputado el sentido de responsabilidad legal por sus actos, promoviendo la integración social, la educación y la resocialización. Si bien el proyecto ingresó al Congreso Nacional este lunes, aún se desconoce cuando podría estar siendo tratado en el recinto parlamentario, en el marco del período de sesiones extraordinarias, donde el Congreso proyecta el tratamiento de cuatro proyectos más, entre los que se incluyen la reforma laboral, el acuerdo Mercosur–UE y la reforma de la Ley de Glaciares.
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