El Gobierno nacional aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto presentado por Minas Argentinas S.A. para reactivar la mina Gualcamayo y desarrollar una nueva etapa de explotación de oro en la provincia de San Juan. La decisión, difundida por el Ministerio de Economía como el décimo proyecto aprobado bajo el régimen, contempla una inversión anunciada de US$ 665 millones y una proyección de 4.500 empleos directos e indirectos, en un movimiento que busca consolidar un flujo de capitales de gran escala hacia sectores exportadores.
La aprobación quedó formalizada a través de la Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que valida la adhesión del Proyecto “Carbonatos Profundos (DCP)” —vehiculizado mediante una “sucursal dedicada” creada para el RIGI— y encuadra la iniciativa dentro del sector Minería. El texto oficial también fija hitos de cumplimiento: durante los dos primeros años desde la notificación, la empresa deberá acreditar inversiones computables que alcancen al menos el 40% del mínimo requerido, con un cronograma inicial de US$ 46,7 millones el primer año y US$ 43,9 millones el segundo, y una fecha límite para completar el monto mínimo de inversión establecida para el 31 de diciembre de 2028.
Gualcamayo es un caso testigo para la minería metalífera argentina: pasó de un escenario de agotamiento a un intento de extensión de vida útil apoyado en un nuevo recurso, con planes de incorporar infraestructura y tecnología para procesar mineralizaciones más complejas. En reportes previos sobre el proyecto, se detalló que la hoja de ruta contempla el desarrollo de una mina subterránea, una planta de oxidación a presión (POX) y un componente energético asociado, con el objetivo de elevar la producción y sostener exportaciones a partir del final de la década.
En términos estratégicos, el movimiento tiene tres lecturas relevantes. La primera es macroeconómica: el RIGI funciona como una herramienta para acelerar inversiones intensivas en capital con potencial de generación de divisas y encadenamientos industriales, en momentos en que la estabilidad financiera y la disponibilidad de dólares son variables críticas para la economía argentina. La segunda es productiva-federal: San Juan busca consolidarse como polo minero del país y concentró, en los últimos meses, una parte significativa de la conversación sobre proyectos habilitados o en evaluación bajo el régimen.
La tercera lectura es política: la aprobación de un décimo proyecto amplía el “track record” del régimen y opera como señal hacia inversores sobre la continuidad administrativa de las reglas, pero también eleva la exposición del Gobierno a los desafíos típicos de la minería metalífera: licencias sociales, estándares ambientales, infraestructura logística y coordinación con provincias y municipios. En ese equilibrio se juega una parte central de la promesa del RIGI: no solo atraer anuncios, sino transformar esas carpetas en obras, producción y exportaciones sostenidas.
Con la resolución ya vigente, el foco pasa a la ejecución: el cumplimiento de los hitos de inversión computable, la ingeniería de detalle y la secuencia de obras necesarias para que Gualcamayo transite del esquema de extensión hacia una nueva fase productiva. En paralelo, el desempeño del oro en el mercado internacional y el clima regulatorio interno seguirán marcando el pulso de un proyecto que, por escala y simbolismo, quedó instalado como una de las apuestas más visibles del RIGI en minería.
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