El presidente Javier Milei firmó el Decreto 23/2026 que aprueba el modelo de contrato de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta USD 400 millones destinado al “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”. La norma fija como objetivo general fortalecer la sostenibilidad del sector a través de una mejor focalización de los subsidios para hogares vulnerables y la promoción del uso eficiente de la energía, dos ejes que hoy condensan el costo político de la política tarifaria y el costo fiscal de sostener esquemas generalizados.
Más que un crédito para una obra puntual, el diseño del programa muestra una lógica de “enfoque sectorial amplio” —un formato frecuente en financiamiento de desarrollo para respaldar un programa integral del sector, con coordinación institucional y marco de políticas—. En la práctica, la Casa Rosada busca atar el financiamiento a la implementación de su hoja de ruta: ordenar subsidios, ajustar reglas y sostener la gobernabilidad del cambio en un rubro que impacta directo en inflación, ingresos y conflictividad social.
El decreto publicado este lunes detalla que el programa se organiza en cuatro componentes: fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía; mejoras en la focalización de los subsidios energéticos; promoción del uso y consumo eficientes; y un capítulo de “otros gastos”. La ejecución y el uso de los recursos quedarán bajo el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético (Secretaría de Energía) como área sustantiva, y de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Secretaría Legal y Administrativa) como responsable de la gestión fiduciaria. En otras palabras: Caputo centraliza la política y también el control administrativo del programa, con Energía como brazo técnico y Legal y Administrativa como soporte de cumplimiento.
En el plano procedimental, la norma también deja trazado el “camino” interno que habilita este tipo de endeudamiento con organismos internacionales: el Banco Central debe opinar sobre el impacto en balanza de pagos y la Oficina Nacional de Crédito Público evaluar condiciones. El texto incorpora ambos respaldos: el BCRA sostuvo que la dimensión de la operación implica un impacto macroeconómico limitado sobre los flujos de la balanza de pagos, mientras que Crédito Público informó que el costo financiero sería inferior al que la Argentina podría conseguir en el mercado. En la lectura política, son dos señales buscadas: hacia adentro, sostener que el préstamo no desordena el frente externo; hacia afuera, mostrar racionalidad financiera en un capítulo sensible para el vínculo con inversores.
Un crédito que se apoya en la arquitectura del nuevo esquema de subsidios
El movimiento encaja con una pieza ya oficializada a comienzos de mes: el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto 943/2025 y publicado el 2 de enero, que redefine consumos base, bonificaciones y criterios de inclusión, y avanza hacia la sustitución del esquema anterior. Allí se fija, por ejemplo, una bonificación general del 50% sobre consumos base para electricidad, con bloques de 300 kWh en meses de mayor demanda y 150 kWh en meses templados, y se prevé la posibilidad de consumos diferenciales para provincias más cálidas, un guiño explícito a la dimensión federal del tema. También se habilita una bonificación extraordinaria adicional de hasta 25% durante 2026 para garantizar gradualidad.
El punto político es que la focalización no es un trámite administrativo: requiere capacidad estatal para depurar padrones, cruzar bases y sostener mecanismos de compensación a distribuidoras y prestadoras. El decreto del SEF incluso faculta a la Secretaría de Energía a definir acuerdos para compensar menores ingresos por bonificaciones y a transformar el registro de subsidios (del RASE hacia un nuevo esquema), decisiones que suelen tensionar con prestadoras, entes reguladores y gobiernos provinciales según el peso local de cooperativas, climas y matrices de consumo.
Con ese telón de fondo, el préstamo de la CAF aparece como “combustible financiero” para un programa que necesita sostenerse en el tiempo: la transición tarifaria tiene ganadores y perdedores visibles, y el Gobierno apuesta a amortiguar el impacto sobre hogares vulnerables sin resignar la meta fiscal que implica recortar subsidios generalizados. En paralelo, parte del ecosistema mediático leyó el ingreso de divisas como un refuerzo a reservas y un alivio financiero de corto plazo, una interpretación que el Ejecutivo suele dejar correr cuando busca estabilizar expectativas sin reabrir la discusión de fondo sobre el costo social de la recomposición tarifaria.
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