En el marco del Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso de la Nación en período de sesiones extraordinarias, la Inteligencia ocupa un lugar central. Junto a Seguridad Interior, Inteligencia se presenta como una de las jurisdicciones ganadoras de la distribución presupuestaria para este 2026. Sin embargo, cabe recordar que, la información presupuestaria para este área de alta sensibilidad suele ser un tanto limitada.
El Presupuesto Nacional 2026 fue aprobado por el Congreso de la Nación el 26 de diciembre de 2025, tras intensos debates y cruces por parte de los legisladores, siendo promulgado mediante el Decreto 932/2025, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. Es la primera vez, desde su asunción al poder, que el gobierno de Javier Milei cuenta con una Ley de Presupuesto – Ley Nº27.798. En su tercer año de gestión, el gobierno dispone de su primera Ley de Leyes, de cara al 2026.
En este escenario, la Inteligencia Nacional ocupa un lugar central y en este sentido, también la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Según fuentes consultadas por El Estratégico, tras su relanzamiento en 2024, el organismo habría recibido significativas ampliaciones presupuestarias durante 2025, que elevaron su presupuesto vigente por encima de los $107.000 millones hacia el inicio de este nuevo año. De hecho, de acuerdo a fuentes cercanas a El Estratégico, existiría información presupuestaria para actividades de inteligencia del Estado. Precisamente, se identifica imputación presupuestaria para el 2026 para actividades clasificadas como “Información e Inteligencia”, bajo la órbita de Presidencia de la Nación, con el código 302 – Secretaría de Inteligencia de Estado. Lo que corresponde, funcionalmente, a la SIDE.
La Secretaría de Inteligencia de Estado emerge como uno de los principales ganadores y beneficiarios del Presupuesto 2026, con significativos aumentos que, de acuerdo a fuentes consultadas por El Estratégico, contrastan marcadamente con los recortes en otras jurisdicciones y áreas de la Administración Pública Nacional (APN). De este modo, junto a la Seguridad –tal como informó este medio el año pasado al analizar la asignación presupuestaria adjudicada para la Jurisdicción 41 y las Fuerzas Federales de Seguridad–, la Inteligencia es de las principales ganadoras.
A raíz del DNU 941/2025 del Poder Ejecutivo, las jurisdicciones con asignaciones para Gastos de Inteligencia —incluyendo gastos reservados— deberán contar con la conformidad previa de la Secretaría de Inteligencia de Estado, antes de pedir modificaciones de créditos o solicitar programación y reprogramación de ejecución presupuestaria. De esta manera, la SIDE realiza un seguimiento periódico de las partidas presupuestarias destinadas a los Gastos de Inteligencia de otras jurisdicciones.
Esto es criticado por algunos sectores de la oposición, en tanto la intervención de la SIDE limita la autonomía de las otras áreas y jurisdicciones de la Administración Pública con Gastos de Inteligencia. Esta regla de control interno combina disciplina presupuestaria con control funcional, en tanto obliga a que el circuito de fondos sensibles obtenga el visto bueno de la máxima autoridad del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), es decir, de la SIDE, reduciendo el margen de maniobra de las áreas que administran partidas de inteligencia.
Proyección para 2026 e incrementos presupuestarios
El 2026 proyecta significativos incrementos presupuestarios para la Inteligencia Nacional, mientras otras áreas de la Administración Pública Nacional sufren recortes. De este modo, se mantiene una tendencia de significativa asignación presupuestaria para la Inteligencia Nacional. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 186/2025, el gobierno, por ejemplo, dispuso un aumento de $7.366 millones para la Secretaría de Inteligencia de Estado, en 2025, distribuido de la siguiente manera:
- Gastos reservados: $1.625 millones (sin rendición de cuentas).
- Personal: $885 millones adicionales.
- Equipamiento tecnológico: $1.022 millones.
Para 2026, se proyectan gastos en personal por $56.187 millones ($55.832,85 millones para personal permanente y $354,15 millones de asistencia social al personal) y en bienes de consumo por $2.637,18 millones, en montos estimados para una serie de bienes proyectados, entre los que se encuentran productos alimenticios, textiles y vestuario, metálicos y no metálicos y otros.
A su vez, en servicios no personales se proyectan alrededor de $28.523,33 millones, entre los que se destacan servicios básicos ($835,16 M), servicios técnicos y profesionales ($68,94 M), servicios comerciales y financieros ($1.256,33 M), pasajes y viáticos ($188,15 M) y otros servicios ($19.096,90 M), que resulta ser la partida más elevada del programa 302.
Por último, se proyectan gastos por bienes de uso: maquinaria y equipo por $8.385,76 millones, libros y revistas por $0,28 millones y activos intangibles por $1.333,24 millones. Fuentes consultadas por El Estratégico, aseguran que el aumento del 20,1% en el presupuesto de Inteligencia refleja una reorientación de prioridades hacia el control y la seguridad interna, mientras en paralelo se recortan fondos para ciencia y educación.
Una vez más, la SIDE en el centro del debate
En este escenario que se proyecta para el 2026, con un aumento del 20,1% en el presupuesto de Inteligencia, la SIDE se encuentra en el centro del debate público, a raíz del anteriormente mencionado DNU 941/2025, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520 e introdujo cambios sustanciales en el Sistema de Inteligencia Nacional. Tras su publicación, el Gobierno Nacional recibió múltiples críticas y cuestionamientos por las modificaciones instauradas en el Sistema de Inteligencia Nacional, las cuales fueron oficializadas sin debate parlamentario.
De hecho, distintos sectores de la oposición y las esferas políticas, ya han planteado ciertas dudas y cuestionamientos frente al DNU 941/2025 y ya han advertido su intención de solicitar un pedido de informes a la Casa Rosada. A su vez, días atrás, un grupo de diputados y senadores envió una nota a Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados) y Victoria Villarruel (Presidenta del Senado de la Nación) para exigir la conformación inmediata de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520) y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122), que resultan claves en este proceso que busca impulsar la oposición.
En esta línea, el día viernes, el Poder Ejecutivo enviaría el mencionado decreto al Congreso Nacional para su tratamiento legislativo. Según afirman diversos medios, estaría buscando blindar el DNU 941/2025, que formaliza cambios estructurales de segunda generación en el SIN y consolida a la SIDE como el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional. Sin embargo, según informó “Infobae”, la estrategia del oficialismo sería no conformar las comisiones bicamerales durante el receso legislativo, en pos de que el debate oficial tenga lugar, recién en marzo, en período de sesiones ordinarias. En tal caso, la oposición no tendría más alternativa que esperar al vencimiento de los plazos mínimos estipulados por la ley vigente que regula los DNU.
En este escenario, la Inteligencia proyecta un 2026 con una asignación presupuestaria positiva, con incrementos significativos, posicionándose como una de las jurisdicciones más beneficiadas en la asignación presupuestaria para este año. De este modo, Inteligencia y Seguridad se posicionan como las principales ganadoras del Presupuesto 2026, en el marco de un escenario donde la SIDE es, una vez más, protagonista, a raíz de la reforma integral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que ya es cuestionada por los bloques de la oposición.
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