El Observatorio de Tierras elaboró un mapa que alerta sobre la extranjerización de tierras en la República Argentina. La obra, elaborada por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), advierte sobre la cantidad de tierras que ya se encuentran en manos privadas en el territorio nacional. Sin embargo, ¿es posible hablar de una extranjerización de tierras en el país?.
De acuerdo a un reciente estudio del Observatorio de Tierras –una red de conocimiento creada para analizar el seguimiento y la evolución de la política de restitución de tierras en la Argentina–, a nivel nacional, alrededor del 5% del territorio se encuentra en manos extranjeras y foráneas. En superficie, esta cifra supera las trece millones de hectáreas, el equivalente a la extensión de Inglaterra. Sin embargo, según los investigadores, el dato más alarmante e impactante resulta cuando la información se cruza con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero, donde se vislumbra “la verdadera dimensión del fenómeno”.
La Ley de Tierras
Desde el año 2011, en la República Argentina rige la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales o también conocida como Ley de Tierras (N°26.737), a través de la que cual se fija un límite para la extranjerización de tierras. Este límite es del 15% de la superficie a nivel provincial y departamental. Con esta legislación no solo se fija un límite normativo a la extranjerización de tierras sino que también se fortalecen los mecanismos de control, en pos de evitar triangulaciones privadas sin supervisión estatal.
La sanción de la Ley de Tierras se produjo como resultado de un intenso proceso de extranjerización de tierras que tiene lugar en el país desde hace décadas, siendo su auge en los ‘90, bajo el gobierno de Carlos Menem (1989–1999). En ese entonces, la Secretaría de Seguridad Interior (SSI) autorizó la venta de más de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza. Estas áreas que habían sido históricamente protegidas por el Decreto 15.385/1944, que determinaba su venta exclusiva a ciudadanos argentinos, fueron puestas en venta, vulnerando el ordenamiento jurídico interno, mediante procesos de venta irregulares y triangulaciones. Uno de los casos más emblemáticos y conocidos es el de Lago Escondido (Río Negro), adquido por el magnate británico Joe Lewis.
Durante la administración de Mauricio Macri (2015–2019), el Decreto 820/2016 modificó el alcance y la aplicación de la Ley de Tierras. En la práctica, estos cambios facilitaron operaciones de compraventa, que hasta el momento estaban sujetas a control por la ley, modificando la forma de medir la extranjerización para los casos de sociedades, sucesiones y condominios. En 2023, con la llegada de Javier Milei al poder, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el gobierno derogaría la Ley de Tierras. Sin embargo, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaría un amparo, que logró frenar –de manera provisoria–, la derogación de esta ley.
Con el recambio legislativo que tuvo lugar el año pasado como resultado de las elecciones de medio término, la intención del gobierno de Javier Milei es presentar un proyecto de ley para derogar definitivamente la Ley de Tierras, sancionada en el año 2011. De hecho, el tema se había incluido en el temario del Consejo de Mayo para su tratamiento legislativo. De acuerdo a los investigadores, “[…] en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes […] no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”.
¿Qué muestra el mapa de extranjerización?
El mapa de extranjerización de tierras, que elaboró el Observatorio de Tierras a partir de pedidos de acceso a la información pública, muestra la foto actual del avance extranjero en el territorio nacional, con alrededor del 5% del territorio nacional en manos foráneas –identificadas en su mayoría, de origen estadounidense–, lo que supera las trece millones de hectáreas. Los puntos rojos en el mapa reflejan aquellos escenarios, donde hay más tierras extranjerizadas de las que permite la ley, que resultan ser territorios con bienes escasos, como agua, minerales y tierras raras.
A partir del análisis del mapa, es posible reconocer que existen 36 departamentos que exceden el límite fijado por la Ley de Tierras para la extranjerización, con cuatro casos que superan amplia y marginalmente el límite del 15%. En Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos (Salta) y San Carlos (Salta), la extranjerización de tierras ya supera el 50%. El estudio resalta que, en todas estas tierras, casualmente, se concentran bienes estratégicos de alto valor geopolítico: agua dulce y/o minerales.
Así también, se reconocen otros casos que superan el límite establecido del 15% por la normativa vigente, aunque en menor medida. Estos son: Iguazú (Misiones), Berón de Estrada (Corrientes), Ituzaingó (Corrientes) y Campana (Buenos Aires). En estas localidades del Río Paraná –principal vía fluvial navegable del país–, a día de hoy, la extranjerización supera el 30%. En esta línea, el Observatorio de Tierras identifica un patrón llamativo: la situación es más crítica en las zonas fronterizas y en los territorios con recursos o ventajas estratégicas. De este modo, se reconoce una mayor extranjerización de tierras en las zonas con recursos estratégicos –hídricos, acuíferos y mineros– o con ventajas logísticas –como puertos– y en las zonas de frontera. De hecho, este punto se puede consultar y ver en el mapa georeferenciado realizado por los investigadores del Observatorio de Tierras.
El mapa alerta sobre la situación de la extranjerización de tierras en la República Argentina, en medio de un escenario local en el que el Gobierno Nacional apunta a la derogación definitiva de la Ley de Tierras, sancionada para limitar este proceso y evitar triangulaciones sin supervisión estatal. La derogación a la que apuesta La Libertad Avanza habilitaría la venta de tierras en zonas con un alto valor estratégico. El estudio destaca “lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas”.
En un escenario internacional, marcado por tensiones y disputas geopolíticas en torno a los recursos estratégicos –como el agua dulce, los minerales críticos y el desarrollo energético–, la compra de tierras con valor natural estratégico se convierte en un mecanismo de poder y control clave, de cara al futuro. La extranjerización de tierras avanza en la República Argentina, donde, a día de hoy, alrededor del 5% del territorio nacional ya se encuentra en manos extranjeras, lo que representa, nada más ni nada menos, que trece millones de hectáreas. Una posible derogación definitiva de la Ley de Tierras podría incentivar y fomentar, aún más, este proceso que alerta y advierte el Observatorio de Tierras.
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